Con una inversión en publicidad de 28 millones de dólares en todos estos años, se han venido ocultando los incumplimientos, irregularidades y prebendas que, permanentemente y a través de los distintos gobiernos, se le han permitido. Tampoco se han contestado debidamente sus amenazas, tanto de recurrir al CIADI, instancia incluida en los Acuerdos Internacionales cuya vigencia se prorroga automáticamente mientras no se los denuncie, como de retirarse si no se accede a sus actuales pretensiones.
Considerando lo convenido con otras empresas privatizadas en acuerdos concertados en la UNIREN -donde no participan las asociaciones de consumidores y se resignó el asesoramiento de FLACSO- aprobados posteriormente por mayoría en el Parlamento Nacional, podemos preguntarnos si estamos ante un caso de oposición real a lo que exige la empresa o si se trata de una maniobra para esperar hasta después de las elecciones y concederle la casi totalidad de sus exigencias, con lo cual se profundizaría la política seguida en la década de los 90′.
Distintas organizaciones sociales han señalado que los acuerdos que se acaban de firmar con Edelap y los que se intentan concretar con Aguas Argentinas y Gas Natural BAN, condonan incumplimientos y castigos, y constituyen una real novación de los contratos originales y sus recurrentes mejoras. Noticias periodísticas permiten inferir que las nuevas cláusulas entrarían en vigencia en los primeros meses del 2006, incluyendo incrementos tarifarios significativos, lo que trastocaría la práctica vigente en el mundo en cuanto a la recuperación de las inversiones empresarias -a posteriori de ser concretadas- pues en este caso se recaudaría primero y, teóricamente, se invertiría luego en las nuevas obras.
Al mismo tiempo, se desconoce la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública, que no permite el aumento de tarifas si antes no se discute íntegramente el contrato; en este caso, la renegociación actual acrecienta los beneficios de un solo lado: el empresarial; también aparecen como resueltos aspectos que deberían encararse dentro de la revisión integral, a saber:
-Un incremento promedio del 15% para las industrias y grandes usuarios en forma retroactiva al 1° de mayo.
-Ajustes previstos sobre los clientes residenciales para el 2006, que parecen estar excluidos de la revisión integral anunciada.
-Ajustes de la tarifa cada seis meses, si se verifica una variación superior al 5% y una revisión extraordinaria cada vez que sus costos se eleven mas de un 10%.
-Refinanciación de multas incurridas y vencidas a largo plazo, en cuotas semestrales y plazos de ocho y diez 10 años a partir de la firma del nuevo contrato en el 2006.
-La suspensión -y no el retiro integral y definitivo- de los juicios contra el Estado.
-Laxitud de los controles para no ver una baja tolerada en los «niveles de calidad»; de esta forma se la exime de concretar urgentes inversiones que, en lugar de estar a su costa, serán afrontadas vía tarifas o fondos fiduciarios.
La renegociación en curso trata de ocultar los perjuicios que el accionar empresario produjo a la población durante todos estos años con sus incumplimientos y abusos, y tratar de desconocer la existencia del numeral 14/3 del contrato de concesión que, a causa de dichos incumplimientos, da lugar a la rescisión inmediata del mismo. Tampoco surge que se haya evaluado el daño ocasionado por el desbalance hídrico generado por Aguas Argentinas en el sur del Área Metropolitana, ni la solución que se debe dar al tema.
Menos aún se observa en la política del Gobierno Nacional la intención de considerar al agua como un recurso estratégico, cuya administración no debe estar supeditada a los intereses de grupos económicos multinacionales. Siguiendo con el rumbo actual, se desconoce el precepto constitucional de explotar los recursos naturales contemplando el beneficio para las generaciones futuras y, más grave todavía, se prescinde de consolidar una acción política de orden nacional, tendiente a proyectarse al nivel regional.
Al inaugurar las sesiones del Congreso el 1 de mayo de 2005, el Presidente de la Nación manifestaba, en relación con la pulseada entre el gobierno y las concesionarias de servicios privatizadas: «El gobierno defenderá con uñas y dientes los derechos del pueblo argentino»… y …»Sabemos los formidables intereses que están en juego y no nos va a temblar el pulso para tomar decisiones»…
Si las palabras del presidente se ajustaran a los hechos, no se debería seguir negociando con la empresa; existen motivos suficientes para la aplicación del numeral 14/3 por todos los incumplimientos y arbitrariedades cometidos.
Es necesario que la opinión pública exija la vuelta al Estado de «Aguas Argentinas». Nuestra propuesta es generar una empresa estatal de gestión social que administre el agua, no como una mercancía sino respetando el derecho de todos los habitantes del país a su uso.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2005
