El justicialismo buscará hoy avanzar en la Comisión bicameral parlamentaria de seguimiento de las privatizaciones en la redacción de un dictamen a favor de la convalidación del Acta-Acuerdo entre el Gobierno y la distribuidora eléctrica. Los peronistas de la bicameral están apurados por dos motivos. El primero es que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, los llamó desde Alemania para pedirles que aceleren el trámite, de modo de poder mostrar algún acuerdo con una privatizada en sus reuniones de este fin de esta semana con el FMI. El segundo, que el próximo miércoles 20 es la fecha de la audiencia pública de Edenor y Edesur, las otras dos grandes distribuidoras eléctricas, a las que se busca tentar mostrando que si acceden a un acuerdo similar al de su par de La Plata, éste se hará efectivo. El Gobierno insiste en la idea de «contrato modelo» para Edelap, porque éste incluye un aumento tarifario sólo para usuarios industriales y comerciales (15%) y porque la empresa aceptó bajar su demanda ante el Ciadi: primero la suspende y una vez cumplidos algunos pasos procesales la retira. La intención del PJ es tener firmado el dictamen de mayoría a más tardar el martes, un día antes de la Audiencia de Edenor y Edesur, que son reticentes a aceptar la propuesta oficial. En concreto, la comisión Bicameral de Seguimiento de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo definirá hoy la fecha del dictamen sobre Edelap y cuándo tratará los contratos de terminales portuarias y autopistas. Por lo pronto, el PJ impuso ayer su criterio para que se consideren formalmente ingresados todos los nuevos acuerdos enviados por el Gobierno con fecha del 11 de abril. La oposición consideraba que no se cumplían con los requisitos de la ley, porque faltan el dictamen de la Procuración y el de la Sigen. Tras un arduo debate para determinar si se cumplían los requisitos exigidos por la ley, la comisión dió por ingresados los acuerdos con Edelap, los puertos y las autopistas. Ahora el Congreso tendrá plazo hasta el 10 de junio para aprobar o rechazar estos nuevos contratos. La controversia se planteó porque mientras el justicialismo aseguraba que la nota enviada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, respaldando la documentación, era suficiente, los radicales y el ARI sostenían, con distintos argumentos, que no se cumplían la ley ni los decretos de renegociación de los convenios. La posición justicialista fue expresada por diputados justicialistas Daniel Varizat (Santa Cruz), Gustavo Marconatto, y los senadores Maria Leguizamon, Jorge Capitanich y Marcelo López Arias. Sobre la falta de los dictámenes de la Procuración y de la Sigen, Capitanich y Marconatt dijeron que se pueden producir después de la sanción del Congreso cuando se emita el decreto definitivo del Poder Ejecutivo de este Acta-Acuerdo. En este punto, tanto los radicales Leonelli y Ernesto Sanz como María America González, señalaron que no se cumple con la legislación porque el decreto 311 establece que debe haber un dictamen de la Procuración del Tesoro y de la Sigen, que aún no se ha producido. Por otro lado, la comisión definirá hoy si convoca, como pide la oposición, al defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, quien había realizado algunos cuestionamientos en la Audiencia Pública a las claúsulas que se establecían en la renegociación de este acuerdo con la firma Edelap.