Como los mejores años de los 90… continúan las cosas raras y los grupos dudosos.
Una simple investigación de periodistas del matutino La Capital de esta ciudad, dio el siguiente resultado: «La empresa Emgasud, que pretende quedarse con el servicio de agua y cloacas en la provincia y planea inversiones por 1.750 millones, se integró con un capital social de sólo 20 mil pesos y a saldar en dos años. La sociedad que la conduce fue formada hace menos de un mes por tres socios con domicilio en un country de la localidad bonaerense de Del Viso, y sus aportes no parecen estar a la altura de la concesión, – dos de ellos aportan de movida sólo mil pesos cada uno y el tercero y apoderado, Alejandro Ivanissevich, tres mil, con el objeto de ‘realizar operaciones financieras y de inversión'».
Estos datos forman parte de la letra chica de la documentación que la empresa presentó al gobierno santafesino para quedarse con la concesión de Aguas Provinciales, y podrían ser un obstáculo insalvable para las pretensiones de un traspaso accionario inmediato. En los papeles de la presentación a los que tuvo acceso La Capital no aparecen demasiado consolidados los antecedentes de la sociedad, ya que en el ítem «trabajos realizados», en lugar de obras ejecutadas se enumeran proyectos por realizar y, en su mayoría, en el rubro gasoductos. Tampoco figuran detalles de los balances y estados contables de la empresa que se presenta como una sociedad anónima argentina pero bajo un nombre extranjero: Fides Environment. En el rubro garantías no le va mucho mejor. Se ofrecen fianzas a ser otorgadas por un sindicato de bancos, cuando operaciones similares ya fueron rechazadas a otros operadores porque, al decir de quienes recibieron la propuesta de Emgasud en la provincia, «las garantías estarían tan condicionadas que si alguien lograra su ejecución merecería el premio Nobel».
Para la misma fuente, que pidió reserva de identidad, la renovación de garantías contractuales a favor de la provincia luego de la salida de Suez como operador, es también cuestionable. Emgasud propone «un mecanismo que se acuerde, como seguro de caución o fideicomiso de garantía», lo que mereció de la misma fuente el siguiente comentario: «Si eso mismo se hubiera ofrecido al más humilde trabajador, podría estar en condiciones de operar el servicio».
Otro punto irritativo es que se propicia ceder simultáneamente los créditos necesarios a favor del Programa de Propiedad Participada a fin de que este pueda mantener su actual participación accionaria del 10% en Aguas Provinciales, aunque nadie habría consultado sobre este punto a los trabajadores.
Un capítulo que también ofrece dudas está referido a la renegociación del contrato de concesión para la prestación del servicio de agua una vez perfeccionada la operación de compra. Allí se establecen una serie de pautas que no figuran en la ley, ni se ofrecen garantías profesionales. En este punto Emgasud menciona hacerse cargo de una «auto-operación propia de la compañía» a partir de la salida de Suez como operador, una readecuación de los casos sociales sin dar otras precisiones, no incrementar las tarifas en 2005 y una redefinición del plan de inversiones.
La nueva empresa también propicia ejecutar un plan de inversiones, dentro de un plazo de 10 años, de aproximadamente 750 millones de pesos, aunque no brillan los aportes propios de capital. Ese monto estará integrado por 250 millones como aporte directo de Aguas Provinciales, y los 500 millones restantes mediante la conformación de un programa global de fondo fiduciario para obras de infraestructura sanitaria de la provincia de Santa Fe. Este fondo también será integrado mediante aportes de Aguas Provinciales, los beneficiarios, las comunas y municipios y a través de programas específicos del gobierno nacional y de la provincia. Finalmente, Emgasud revela que el total de la inversión prevista para el tiempo restante de la concesión ascenderá a aproximadamente mil millones de pesos, aunque en este caso no detalla cómo se integran.
El problema para el gobierno provincial es que si bien sus expectativas para recibir la propuesta de Emgasud eran buenas, estos puntos débiles de la presentación podrían hacer caer la viabilidad del traspaso o al menos la demorarían bastante. Y el proceso que resta para reemplazar al grupo Suez no es sencillo. Tiene una complejidad adicional. Casi simultáneamente deben darse dos acuerdos: el del nuevo operador con el gobierno, es decir, que su propuesta satisfaga y cumpla con las condiciones establecidas; y el de la misma empresa con el actual concesionario. Actualmente los dos frentes están bastante complicados. Entre las empresas hubo contactos pero todavía no hay una definición. Y con el gobierno, cuando por las vinculaciones existentes con Emgasud se presumía que todo iría sobre ruedas, se presentan ahora inconvenientes insalvables más allá de la voluntad política, como son los antecedentes del grupo y su capacidad de inversión. El problema es que la de Emgasud es la única propuesta que tiene el gobierno y hoy por hoy no parece haber otros interesados. Y las únicas salidas posibles son dos: otra empresa, o que el gobierno se haga cargo, algo para lo que no parece estar en condiciones. Mientras tanto la operación sigue a cargo del grupo Suez que ya dio demasiadas señales de querer marcharse y de que eso es una decisión tomada. Aunque habrá que ver qué pasa si no aparece nadie más en este complejo escenario.
{{{DETALLES DE UNA PROPUESTA QUE NO CIERRA
UNA SOCIEDAD ECONÓMICA}}}
La escritura lleva el número 656 y está anotada bajo el folio 2035. Es la sociedad que realizaron el 27 de junio pasado ante escribano público los siguientes socios: Juan Manuel Arias, Juan Emilio Alberdi y Alejandro Pedro Ivanissevich. Este último, con domicilio en el country Altos del Pilar, en Del Viso, es el apoderado de la sociedad denominada Fides Environment Group. El capital social es de 20 mil pesos y se integra de la siguiente forma: Arias y Alberdi, mil pesos en dinero en efectivo cada uno, e Ivanissevich, 3 mil pesos. El saldo de suscripción deberá ser integrado por los suscriptores también en dinero en efectivo dentro de un plazo de dos años. Así, la empresa que se propone manejar el servicio de saneamiento de dos millones de personas, inicia sus operaciones con un capital de 20 mil pesos que podrán integrar durante 24 meses.
Un detalle que llamó la atención de los empleados del gobierno provincial, que recibieron la propuesta y solicitud de aprobación de la operación de compra de las acciones de Aguas Provinciales de Santa Fe, es que las hojas llevan en su parte superior los nombres de Fides Group y Fides Environment y el logo de Aguas Provinciales de Santa Fe. Al pie de cada hoja aparece la sociedad anónima con sede en el country de Del Viso y una sola firma. Si los responsables de Aguas no participaron de esta presentación -como se encargaron de aclarar- ¿le usaron el papel con membrete?.
{{{MAGIA O SANEAMIENTO FINANCIERO}}}
El contrato de concesión contempla expresamente que como condición al cambio de control accionario de la concesionaria, se llevarán a cabo las operaciones de capitalización y condonación de deudas por parte de los vendedores, tendientes al saneamiento de la concesionaria. En la propuesta de Emgasud, dichas operaciones de saneamiento financiero permitirán que la concesionaria pase a registrar un patrimonio neto positivo al 15 de agosto de 2005 de 200 millones contra un patrimonio neto negativo de 131 millones registrado por la concesionaria al cierre de su último ejercicio anual, el 31 de diciembre del 2004. Si Suez, que con un capital superior a todas las empresas argentinas juntas tiene semejante déficit, la pregunta es ¿cómo hace Emgasud el milagro de crecer 333 millones? Antes de pensar en actos mágicos, en la provincia quieren averiguar quién es el auditor de esos números.
{{{EL DUDOSO TRASPASO A LA FIRMA EMGASUD GENERA CRÍTICAS}}}
El probable traspaso de la concesión del servicio de agua potable y cloacas a manos de la firma Emgasud suma voces críticas. Tanto el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Juan Carlos Zabalza, como representantes de entidades defensoras de usuarios y consumidores se mostraron ayer preocupados por el futuro de la prestación, al tiempo que el servicio se vio resentido por el paro de los empleados de Aguas Provinciales, que cuestionan el proceso de traspaso de la firma. Desde el Sindicato de Obras Sanitarias se lanzó un paro de 48 horas que continuaba hasta ayer y que determinó que pocas cuadrillas solucionaran las emergencias, lo que se tradujo en inconvenientes en diversos sectores de la ciudad, como en Ovidio Lagos al 3900 y Pellegrini y Ayacucho, y de 3 de Febrero y Santiago. En tanto, el informe del diario La Capital que dio cuenta de que Emgasud se integró con un capital social de solo 20 mil pesos, se formó hace apenas unos 20 días y tiene domicilio legal en un country de Buenos Aires, generó ayer diversas reacciones. Desde la Municipalidad, el secretario de Gobierno se mostró preocupado y advirtió que desde el socialismo «siempre se propuso que se hicieran consultas con todos los sectores antes de definir en manos de quién quedará el servicio».
En tal sentido, el gobernador Jorge Obeid ratificó anoche que al ofrecimiento de Emgasud «lo están analizando detenidamente el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Obras Públicas de la provincia», y adelantó que «en una semana o 10 días se tendrá una respuesta concreta». Pese a esto, el mandatario subrayó que «se le pedirá a la empresa que aclare todo lo que sea necesario», pero remarcó que hasta ahora «es la única firma que fue aceptada por el grupo Suez»,que controla a la en retirada Aguas Provinciales.
Por su parte, el gerente de Relaciones Institucionales de Emgasud, Carlos Serrano, desmintió que el domicilio de la firma sea en un country pero admitió que el capital societario es de 20 mil pesos. «La sociedad se constituyó con un capital mínimo, pero si obtenemos la autorización de las autoridades santafesinas, lo ampliaremos» dijo en declaraciones a LT8.
Desde la Asamblea por el Derecho al Agua, Roberto Pescia consideró que Emgasud no es más que un grupo de «soldadores de caños» y se manifestó a favor de un «manejo público» de la concesión del agua. En tanto, el dirigente de la Asamblea por los Derechos Sociales, Aníbal Faccendini, exigió que el traspaso se haga «dentro de un marco de legalidad y transparencia».
La comisión especial de estudio y seguimiento de la problemática del agua potable y servicio cloacal le presentará hoy al gobernador Jorge Obeid un escrito en el que dejará sentado su rechazo al proceso de reprivatización del servicio. También le reiterarán el pedido de audiencia que hicieron el pasado 16 de mayo y le expresarán que, previo a cualquier decisión, se realice una consulta popular. La comisión dejará en claro además su rechazo a «cualquier cambio del estado de situación actual sin participación de los usuarios y entidades intermedias».
