Dada la importancia que tiene en la vida de todos y cada uno de los habitantes y que el desarrollo del país depende de la resolución que se obtenga de la renta energética, es que venimos planteando, desde antes de que se impusiera el proceso privatizador, que en el debate de las políticas a implementar en el ámbito de la energía deben intervenir todos los sectores de la sociedad, todo el pueblo.
Ningún gobierno puede planificar una economía para el pueblo si no tiene la energía en sus manos.
La dirigencia política nacional en su gran mayoría y el sindicalismo empresarial, facilitaron en nuestro país la venta, el remate, la entrega a manos de las multinacionales, de los recursos económicos, en especial los energéticos, del Estado Nacional.
En 1992, el 32 % de las 500 empresas más grandes que actuaban en el país eran extranjeras. Hoy, el 73 % de esas empresas tiene su casa matriz fuera del país, en particular el sector energético y el resto están asociadas a las extranjeras.
El Mercado, aunque lo presenten como anónimo, tiene nombres propios y ganadores netos en esta puja que dejó a más de 20 millones de argentinos debajo de la línea de pobreza, de los cuales 9 millones son indigentes.
El modelo neoliberal, imple-mentado en los 90 en la Argentina, basado en la desregula-ción, dejó todo en manos del dios mercado (empresas multinacionales, transnacionales) convirtió a los usuarios en “clientes”, a los trabajadores en “desocupados”( parias en su propio país) y a la energía en una “mercancía”. Un negocio que contradice y tergiversa los verdaderos valores de la energía como bien social y derecho humano universal.
Esta política tiene agravantes. Las empresas no han invertido en los sistemas energéticos nacionales, condición imprescindible para dar continuidad y seguridad a los mismos; (la posibilidad del colapso energético en nuestro país se debe, en parte, a esta razón).
Las ganancias multimillona-rias obtenidas (extracción de la riqueza argentina) se han remitido a sus casas matrices. Las petroleras, por ejemplo, dispusieron discrecionalmente hasta el 70 % de las divisas de sus exportaciones.
Extraen el petróleo crudo y el gas a simple declaración jurada de las propias empresas, sin medición ni control alguno por parte del Estado Nacional.
Establecieron por más de una década las tarifas (en algunos casos las más altas del país y del MERCOSUR) a valor dólar e indexadas por índices que nada tenían que ver con la economía nacional, así como los precios de los combustibles que han estado en correspondencia con los valores internacionales, sin tener en cuenta los costos y valores internos.
Un país que se autoabastece de energía debe pagar los precios más caros de Latinoaméri-ca, gracias a que privatizó casi el 100 por 100 de su energía.
Argentina, país exportador de Energía, no se capitaliza ni cuando las variables les son favorables, la autonomía legada a las empresas les permite adoptar las decisiones que crean más conveniente para su rentabilidad a expensas del devenir económico nacional.
{{{El camino a seguir es el de la recuperación de la Energía.}}}
Para los trabajadores que nos agrupamos en un modelo sindical que unió a todos aquéllos que rechazamos el proceso privatizador, es necesario que, en el marco de la articulación social y política más amplia, recuperemos el poder que da el manejo de los recursos económicos, alimentos y energía, que nos permitan salir de la crisis.
Como dice el Movimiento por la Recuperación de la Energía: «no se concibe alcanzar un nivel sanitario y alimentario acorde con los índices de la Organización Mundial de la Salud sin un uso racional de los recursos energéticos, es decir que estén a disposición de toda la población para satisfacer las necesidades de agua potable, de cloacas, de calor, de higiene, de cocción de los alimentos y de combustibles. Tampoco es imaginable un país con presencia industrial sin contar con abundante provisión de energía a bajos precios.» (Declaración MO.R.E.N.O. 10/12/2002).
Ningún candidato, luego gobernante, podría avanzar en la redistribución de la riqueza sin recuperar los recursos económicos que provee la energía. Es sólo a través de la participación de los sectores sociales, no sólo a la hora del voto sino a través del protagonismo diario, que se puede garantizar el acceso a la energía para todos.
Para lograrlo hay que avanzar diariamente en políticas que profundicen la etapa de la postprivatización; para ello hay que desprivatizar la economía, la política, la sociedad en su conjunto, saliendo del cerrojo que imponen -entre otros- el FMI y el Banco Mundial.
En este momento es imprescindible que las empresas transnacionales, las privadas, asuman las pérdidas en la emergencia, dado que han funcionado con ganancias extraordinarias y obscenas.
Es necesario formular, crear, desarrollar, un nuevo modelo de país.
Este proyecto-realidad debe tender a conformar una nueva estructura social. Hay que articular todo el poder del que es capaz el pueblo para instalarlo en el escenario nacional, regional, provincial.
Si se profundizan las reformas en ENARSA, la Empresa Nacional de Energía es la oportunidad para que la Nación comience a transitar el camino para rever las privatizaciones. Para eso debe pensarse en una política energética para toda la sociedad, y tiene que establecerse las tarifas en función de los costos reales (locales) y no de las ganancias y de la rentabilidad empresarias. Decimos también, que no habrá retenciones suficientes mientras se venda nuestro petróleo al mercado interno a precio internacional, como si fuera importado.
Con una Empresa Nacional de Energía lograríamos una baja sustancial de las tarifas de electricidad, precio de naftas y otros combustibles, que ayudaría a abaratar el transporte y los precios finales de otros productos.
Estamos discutiendo una política, no sólo la estructura jurídica de un instrumento como es ENARSA. Estamos planteando una reparación histórica para el pueblo argentino que, nominalmente, es titular de los recursos pero no de la renta que genera su explotación.
Creemos en una política distinta y superadora del neoliberalismo. Por eso, afirmamos que ENARSA no puede ser conducida por aquéllos que hayan participado en los procesos de privatización de las empresas energéticas nacionales o provinciales.
Las modificaciones al proyecto de ENARSA deben constituirse en un paso hacia la idea de que Argentina puede salir de la crisis recuperando la energía que produce.
