La audiencia pública convocada por la Unidad Renegociadora de Contratos finalizó sin que pudiera acordarse una propuesta con las distribuidoras, Edenor y Edesur. Ahora, la Comisión Bicameral deberá considerar la propuesta que elabore la UniRen. Héctor Polino, diputado nacional y representante de los consumidores.
Notas Relacionadas El Acta fue aprobada El paso formal de la audiencia pública para debatir sobre la propuesta que el Gobierno presentó a las empresas Edenor y Edesur concluyó sin resultados.
Acorde a lo previsto, los representantes de la UniRen expusieron la propuesta oficial, las empresas se opusieron por considerarla escasa y las asociaciones de defensa de los consumidores por juzgarla demasiado generosa e incompleta. Ahora será la propia UniRen la que deberá elaborar un informe con las conclusiones y corresponderá al Congreso aprobar o rechazar las pautas bajo la que seguirá la concesión. El último paso será un decreto del Poder Ejecutivo para dar forma legal al nuevo marco regulatorio. Esta metodología fue establecida por la Ley de Emergencia Económica, que creó la Unidad de Renegociación de Contratos (UniRen) y la Comisión Bicameral de seguimiento de las renegociaciones. El punto atípico de la audiencia de ayer, a diferencia de la realizada en la renegociación con la bonaerense Edelap, fue el desacuerdo explícito adelantado por las empresas. Se suponía que la audiencia pública debía cumplir la función de someter a la consideración social un acuerdo entre las partes. Entre los principales puntos de la propuesta de la UniRen se destacan: – Un período de transición contractual entre enero de 2002, cuando se produjo la devaluación, y noviembre de 2006. – Un aumento del 23 por ciento en las tarifas de los clientes comerciales e industriales, pero no para los residenciales. – Un mecanismo no automático que, semestralmente, habilita posibles reajustes tarifarios de acuerdo a la evolución de los costos del servicio. – Dejar sin efecto las multas que por todo concepto recibieron las empresas antes del 6 de enero de 2002. En tanto, las aplicadas o notificadas con posterioridad gozarán de diferimientos en los pagos. – Un plan de inversiones controlado por el ENRE, con imposibilidad de disponer de los excedentes de caja si las inversiones no se cumplen. – Tarifa social para los hogares “en estado de vulnerabilidad económica”. – Suspensión de las demandas empresarias ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial antes de que entre en vigencia el acuerdo transitorio. Cuando se alcance un acuerdo definitivo “ambas partes renunciarán definitivamente a los reclamos judiciales” formulados a partir enero de 2002. Las concesionarias ya asumieron que no podrán conseguir mayores ajustes de tarifas, en particular por la proximidad de las elecciones. Los puntos de la discordia son otros, en particular, que el manejo de las inversiones quede en manos del ENRE. Además, las privatizadas saben que una de sus principales herramientas para presionar al Gobierno es la amenaza potencial de los juicios favorables en el Ciadi. Por eso, en este punto pretenden que el Gobierno acepte que la renuncia a litigar llegue recién cuando se alcance un acuerdo definitivo. A la audiencia de ayer, realizada en las dependencias de Vialidad Nacional de Avenida General Paz al 12100, asistieron unas 400 personas, una cantidad menor a la prevista. La carpa principal contaba con capacidad para 700 personas y existía una auxiliar para otras 500. Luego de las amenazas de boicot provenientes de sectores piqueteros se estableció un fuerte dispositivo de seguridad con 300 custodios.
Las posiciones expuestas por los empresarios fueron alarmistas. Edgardo Volosin, de Edenor, sostuvo que “el congelamiento de tarifas afectó seriamente nuestros ingresos, mientras que los gastos subieron a más del doble”. “La propuesta de la UniRen no materializa adecuadamente la recomposición contractual que la legislación prevé”, pues no permite “la recomposición de la ecuación económica y financiera del contrato de concesión y con ello brindar un servicio eficiente a cambio de una tarifa justa y razonable”, concluyó. Daniel Martini, de Edesur, agregó en la misma línea que “un acuerdo no puede alcanzarse a cualquier costo, comprometiendo la sustentabilidad delservicio y afectando a los usuarios futuros”. “Entendemos que hay usuarios residenciales que no deben pagar, al menos mientras dure la emergencia, más por la energía que reciben, pero creemos que una parte de los usuarios residenciales pueden acompañar con su esfuerzo, una distribución más justa del costo social de la electricidad”, concluyó.
