La idea es elevar el tope de la categoría de menor consumo, a la cual se le aplica una tarifa diferencial, de 300 Kw a 450 Kw por hogar.
De prosperar la iniciativa, más del 30% de los usuarios residenciales de electricidad recibiría una factura con monto diferenciado.
“No sabemos cómo se determinó, pero 300 Kw es un consumo muy bajo y muy difícil de alcanzar.
¿Cuántas personas logran mantener un consumo tan reducido?”, evaluó Marta Rizzo, dirigente de Prodelco, al fundamentar el pedido que, según se supo, los consumidores asociados pretenden incorporar a la agenda de la próxima audiencia pública.
Fuentes del sector aseguraron que la instrumentación de un valor diferenciado para los sectores de más bajo consumo de luz será viable con un estudio que lo respalde. Lo cierto es que, de adoptarse, significaría reflotar la idea de tarifa social, que surgió como propuesta a mediados de los 90 para nivelar los valores de los principales servicios privatizados.
Un recurso que, sin embargo, nunca prosperó. Cómo y cuándo Si bien descartaron que el tema se trate durante la audiencia pública, porque “no se admite ningún tema que esté fuera de lo que se ha discutido”, fuentes de Edemsa anticiparon una alternativa para atender su posible aplicación: reducir parte del componente impositivo de las boletas (un 25% del monto final).
La restante opción sería un subsidio directo del Gobierno provincial a la tarifa. En ese sentido, los recursos necesarios provendrían del fondo compensador de $ 2,5 millones destinado a tarifas sociales, que permite financiar beneficios a jubilados en el caso del agua y gas.
El subsecretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, aseguró que “está previsto que avancemos sobre ello para aplicarla ya el año próximo. Antes tenemos que analizarlo con Desarrollo Social”.
Insistencia Otro tema en la discusión por la tarifa eléctrica es la dilatada audiencia pública en la que se debatirá el incremento del 12,9% promedio de la luz.
Tras haber sido rechazado el recurso de amparo presentado por Prodelco que pretendía postergarla, la entidad anunció que apelará. Para la jueza Beatriz Salvini, del Tercer Juzgado Civil, la acción fue extemporánea, “ya que la ley de amparo prevé un plazo de diez días corridos”.
En tal sentido, el llamado a audiencia pública fue el 10 de junio y la demanda se interpuso el 27 de junio. Al día siguiente, el fiscal interviniente suspendió las exposiciones estipuladas “hasta nuevo aviso”.
“Nosotros reconocemos que la tarifa está algo desactualizada y no queremos impedir la audiencia, sino que se desarrolle con toda la información disponible. Y eso no es así”, expresó Rizzo.
