El Gobierno llevará adelante a partir del martes una nueva ronda de audiencias públicas a fin de destrabar las renegociaciones que tiene pendientes con las distribuidoras de gas.
Al igual que lo sucedido entre abril y mayo en la primera tanda de audiencias con las gasíferas, las nuevas convocatorias fueron decididas en forma unilateral por el Gobierno y lo que estará en debate serán las propuestas de renegociaciones que no han sido aceptadas por las empresas.
El nuevo cronograma de audiencias arrancará hoy en Córdoba con el tratamiento de la «carta de entendimiento» que la UNIREN le remitió a Gas del Centro.
Dos días después, el cita será en Mendoza para tratar el acuerdo con Gas Cuyana.
El martes 30 de agosto, le tocará el turno a Litoral Gas en San Nicolás.
Y por último, el 2 de setiembre tendrá lugar en Salta la audiencia correspondiente a Gasnor.
En el caso de Gasnea-la distribuidora de la Mesopotamia, Chaco y Formosa-, recién se esperan algún avance para después de las elecciones de octubre.
Al igual que los acuerdos con las distribuidoras que ya pasaron por las audiencias (MetroGas, Gas Natural Ban, Pampeana y Gas del Sur), las nuevas actas de entendimiento prevén una suba tarifaria del 15% promedio.
Afectará a las industrias y comercios y se aplicaría a partir del 1º de noviembre. Los hogares quedarán al margen del aumento, hasta la revisión tarifaria integral que entrará en vigencia a fin del 2006.
Las renegociaciones en juego incluyen los siguientes cambios: Cada seis meses, el Enargas revisará los costos operativos y si se disparan más del 5% actualizará las tarifas e inversiones.
Las empresas podrán pedir un ajuste extraordinario cuando sus costos suban más del 10%. Habrá un régimen de «tarifa social» para los hogares indigentes que identifiquen las autoridades.
Y durante el primer año, las cuatro distribuidoras tendrán que invertir casi $ 60 millones en obras de seguridad y expansión.
Para poder aplicar los aumentos, las compañías deberán «suspender» las demandas que hayan entablado en el país y en el exterior por la aplicación de la ley de emergencia y la anulación de la indexación que estaba atada al índice PPI de los EE.UU.
En tanto, tras la aprobación de la revisión integral del 2006 tendrán que «desistir íntegra y expresamente» de todos los juicios. Este punto se presenta como el más conflictivo de todos.
Salvo los dueños de Gasnor, los accionistas de las otras tres distribuidoras tienen juicios en el CIADI. Se trata de la norteamericana LG&E -que tiene acciones de Gas del Centro y Cuyana- y Tractebel-Suez, que controla Litoral Gas.
Hasta ahora, estas empresas rechazaron tanto los acuerdos ofrecidos por el Gobierno nacional como las «sugerencias oficiales» que buscan el levantamiento de las demandas internacionales.
