Este proceso confirma que en la actualidad ya son más de 1.400.000 los trabajadores mayores de 65 años que no tienen posibilidad de acceder a la jubilación y se estima que, en el 2.010, estarán en esa situación, el 40% de los mayores de 65 años.
“La caída de los aportes patronales significa que somos todos lo que tenemos que hacernos cargo de financiar el funcionamiento de la caja de jubilaciones. Permanentemente el Estado incurre en este tipo de injusticia: primero elimina una obligación de parte de las patronales y después hace recaer sobre el presupuesto, que lo costeamos entre todos, el modo de financiar la caja de jubilaciones. Esto significa que, dentro de diez años, más del 40% de las personas no tendrán jubilación. No quiere decir que van a quedar en la indigencia, quiere decir que el 40% de las personas tendrán que ser sostenidas por el conjunto de la población porque el Estado decidió que las grandes empresas dejaran de tributar. Esto es una injusticia aberrante, y este desastre lo tendremos que bancar entre todos, particularmente los más pobres”, aseguró José Rigane, secretario general de Luz y Fuerza, luego del encuentro informativo sobre la situación del sistema previsional realizado el miércoles pasado en el gremio.
{{{Los números}}}
De los 9.3 millones de afiliados al régimen de capitalización, sólo aportan 3.1 millones. Por su parte, el régimen de reparto cuenta con 2 millones de afiliados y 600 mil aportantes en el mes. Es decir, que sólo el 33% del total de los afiliados son los que siguen aportando y los que, en todo caso, podrán jubilarse por vía de este régimen. El resto de los afiliados han dejado de aportar como consecuencia de las condiciones que tiene el mercado laboral argentino: alto desempleo, elevado nivel de clandestinidad y bajo nivel de ingresos de la población. En proyección, el 70% de los afiliados a las administradoras no van a tener ingresos por encima de la línea de pobreza.
Todos los trabajadores que han contribuido obligatoriamente, desde julio de 1994 o después de esa fecha, a una AFJP tienen en su cuenta individual menos dinero que el que aportaron. Esto es consecuencia de la incidencia de las comisiones que perciben las administradoras, que oscilan entre un 3% a un 3,9% de sus salarios, lo que equivale a más de un 30% de comisión sobre el aporte. Es así que la rentabilidad de las AFJP supera las aspiraciones de cualquier empresario de riesgo y se ha transformado en un negocio que pretende tener cautivos a todos los trabajadores argentinos.
“Por todo esto, está claro que el sistema de capitalización individual, no es seguridad social, y su sostenimiento sólo se puede entender como la continuidad del negocio empresarial sin riesgo obteniendo la rentabilidad fácil del sistema financiero, o del interés político evidenciado por las declaraciones del ministro de Economía Roberto Lavagna de utilizar los fondos de los trabajadores para el cierre de las cuentas fiscales”, declaran en un documento, integrantes de la CGT, organizaciones sociales y legisladores nacionales.
Los números son concluyentes, las transformaciones que sufrió el sistema, violentaron los derechos laborales y sociales de los trabajadores. Desde 1994, con el nuevo sistema provisional, el Estado dejó de recaudar 75.353 millones de pesos o dólares a los valores del 2001. Los jubilados tuvieron sus haberes congelados por más de 10 años. Los trabajadores que han contribuido obligatoriamente a una AFJP, tienen en su cuenta individual menos dinero que el que aportaron como consecuencia de las comisiones que perciben las administradoras. Pero no todo son dolores de cabeza. Las entidades financieras que controlan las AFJP percibieron, en concepto de comisiones 6.262 millones de dólares o pesos de los cuales más del 80 por ciento es ganancia empresaria.
“Acá se avasalló el derecho a la jubilación, el derecho a una pensión, que está consagrado en nuestra Constitución ”, aseguró José Rigane y subrayó, “es por eso que una propuesta a esta situación no puede resolverse en la estrategia de perpetuar el régimen de fondos de pensión”.
“El paso de los años ha demostrado que nuestras críticas a la Ley de AFJP fueron precisas”, señaló Ana María Coppolillo, Secretaria de Previsión Social de nuestro Sindicato y agregó “las expectativas de capitalización no se cumplieron y los organismos internacionales cuestionan el actual modelo”.
“Es importante saber que las tasas de rentabilidad de los trabajadores no son mayores en un sistema de capitalización que en el de reparto. Las cuentas individuales no aumentan el ahorro nacional y no son un paliativo contra la evasión, pero además”, ratifica Coppoli-llo, “cuatro AFJP concentran el 73 por ciento de los fondos e invierten en títulos públicos, acciones y plazos fijos, el 90 por ciento de sus ingresos, con lo cual no crean un mercado de capitales que favorezca la producción, sino que se convierten en los principales acreedores del Estado con dinero de los trabajadores, y previa deducción de altísimas comisiones”.
Hay otro punto a tener en cuenta. Se señala que los sistemas de reparto tienen un costo que oscila entre un 5 por ciento y un 10 por ciento. Por ejemplo, en el caso de Alemania, llega a un 7 por ciento. En Chile, el sistema privado de las AFJP tienen un costo promedio de un 24,5 por ciento de los aportes. En nuestro país las comisiones rondan el 30 por ciento de los ingresos. Como para figurar en el record de Guinness.
“Ante este contexto hay que terminar con el negocio y la especulación financiera que implican las AFJP, habilitando la libre opción que permita el regreso al sistema de reparto a los millones de trabajadores cautivos en las AFJP”, subrayó Rigane “y este paso debe ser discutido con el conjunto de la sociedad”.
