La libre definición del precio para el fluido en boca de pozo, a través de la firma de contratos directos entre las petroleras y esos grandes clientes, es la etapa final del sendero de aumentos que habían abrochado el Gobierno y las principales productoras de gas el 2 de abril de 2004.
Ese acuerdo, firmado por Repsol YPF, Total Austral, Pan American Energy, Petrobras, Pluspetrol y Tecpetrol, contemplaba en una primera etapa la aplicación de cuatro subas sobre el precio del gas en boca de pozo -en mayo y octubre de 2004, y en mayo y julio de este año- que consumen clientes industriales con demandas mayores a 9.000 metros cúbicos/mes.
Tras esos incrementos, hoy el precio del gas en boca de pozo cotiza, en promedio, a u$s 1 por millón de BTU -la unidad de comercialización-, un 150% más que los u$s 0,40 que costaba luego de que, en enero de 2002, la Emergencia Económica pesificara el valor del fluido para el mercado interno.
El último escalón de ese sendero de precios debía entrar en vigencia el próximo lunes. Desde el 1º de agosto, los grandes usuarios industriales, las centrales eléctricas y las estaciones de GNC tenían que dejar de recibir el gas a precio regulado de las distribuidoras gasíferas -como MetroGas, Gas Natural BAN y Camuzzi- y negociarlo libremente con las productoras.
Sin embargo, Energía decidió prorrogar la desregulación del mercado hasta septiembre. Lo hizo a través de la resolución 930/2005, que se publicó ayer en el Boletín Oficial.
Las razones esgrimidas Para justificar el aplazamiento, el área que conduce Daniel Cameron adujo haber recibido notas de grandes usuarios que aseguraban no contar con información suficiente como para poder contratar el suministro con proveedores distintos a los que hoy los abastecen.
«Si bien no existió un acuerdo f ormal entre el Gobierno y la industria, la prórroga contó con cierto consenso entre las petroleras. Hay una conciencia de cuáles son las ansiedades y preocupaciones del Gobierno por estos días.
Y como el sendero de precios para el gas se cumplió, y este aplazamiento no fue planteado como una imposición manu militari, sino como la necesidad de salir del invierno, el período crítico de demanda de gas, el sector aceptó la postergación», se sinceró anoche un petrolero.
Más gas para liberar En otra empresa aseguraron que el aplazo tuvo más que ver con «el fuerte lobby que ejercieron unas 200 grandes empresas usuarias del gas, que hoy se abastecen de las distribuidoras y que tendrán que pasar a discutir nuevos precios para el gas que usan directamente con los productores».
Pero la postergación les cierra a todos: a esos grandes usuarios, porque empezarán a pagar más tarde precios para el gas que serán más altos que los que abonan hasta ahora. «No va a haber estampida de precios: hoy, las industrias abonan entre u$s 1 y u$s 1,20 por millón de BTU.
Y, cuando firmemos contratos directos en el país, no podremos vender por encima del precio de u$s 1,50 que les cobramos, en promedio, a los clientes chilenos», explica otro petrolero.
El aplazamiento también sirve a los desvelos del Gobierno por contener la inflación. Las autoridades saben que esos mismos industriales que presionan por aplazar mayores costos en sus consumos energéticos vienen advirtiendo, en las últimas semanas, que cualquier aumento de salarios, tarifas o insumos deberá trasladarse a precios.
Paradójicamente, la prórroga también beneficia a las petroleras, que están ajustando sus estructuras comerciales para poder atender a la nueva demanda que se les abre a partir de la existencia de más cantidad de clientes directos. Además, para septiembre, cuando entre en vigencia la liberalización del mercado, comenzarán a reducirse los consumos domiciliarios, un gas que las petroleras sí o sí deben abastecer a las distribuidoras, porque a los hogares no se les puede cortar el suministro.
Así, con la primavera y la reducción de los consumos hogareños, las petroleras tendrán más volúmenes disponibles para ofrecer a los grandes usuarios.
