La reflexión acerca de lo que pasó en Argentina se suele centrar en el concepto de «privatización». Desde el Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO) venimos insistiendo en desagregar los fenómenos ocurridos, para lo cual decimos que, respecto a lo energético (y a los otros recursos naturales no energéticos, como el agua para consumo y la tierra) hay que distinguir algunos aspectos, por lo menos los que hacen a {{la gestión}} o administración (de las empresas energéticas), a {{la apropiación de los recursos naturales}} (como los hidrocarburos y el agua) y a {{la incautación de la renta de los recursos}} (renta gratuita de la naturaleza, manifiesta en la renta petrolera y gasífera).
También hay otros aspectos, como los que hacen a la planificación energética, a la elaboración de las estadísticas, al modelo de acumulación de capital, y a la función regulatoria, en todos los cuales se dejó de lado la participación del Estado, reemplazándola casi exclusivamente por el mercado.
{{{El modelo energético del Estado de Bienestar}}}
¿Cómo era el modelo energético antes del proceso liberal? Tenía una relativa autonomía de los sectores empresariales, a pesar de los permanentes intentos de los grupos económicos concentrados de gestionar las empresas desde afuera, filtrar la renta hacia sus arcas, y adquirir la propiedad de los recursos bajo la vieja forma de concesiones.
La autonomía de la empresa pública respecto de la {«patria contratista» [[Ver PUCIARELLI A. (comp.) (2004), Empresarios, tecnócratas y militares, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, donde se realizan análisis y descripción de la llamada «patria contratista».]]»} le permitía mantener la {{gestión estatal}} (recordemos el papel de las empresas públicas); la {{propiedad pública de los recursos naturales}} (basado en que los bienes energéticos eran estratégicos de interés público y no meros {commodities}, con contratos de locación de obras y servicios que no llegaban a ser concesiones, por lo cual no otorgaban la propiedad del petróleo y su libre disposición); y la {{renta}}, que no tenía aún como destino exclusivo a las empresas privadas ni las remesas al extranjero. Los sectores locales operaban muchas veces asociados con las transnacionales y por lo general, las locales se reservaban las acciones corruptoras, usualmente denominadas «trabajos sucios», de esas asociaciones.
Estas asociaciones, que constituían lo que se conoció como «patria contratista», eran filtradoras o apropiadoras de parte importante, en algunos casos, de la renta a través de un sistema de {{contrataciones}} y de {{subcontrataciones}}. Este sistema de filtraciones (que proveía incluso de fondos a las campañas privatizadoras contra las empresas públicas), nunca pudo captar en forma íntegra la renta y la propiedad de los recursos naturales nacionales; la regulación energética tampoco fue entregada, como después, a las empresas privadas. Con las privatizaciones se hizo integral el proceso de filtración y se generalizó la corrupción.
Como resumen de lo que quedó del proceso de desregulaciones y privatizaciones, en el {{Cuadro 1}} se compara cómo funcionó el modelo neoliberal de Menem en Argentina, de Sánchez de Lozada en Bolivia, y de Pérez y Caldera (con Giusti en PDVSA) en Venezuela. Tomamos los casos de Bolivia y Venezuela porque en ellos se produjo y se sigue realizando una revolución energética (petrolera y gasífera) que no podrá ser desconocida en los análisis de la energía latinoamericana.
{{{¿Hay una reversión del modelo neoliberal?}}}
Con las modificaciones neoliberales en Argentina, la desregulación (privatización del sector) en 1989 y la privatización de las empresas entre 1991-1995; en Bolivia con la «capitalización» de 1995; y en Venezuela con las «asociaciones» y las prácticas neoliberales en la política energética y en la gestión empresarial de PDVSA, el cuadro tuvo una profunda modificación {{(véase el Cuadro 2)}}.
En el {{Cuadro 3}} se consideran las medidas tomadas como reversión de la política neoliberal, lo que resulta útil cuando la gente se reflexiona sobre si el modelo de Duhalde/Kirchner es renovador, transformador, o meramente conservador del modelo energético de los gobiernos de Menem y Cavallo.
Como es muy sabido, aunque silenciado, en Venezuela se dio en 2001 un verdadero golpe petrolero contra el Estado durante tres meses sin que se conozca en el mundo una situación tan larga de terrorismo contra el Estado. Desde la empresa estatal se provocó la caída de la producción, la refinación y la exportación con huelgas fomentadas por las propias autoridades de la empresa, seguida de actos de sabotaje desusados en el campo de la energía. Pero la reacción popular fue de tal magnitud que le permitió al Estado retomar su empresa, de la que accionariamente siempre tuvo el 100%.
Bolivia, por su parte, desde la {{«guerra del gas»}} de octubre de 2003, vive un proceso de recuperación que se realiza con la sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos que nacionaliza el Recurso Natural, recrea la empresa YPFB y retoma la renta para el país.
En nuestro país no aparece un proceso de retoma de las fuentes nacionales de su petróleo y gas; al contrario, el gobierno insiste en la vieja metodología menemista de fraccionar el subsuelo con la propiedad «federalizada» o provincial del gas y del petróleo, de la misma manera que los conservadores de Salta y Mendoza, que se opusieron a la nacionalización de Yrigoyen, primero, y de Perón, después.
{{Argentina no sigue los ejemplos de Venezuela y Bolivia}}
Desde el punto de vista de la política energética -no de la recuperación de la renta y del recurso natural estratégico- hay medidas parciales, algunas positivas, como el aumento de las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos, otras que se quedan a mitad de camino como el hecho de crear una empresa pública con participación privada en un 35% y con un director proveniente de la bolsa de valores, destinada a extraer petróleo argentino de la profundidad marina. Y otras negativas, o también a mitad de camino, como la retoma de los yacimientos carboníferos donde no se respetó la ley, la moral ni la vida de los trabajadores. Y otras francamente negativas, como afirmarse en el artículo de la constitución nacional que provincializó la propiedad de los recursos petrolíferos en un intercambio con gobernadores que otorgaron la reelección presidencial para obtener el poder de contrataciones y concesiones con las empresas transnacionales. Sería importante que antes se reafirmen anteriores normas constitucionales que, por ampliar derechos sociales, como el artículo 14 bis, casi nadie quiere reafirmar su puesta en práctica: extraño derecho y rara {{«seguridad jurídica»}} que sólo se apoya cuando son útiles a los intereses de las empresas transnacionales. La constitución del 94, producto del pacto de Olivos, es la inversa de la constitución del 49, que en su artículo 40 estableció la nacionalización del subsuelo con la participación provincial de la renta a través de las regalías.
En este sentido, el caso boliviano es por demás interesante, porque allí también los departamentos (provincias) y sectores sociales participan de las regalías del petróleo y del gas, que son recursos nacionales, pero con la reforma de la Ley de Hidrocarburos, el escaso porcentaje de 18% será elevado al 50%. En cambio, en Argentina, algunos gobernadores coinciden con las petroleras cuando piden la eliminación de las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos, pero no exigen al gobierno nacional el aumento del bajo porcentaje de regalías que se mantienen sin variación en el país.
En el {{Cuadro 3}} se manifiestan las diferencias sustanciales entre las decisiones de recuperación del petróleo en la política boliviana y venezolana con respecto a la falta de recuperación argentina.
Como resultado, más allá de las expresiones formales, en el campo del petróleo (y de la energía en general) Venezuela ha realizado una política revolucionaria; Bolivia, con una Cámara de Diputados que está recuperando el petróleo y el gas a pesar de la oposición del poder ejecutivo, vive un proceso popular. Entre el 18 y el 20 de octubre pasado, la población del interior «tomó» la ciudad de La Paz y sólo se retiró cuando el congreso decidió tratar el Proyecto de la Cámara de Diputados y no la llamada «ley corta» de Carlos Mesa, el ex vice presidente de Sánchez de Lozada. Esperemos que en nuestro país, tan consultado cuando se trata de actividades partidarias, se llame a un referéndum nacional acerca del mantenimiento del modelo privatista o de su reversión.
