Cuando EDEA SA se hizo cargo de la distribución eléctrica en Mar del Plata y la zona atlántica, allá por julio de 1997, se comprometió con el Estado Provincial a tener una planta permanente de 683 trabajadores. EDEA SA eligió libremente a ese personal, en base al que se fijó el importe de una tarifa de electricidad que, por supuesto, incluía el costo laboral.
Pese a esta obligación, desde el inicio EDEA SA nunca cumplió con esta obligación y disminuyó ostensiblemente este plantel mínimo de personal, ya sea ante bajas vegetativas o incluso al implementar una política de despidos. Y en su reemplazo recurrió a la contratación y hasta la subcontratación con empresas de terceros o cooperativas de trabajo.
Estos últimos trabajadores, pese a realizar una labor específica y propia de la industria eléctrica, no reúnen los requisitos que la Ley Laboral y el convenio colectivo de trabajo exigen. Así, estas personas, en el mejor de los casos figuran bajo el régimen de empleados de comercio u obreros de la construcción. Con el agravante de que esas empresas de terceros no cumplen muchas veces con exigencias mínimas como la provisión a sus dependientes de ropa de trabajo, elementos de seguridad, vehículos individualizados; y de esta forma realizan su labor ante el riesgo de accidentes evitables o agresiones de parte de usuarios que ven afectado su servicio ante un posible corte de suministro, por personas supuestamente extrañas a la distribuidora eléctrica.
Esto último incluso ocurre por cuanto estas pseudo empresas contratistas implementan como modo de retribución a sus empleados, el pago a destajo, lo que obliga a cada trabajador a realizar una jornada labora, sin límites precisos de horarios, y una mayor cantidad de maniobras para lograr un sustento mínimo diario. Y esta sobre exigencia deviene a su vez en la disminución de la calidad del trabajo y obviamente en afectar la seguridad den la prestación del servicio público de electricidad, cuestión de la que día a día pueden dar fe los usuarios de EDEA SA.
En definitiva, nuestra organización no limita su incumbencia a la defensa de sus representados sino que, como es obligación de todas las entidades reconocidas por ley, sigue propugnando porque llegue a todos los vecinos un derecho esencial como es la electricidad.
Trabajaremos para que, por un lado, EDEA SA cumpla con sus obligaciones legales de mantener una planta de 683 trabajadores y por el cual cada usuario abona este costo en su tarifa. Y, además, para que ni los trabajadores de las contratistas, ni los usuarios, asuman riesgos por los cuales es EDEA SA total responsable, en su afán de conseguir cada vez más abaratamiento y mayores ganancias, en un sentido contrario con la dignidad del hombre.
