La Defensoría del Pueblo de la Provincia remitió una formal actuación a la Secretaría de Energía de la Nación a efectos de que arbitre los medios necesarios para verificar el cumplimiento, en nuestra provincia, del convenio suscripto con los empresarios fraccionadores del sector, el cual ha determinado la instauración de la denominada garrafa social tendiente a paliar la situación de los sectores económicos de menores recursos.
El referido instrumento hace alusión al hecho de que en Formosa no se cumplen acabadamente los objetivos tenidos en miras con la firma del citado acuerdo, dado que las distribuidoras locales expenden el producto en determinados días o a determinadas horas, lo que entorpece el acceso al mismo por parte de los beneficiarios.
Consultado sobre las causas de las aludidas irregularidades, el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, expresó que «son precisamente éstas las que solicitamos a las autoridades nacionales que sean investigadas, dado que la garrafa social debería estar disponible, para los vecinos en condiciones de acceder a la misma, al precio de $ 17, en los puntos habilitados, ininterrumpidamente, en los horarios comerciales de las distribuidoras, durante los días de la semana en que dichos comercios permanezcan abiertos, pero tal lo señalado, como es de público, no sucede así, circunstancia agravada por el elevado valor de referencia establecido para la garrafa en nuestra región, lo que ha motivado la pertinente requisitoria».
«Desconocemos, -prosiguió el doctor Gialluca- si la falta de provisión de la garrafa social en la provincia obedece a la inexistencia de stock, de ser así, si ello es consecuencia o no de la inconveniencia económica del sector empresario en proveer del producto.
Lo que sí tenemos en claro es que se ha instaurado, mediante el citado acuerdo, un sistema de asistencia para las familias que se encuentran en una situación socioeconómica desfavorable y que el mismo no se está cumpliendo en la provincia, lo que amerita la urgente intervención de las autoridades nacionales y de las cámaras respectivas a efectos de que determinen los motivos de tal incumplimiento y adopten las medidas que sean menester para solucionar la grave deficiencia, en un tiempo acorde con la gravedad de la problemática planteada».
Abundó a todo ello señalando que «sin perjuicio de lo antes dicho, los antecedentes han sido puestos en conocimiento de la Dirección de Comercio e Inversiones de la Provincia a los efectos de que, a título de colaboración, realice las constataciones pertinentes, estando a la espera de la respuesta de dicho organismo».
Finalmente el Defensor del Pueblo señaló que «hemos solicitado además los estudios que den cuenta del costo de la garrafa social y de la común, desde los fraccionadores hasta los distribuidores locales, pasando por el denominado flete, así como las cargas impositivas que pesan sobre dicho circuito a fin de informar de manera objetiva al consumidor formoseño cuál es el margen de rentabilidad del sector económico y arbitrar los medios necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en la materia, Ley Nacional Nº 26.020 y Resolución 792/05 de la Secretaría de Energía».
