El Ente Regulador Nacional del Gas (ENARGAS) pidió otros 180 días -no especificó si hábiles o corridos- para determinar los montos y la forma en que la empresa Gasnor debería resarcir a 360 mil usuarios de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero por sobrefacturaciones en el servicio de gas.
En mayo último, luego de que se constataran las facturaciones irregulares denunciadas por el diputado nacional Andrés Zottos en todo el NOA, la Secretaría de Energía de la Nación había requerido al ENARGAS que realice las determinaciones necesarias para la reparación en no más de 60 días.
El plazo venció el pasado 11 de julio y tres días después, lejos del informe esperado, el Ente se despachó con el pedido de prórroga que Zottos consideró como «imperdonable burla».
En efecto, si la secretaría que conduce Daniel Cameron concede los 180 días solicitados desde el ENARGAS, la devolución de los importes indebidamente cobrados por la distribuidora del gas en la región NOA podría hacerse efectiva, en el mejor de los casos, en enero de 2006.
Esto, si se toman los 180 días como corridos y no como hábiles, en cuyo caso el resarcimiento se diluiría por algunos meses más inclusive.
Tras expresar su indignación por el giro que tomaron las actuaciones administrativas, Zottos se manifestó dispuesto ayer a llevar el caso a la Justicia si Energía concediera la prórroga de 180 días solicitada por el ENARGAS.
«Esta es una imperdonable burla, una falta de respeto a 360 mil usuarios del Noroeste argentino que fueron perjudicados y a los que cabe restituir, sin más dilaciones, las sumas que les fueron indebidamente facturadas en el servicio de de gas», enfatizó el legislador salteño, quien volvió a lanzar duros cuestionamientos contra el ENARGAS por la «total falta de control» que queda en evidencia ante las facturaciones indebidamente practicadas desde los noventa.
Así lo asumió el propio ente nacional en la resolución 2954, de febrero de 2004, a través de la cual sancionó a Gasnor con una multa de $ 150.000 «por violación a las reglas básicas de la licencia, del reglamento del servicio y por utilizar factores incorrectamente calculados para convertir volúmenes (de gas) leídos a condiciones estándar en la facturación a sus clientes».
Esto es que se facturó el gas a una presión superior a la que realmente lo reciben usuarios de la región. En la misma resolución 2954/04, se estableció que la empresa distribuidora «deberá resarcir a los perjudicados, reintegrando las sumas cobradas y con los intereses que cobra cuando el usuario está en mora».
En mayo último, ante un recurso de alzada interpuesto por Gasnor, la Secretaría de Energía suspendió por 60 días la aplicación de dicha resolución y requirió que en ese tiempo el Ente determine los montos que la distribuidora deberá restituir y un plan de devolución que permita a los usuarios afectados recuperar las sumas que les fueron mal facturadas sin que ello ponga a la distribuidora en situación de insolvencia o quiebra.
No descartan una denuncia penal Si bien el ENARGAS aún debe determinar la suma final, técnicos del sector estiman que Gasnor debería devolver a los usuarios afectados por las sobrefacturaciones en todo el NOA unos $ 100 millones.
Andrés Zottos remarcó que a esta delicada situación no se hubiera llegado si el ENARGAS cumpliera, efectivamente, con la función de control para la cual fue creado.
Lejos de esto, lamentó el legislador norteño, «fue necesario que denunciáramos y demostráramos que le estaban metiendo la mano en el bolsillo a usuarios en todo el NOA para que ese organismo supuestamente competente actúe».
«Y ahora nos damos con que el ENARGAS dejó pasar los dos meses de plazo que tenía y pide 180 días de prórroga para realizar determinaciones técnicas que están perfectamente normadas y no deberían demandarle siquiera un mes.
Espero que la Secretaría de Energía no dé lugar a tamaño despropósito. Ya pedí una audiencia con Cameron y vamos a apelar a todas las vías disponibles para evitar que el justo resarcimiento a los usuarios se diluya.
De ser necesario, vamos a ir a la Justicia con una denuncia», acotó Zottos.
