Lo público de las audiencias también quedó en el título. Los que avalaron las privatizaciones y permitieron que las privatizadas fueran los únicos ganadores de los tiempos del uno a uno y de los de la pesificación, ahoran debaten cómo les sale la cara de malo ante empresas que están decididas a ir a fondo.
Un buen ejemplo fue la audiencia realizada con las empresas eléctricas en los últimos días. Sólo asistieron unas 250 personas, una cantidad mucho menor a la prevista. La carpa principal contaba con capacidad para 700 personas y existía una auxiliar para otras 500. Luego de las amenazas de boicot provenientes de sectores piqueteros, se estableció un fuerte dispositivo de seguridad con 300 custodios. Había más custodios que participantes en la audiencia pública.
Pero la mueca más dolorosa es que los aumentos se vienen y que al frente de los servicios públicos seguirán estando las mismas empresas que se beneficiaron con el modelo de los 90, y que lo siguen haciendo hoy -constatado en el crecimiento de un 7 por ciento de la brecha entre ricos y pobres-. Son los mismos que, en tiempos de crisis, impunemente, potenciaron la salida de recursos nacionales al exterior, olvidándose de las inversiones que estaban comprometidos a realizar según ley y poniendo muchas veces en peligro la prestación del servicio. El ejemplo de EDEA fue testimonial en los últimos años.
Las privatizadas están dispuestas a todo. Por eso las eléctricas no dudaron poner el grito en el cielo cuando la Unidad Renegociadora de Contratos (UniRen) expuso la propuesta oficial de renegociación.
– Un período de transición contractual entre enero de 2002, cuando se produjo la devaluación, y noviembre de 2006.
– Un aumento del 23 por ciento en las tarifas de los clientes comerciales e industriales, pero no para los residenciales.
– Un mecanismo no automático que, semestralmente, habilita posibles reajustes tarifarios de acuerdo a la evolución de los costos del servicio.
– Dejar sin efecto las multas que por todo concepto recibieron las empresas antes del 6 de enero de 2002. En tanto, las aplicadas o notificadas con posterioridad gozarán de diferimientos en los pagos.
– Un plan de inversiones controlado por el ENRE, con imposibilidad de disponer de los excedentes de caja si las inversiones no se cumplen.
– Tarifa social para los hogares “en estado de vulnerabilidad económica”.
– Suspensión de las demandas empresarias ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial antes de que entre en vigencia el acuerdo transitorio. Cuando se alcance un acuerdo definitivo “ambas partes renunciarán definitivamente a los reclamos judiciales” formulados a partir de enero de 2002.
Como si la audiencia pública no fuera el espacio donde se somete a consideración social un acuerdo entre partes, las eléctricas decidieron patear el tablero y amenazaron con profundizar los juicios. En tanto, el gobierno busca imponer, a costa de lo que sea y con los mismos de siempre, la negociación cerrada con la bonaerense EDELAP. Las audiencias, de públicas, no tuvieron nada y como dice Charly García, {“la música sigue, pero todo parece igual”.}
A pesar de que las pocas asociaciones de consumidores que participaron en las audiencias consideran la propuesta del gobierno como demasiado generosa e incompleta, la propia UniRen elaborará un informe con las conclusiones y corresponderá al Congreso aprobar o rechazar las pautas bajo las que seguirá la concesión.
El último paso será un decreto del Poder Ejecutivo para dar forma legal al nuevo marco regulatorio. Esta metodología fue establecida por la Ley de Emergencia Económica, que creó la Unidad de Renegociación de Contratos (UniRen) y la Comisión Bicameral de seguimiento de las renegociaciones.
{{{A los jóvenes de ayer}}}
Las privatizadas no se privan, en cuanto medio de comunicación pueden o instancia pública se les presenta, añorar la previsibilidad de los 90.
“El congelamiento de tarifas afectó seriamente nuestros ingresos, mientras que los gastos subieron a más del doble”, dicen las privatizadas del sector eléctrico y gasífero. “Vulneran el principio de derecho de propiedad”, se animan.
Se quejan por la “intervención discrecional” del Estado -al que el marco otorga amplias potestades para definir los programas de inversión-, entendiendo que “aumentará el riesgo para las prestadoras”.
Exigen subas del 60 al 90 por ciento en las tarifas. Se permiten esta posición dura porque tienen un aliado muy importante en el gobierno: Roberto Lavagna.
El ministro, hace justo un año, declaraba que las empresas energéticas no realizaron inversiones, porque no tuvieron rentabilidad y «…hay que hacer un ajuste en la cuestión tarifaria y un ahorro en el consumo». Pocos meses después, hubo que comprar fuel oil en Venezuela y gas en Bolivia, declarar la emergencia energética y someter a una política de premios y castigos al pueblo argentino, para garantizar la luz y la calefacción durante el invierno.
En un comunicado, la FeTERA aseguraba que {“Lavagna nunca se sintió molesto por que al mismo tiempo, las empresas privatizadas seguían exportando gas y petróleo”}. Y que apreciaciones como la realizada {“lo convierte en el vocero de los empresarios, que frente al reclamo de un aumento salarial proporcional a la inflación, intentan flexibilizar aún más a los trabajadores, reclamando aumento de productividad”.}
Por si quedaran dudas sobre el posicionamiento político del ministro, en su reciente declaración al Financial Times, dijo que {“… si una compañía se va, mi postura sería la de reprivatizar”,} y, {“de ningún modo pienso que se deberían renacionalizar compañías ni nada por el estilo”.}
El comunicado de la Federación de Trabajadores de la Energía concluía, {“vocero de los industriales, privatista, flexibilizador: El ministro Lavagna es Ministro del Modelo».}
Pero ¿por qué el ministro se empecina en actuar de este modo? Más cuando, por ejemplo, una encuesta de Fara y Asociados, según El Cronista de Buenos Aires, publicada en su edición del 18 de abril de 2005 bajo el título {«La mayoría cree que los servicios públicos deben volver al Estado»,} asegura que el 78 por ciento de la población del Gran Buenos Aires y Capital Federal indagada quiere que los servicios públicos vuelvan al Estado.
El titular de la CTA, Victor de Gennaro, aporta claridad al interrogante: {‘Nuestro país vivió una hiperinflación y de un día para otro, de cuatro dígitos la pasaron a cero, ese día se me cayó la ingenuidad y dije: esto no es un problema matemático, ni económico, ni estructural, es un problema de negocios’.}
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{{{El Centro de Educación al Consumidor (CEC) inició demanda judicial}}}
Esta asociación de consumidores reclamó ante la Justicia la «nulidad y no aplicación» de la indexación de tarifas en los contratos de servicios públicos renegociados. «Los ajustes previstos en los acuerdos propuestos por el Gobierno vulneran las leyes de Convertibilidad y de Emergencia Económica», aseguró Susana Andrada, titular del Centro de Educación al Consumidor (CEC).{»El objeto de la acción -señaló Andrada- es que se declare la nulidad y no aplicación de todas y cada una de las cláusulas que permiten la indexación de las tarifas de las empresas privatizadas pactadas en los acuerdos que lleva adelante el Gobierno Nacional junto a esas empresas en el seno de la Unidad de Renegociación (UNIREN), que depende de los ministerios de Planificación y Economía».} Andrada señala que el caso quedó claro en el acuerdo sellado con Edelap, que acaba de ser ratificado por la Comisión Bicameral específica del Congreso. {«El Acta de Entendimiento dice textualmente ‘ante variaciones de los precios de la economía que tengan impacto sobre el costo del servicio, el ente regulador eléctrico (ENRE) calculará cada seis meses, contados a partir del ajuste tarifario previsto en el apartado 4.1, el Indice General de Variación de Costos’»}, cita la titular del CEC. {«Pero no es sólo en ese caso, ya que el contrato de Edelap es el modelo para los contratos que quieren aplicar para Edenor y Edesur, y el mismo criterio se replica en las propuestas de convenio con Metrogás, Camuzzi, Gas Natural, las transportistas Transener, Transba , TGN y TGS, y hasta para los peajes de los accesos a la Capital Federal».}
{«Estos acuerdos violan la Ley de Convertibilidad (ley 23.928), que permanece vigente en cuanto a la prohibición de las indexaciones”} -dijo el abogado Claudio Boada, vicepresidente de la asociación-. {“Y también violan la ley 25.561 de Emergencia Económica, que contiene una prohibición similar en cuanto a las empresas privatizadas».}
La presentación fue realizada a fines de la semana pasada, y recayó en el juzgado Contencioso Administrativo Federal 10, a cargo de la jueza Liliana Heilland.
{«Además de los argumentos legales -agregó Andrada-, están los argumentos sociales. Existen distintos mecanismos de propagación de la inflación. Los más importantes son los que operan a través del aumento de tarifas, como de la indexación de tarifas que estamos denunciando. Nosotros coincidimos con el presidente Néstor Kirchner en que hay que poner un freno a la propagación inflacionaria. Y por eso reclamamos poner un freno a este mecanismo de indexación».}
