Las “espontáneas” manifestaciones de grupos piqueteros afines y el apoyo de una entidad empresaria apta para todo servicio, no deben hacemos equivocar en la evaluación del hecho, pues es positivo que se promuevan campañas tendientes a que los consumidores y usuarios defiendan sus derechos, ya que estas opiniones no liberan al gobierno de sus responsabilidades. Muchos de quienes criticaron las manifestaciones piqueteras nunca hicieron oír su voz cuando el oligopolio refinador, desde abril de 1991 hasta la fecha, incre-mentaba sus precios en forma armonizada y apenas disimulada para evitar ser acusado de distorsionar la competencia, alegando el aumento del precio internacional y basándose en la libertad de precios que les otorgaron Menem, Dromi y Aráoz, con los tres decretos desreguladores de 1989. La “sanción” que le aplicaron a Duhalde por la aplicación de los derechos a la exportación de hidrocarburos y derivados (aplicación de aumentos constantes en todos los combustibles y por todas las empresas, sin coincidencia aparente en porcientos y fechas) fue ejemplarizadora, ya que desestabilizaron la muy precaria situación económica postdevaluatoria y beneficiosa para las productoras, pues obtuvieron la ratificación del mantenimiento en el exterior del 70% de las divisas provenientes de sus exportaciones.
La fecha citada (abril/91) corresponde a la sanción de la Ley de Convertibilidad que, además del uno a uno y la limitación de emitir sin disponer de reservas libres, establecía la prohibición de aumentar precios sobre la base de indexaciones de cualquier tipo.
De acuerdo con la actual Ley de Emergencia Pública N°25.561 esta prohibición sigue vigente, sólo son aplicables los ajustes por CER y CVS, impuestos por ley o DNU. En la época de De la Rúa, uno de los más encumbrados directivos de YPF declaró que a ellos no les interesaban las leyes de la Nación Argentina y que aplicaban las leyes del mercado. Cabe recordar que el equilibrio macroeconómico diseñado por el ministro Machinea en el inicio de su gestión, basado en el ideario del “1 a 1 no se toca” y fundado en el mantenimiento de una determinada situación de los precios relativos, fue desarticulado con los incrementos de los precios de los combustibles líquidos, especialmente del gasoil.
Es decir, que mientras ningún gremio pudo incrementar sus salarios, ni un locador su alquiler, ni un banco sus préstamos, los petroleros sí lo hicieron con sus precios sin que ninguna autoridad administrativa ni judicial adoptara medida alguna. De esta forma, sin que se incrementaran los costos internos, los precios de los combustibles -garrafas incluidas- duplicaron el índice de precios al consumidor o al mayorista. Esta demostración de poder sirvió de ejemplo a grupos económicos vinculados a la exportación y provoca una real dolarización del mercado interno, que castiga fuertemente los bolsillos de los consumidores.
Además, a pesar de las declaraciones presidenciales en contra de los aumentos, la inoperancia de los funcionarios sigue igual y las causales invocadas para llevar a la Shell y la Esso ante Defensa de la Competencia -que en el mejor de los casos terminarán en una multa- no la mencionan.
{{{REPSOL, LA INTOCABLE}}}
Si el PE quiere cambiar, debe recuperar las áreas productoras y entregárselas a ENARSA; de esta forma volveríamos a administrar los yacimientos, regular la producción sobre la base de las reservas correctamente evaluadas, fijaríamos precios, suspenderíamos las ilegales exportaciones de petróleo y gas, volveríamos a invertir en exploración y en el desarrollo de infraestructura energética, volveríamos a tener en los sistemas de los servicios públicos esenciales -luz y gas- regímenes tarifarios que permitan a todos los argentinos acceder a ellos . ¿Cuáles son las causas por las cuales a ENARSA se le otorga la fabricación de pilas y un extraño y misterioso convenio con los chinos -que podría terminar con todas nuestras cuencas marinas- adjudicado directamente a las multinacionales del sector ? ¿Por qué ENARSA no administra los fideicomisos recientemente creados y capitaliza esos aportes? ¿Será cierto que ENARSA contratará en directo con Repsol la exploración y posterior explotación de gran parte del subsuelo marino? ¿Por qué las obras las concretan las mismas empresas privatizadas que incumplieron leyes y contratos? ¿Por qué todos los gasoductos los amplía o construye solamente Techint?
¿Es posible recuperar las áreas? Sí lo es, solamente hace falta decisión política y aplicar las leyes vigentes, en especial la de Hidrocarburos; por ejemplo, las personas físicas o jurídicas que posean más de cinco concesiones de explotación deben revertirlas al Estado Nacional, quienes hayan llegado a la categoría de concesionario de producción o permisionario de exploración mediante la reconversión de sus contratos de locación de obras y servicios, también deben devolverlos al Estado por ser, de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos, “absolutamente nulos”. Para ello hay que convencerse de que el poder político es más fuerte que el económico y de que, tal como lo sostenía Arturo Illia, la ley es la fuerza de todos; en caso contrario, seguiremos convali-dando que los ilícitos son fuente de derecho, que es la verdadera forma de leer las continuas apelaciones de la derecha sobre la seguridad jurídica. El 90% de las áreas están en infracción y la misma ley las califica de nulas, de nulidad absoluta. Silenzi de Stagni solía asombrarse de tener que defender la vigencia de una Ley de Hidrocarburos gestada por Onganía, Krieger Vasena y Gotelli, a la que en 1967 denominábamos Estatuto del Vasallaje. Kirchner se ha referido en numerosas oportunidades a la corrupción que imperaba en los gobiernos anteriores. ¿Qué espera, entonces, para anular la prórroga del único yacimiento gasífero gigante -Loma de La Lata- otorgada por De la Rúa y Machinea? ¿Será porque afecta a Repsol?
La misma Ley de Emergencia Pública le otorga al Ejecutivo la potestad de fijar los precios de los combustibles en todo su ciclo, con la finalidad de proteger a los usuarios y consumidores, que fueron los argumentos usados por Kirchner para atacar a la Shell, que, por otra parte, debe ser la compañía menos querida del mundo, pues la odiaban Churchill y Franklin D. Roosevelt por sus simpatías con el nazismo, la acusa de fraude la SEC (Comisión de Valores) de Nueva York, no la aprecian sus propios estacioneros y ni qué hablar de la opinión de los vecinos de Magdalena. Cabe preguntarse por qué el Ejecutivo no fija precios oficiales ni deja de avalar la existencia de un margen de utilidad del 590 % entre el costo de producción y el precio de entrada a destilería (4,60 dólares vs. 32 dólares el barril, neto de retenciones y regalías). Tiene también la vieja Ley de Abastecimiento Nº 20.680 que le permite fijar precios e intervenir a las empresas y están vigentes las Leyes de Defensa de la Competencia y del Consumidor.
{{NO SE REDUCEN LOS MÁRGENES DE SUPER RENTAS DE LAS PETROLERAS PARA NO TOCAR A REPSOL. TAMPOCO SE REGULAN NI CONTROLAN LA EXTRACCIÓN Y LAS EXPORTACIONES.}}
¿Cuál es la causa por la cual el PE no observa la necesidad de, por lo menos, reducir ese margeNº ¿No será que de esta forma afecta a Repsol YPF? El gobierno nacional tiene un director titular y un suplente, y un síndico titular y un suplente en YPF SA, que han sido nombrados por la actual administración. ¿Alguna vez han planteado esos representantes la necesidad de que se respeten las leyes de la Nación, como la de Convertibilidad, por ejemplo? Si la empresa no ha explorado y no ha desarrollado correctamente los yacimientos que deben abastecer al mercado interno, los representantes estatales ¿han planteado alguna accióNº ¿O será que si lo hicieran podrían dañar los intereses de Repsol YPF?
Día a día los argentinos vemos que disminuyen las reservas y la producción de petróleo, mientras que se mantienen las de gas natural y sus exportaciones, sobre las que cabe preguntarse a qué precio se concretan, pues el precio internacional oscila en los U$S 6 el MM/BTU y estaríamos vendiendo a Chile a sólo U$S2; tal “desventajosa” venta está prohibida por la Ley N°17.319 en su artículo 6°, a saber: “El PE permitirá la exportación de hidrocarburos y sus derivados no requeridos para la adecuada satisfacción de las necesidades internas y siempre que esas exportaciones se realicen a precios comerciales razonables”.
El gobierno ya ha puesto en vigencia la Ley de Promoción de las Obras en Infraestructura, hecha a medida de Techint, Repsol y Petrobrás, y ha enviado al Congreso el proyecto promocional para las inversiones en exploración que, con suerte, darán sus frutos dentro de varios años. Al mismo tiempo, no limita las exportaciones y -menos aún- la producción. Al respecto, la Ley de Hidrocarburos establece que es el PEN quien fija la política nacional teniendo como “objetivo principal satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus yacimientos, manteniendo reservas que aseguren esa finalidad”; también determina que las reservas son de propiedad inalienable e impres-criptible del Estado Nacional y que a los concesionarios de producción y permisionarios de exploración sólo le corresponde el dominio de los hidrocarburos extraídos.
Si también tenemos presente que el 40% de los habitantes no accede al gas natural por redes, podemos preguntarnos: ¿Por qué no se termina con exportaciones que sólo favorecen a las empresas vendedoras y cuál es la causa por la que no se las controla? ¿El PE considera que los compatriotas del NEA están autoabastecidos de gas gracias a la provisión de garrafas que tienen un precio ocho veces más elevado que el gas por redes? ¿Por qué se castiga con la marginación energética a esos argentinos, si ellos y sus antecesores colaboraron en la construcción de toda la infraestructura energética en uso (reservas, gasoductos, represas, etc..)? ¿Cuál es el motivo por el cual el PE no limita la producción de petróleo y gas a lo estrictamente necesario para el mercado local? ¿Será porque no se quiere perjudicar a Repsol?
{{{PETRÓLEO, POLÍTICA Y DEPENDENCIA}}}
Recientemente han sucedido dos hechos que nos avergüenzan. Repsol YPF es una sociedad con capitales privados, mayoritariamente españoles, pero, sucedido el cambio de Aznar por Rodríguez Zapatero, también cambió el presidente de la empresa. Es claro entonces, que es una herramienta clave del Reino de España en defensa de sus intereses estratégicos, tales como asegurar petróleo en caso de eventuales conflictos en Oriente Medio, analizar sus inversiones y generar recursos para España. Está bien, entonces, que se reúnan ambos presidentes.
Que el presidente de Repsol informe de esos planes al presidente Kirchner nos muestra que somos una colonia; es decir, que hemos retrocedido a los tiempos previos a 1.810, donde el jefe del organismo estratégico más importante del reino borbónico transmite las decisiones adoptadas en la metrópoli.
El segundo de los hechos vergonzantes está referido al apoyo brindado al entonces presidente Mesa, actuando juntamente con los presidentes Bush y Lula en contra de los derechos del pueblo boliviano.
Los intereses que defendía Mesa son los de las petroleras que, al igual que en la Argentina, se apropiaron de las riquezas hidrocarburíferas de Bolivia. Donde, casualmente, la multinacional más importante es Repsol YPF.
