NEUQUEN (AN).- Contra el 19% de aumento tarifario reclamado por CALF, el municipio está dispuesto a conceder un 7% de incremento más un subsidio de 8% durante dos años aunque condicionado a nuevas reglas de juego en la relación contractual. El consentimiento significaría para la cooperativa un aporte de 10 millones y medio en el primer año y de 6.750.000 pesos en el siguiente. El aumento puro en la tarifa rondaría casi los 3 millones de pesos. Es la salida que propuso ayer el gobierno local a los concejales de la comisión de Servicios Públicos, a quienes extendieron un informe que da cuenta de un posible colapso del sistema. Ese concepto, denominado Fondo de Servicio Eléctrico (Fonse), sustituiría el aporte de capitalización que pagan los usuarios todos los meses en la boleta de luz y que suman 4.300.000 pesos al término de un año. La aprobación del plan implicaría para los clientes pagar una tarifa residencial 50% más cara que la que cobra la rionegrina Edersa mientras que la comercial se situaría un 100% más alta. Si bien es cierto que el cuadro tarifario de distribución eléctrica domiciliaria se encuentra congelado en la ciudad de Neuquén desde hace casi una década, el informe confirma que los valores vigentes son «considerablemente más altos» que los de la prestataria rionegrina. El trabajo estima las pérdidas mensuales de CALF en 30% y pone de referencia que no debería superar el 10%. Los funcionarios municipales pusieron en evidencia su impotencia por el hermetismo de la entidad en mostrar documentación clave que permitiría al Ejecutivo -en su carácter de poder concedente- monitorear la calidad del servicio. Al encuentro asistieron el secretario de Servicios Públicos y Gestión Ambiental Carlos Yanes y el subsecretario de Servicios Públicos Concesionados Fernando Palladino. El objeto de la reunión fue considerar el proyecto de ordenanza elevado por la comuna en septiembre pasado, que plantea básicamente la discusión del marco regulatorio y del aumento tarifario. Yanes insistió a la comisión sobre la «necesidad» que tiene el municipio de contar con un instrumento jurídico que fije las condiciones de la prestación del servicio. La propuesta consta de cinco anexos: plan de normalización, creación del Ente Municipal Unico de Control de Servicios, marco regulatorio, reglamento de suministro y cuadro de tarifas.