Desde Salta saldrá la primera presentación judicial contra los valores impuestos por Energía de la Nación.
Usuarios de garrafa de la Capital salteña presentarán -posiblemente hoy- un recurso de amparo en la Justicia Federal buscando que los Tribunales los protejan de la posición dominante que las empresas petroleras ostentan en el mercado del GLP y sus consecuencias en el valor del producto.
Es que con la aprobación y posterior aplicación del marco regulatorio, el valor del la garrafa de 10 kilos no bajó lo que se esperaba. De los que costaba en el mercado libre, el producto terminó en incluyendo la rebaja del IVA al 10,5%.
Sólo con esto último, debería bajar a 24, más la aplicación de la ley del marco, las estimaciones hablaban de una garrafa de o .
Pero la Secretaría de Energía echó por tierra estos cálculos -que habían sido difundidos por legisladores, Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Defensor del Pueblo- colocando un precio de referencia por región, ya vigente, de 22 o 23 pesos.
Tres estudios de costos había elaborado a fines del año pasado el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, para determinar un valor «razonable» para la garrafa de 10 kilos, con datos aportados por la Secretaría de Energía de la Nación y las empresas del sector.
En el peor de los casos para los usuarios, el producto debía costar ,80, pero cabía la posibilidad de que el precio de venta sea de ,77 o ,96. En los tres casos los cálculos fueron hechos tomando como base un IVA del 21%.
Estos valores fueron extraídos cuando el Congreso de la Nación trataba la ley del marco regulatorio para el gas licuado de petróleo (GLP) y la reducción del IVA que prometían terminar con los abusos del mercado denunciados por Mondino en reiteradas ocasiones.
La semana pasada, el defensor volvió a la carga pidiendo una fuerte sanción para las empresas petroleras porque «cometen los mismos excesos que las cementeras, que fueron castigadas por posición dominante y precio abusivos».
En la presentación realizada ante el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Ismael Malis, Mondino recuerda que el 19 de mayo del año pasado denunció formalmente «el presunto abuso de posición dominante en el mercado del GLP por parte de las empresas YPF Gas, Repsol Gas, Total Gaz, y Shell Gas».
En aquella denuncia, recordada nuevamente ahora, remarcó que «las conductas anticompetitivas sindicadas importan una distorsión en el mercado, que tiene incidencia colectiva (conforme artículo 43 de la C.N.) y resultan de particular interés puesto que el abuso de posición dominante denunciado se manifiesta a través de precios no razonables en función de costos, demostrándose que la conducta de las empresas denunciadas, posee una activa repercusión sobre el nivel de empobrecimiento del consumidor», indicó Mondino.
Lo cierto es que pese a estas denuncias, la Secretaría de Energía resolvería luego imponer «un valor de referencia que remite más a los intereses de las petroleras que a los 16 millones de usuarios de garrafas que hay en el país», se quejó Alberto Sánchez, dirigente del barrio General Mosconi de nuestra ciudad.
En la génesis de la ley de marco regulatorio, un importante caudal de firmas salieron de ese barrio apoyando la normativa.
«Nos sentimos defraudados por lo dispuesto y ahora iremos a la Justicia para que nos proteja porque a todas luces esto no cambió nada y sigue siendo tan abusivo como antes, solo que ahora ya se aplicó el marco regulatorio y la reducción del IVA», insistió Sánchez.
El camino del Congreso, cortado Mientras 4,5 millones de familias usuarias de gas licuado de petróleo (GLP) siguen padeciendo valores muy por encima de los «razonables», el Congreso Nacional no es por ahora un camino posible para cursar reclamos y exigir cambios en la reglamentación que fue calificada como «absurda e injusta» por las asociaciones de defensa del consumidor de todo el país.
Es que luego de 13 años de demoras, los diputados y senadores aprobaron finalmente un marco regulatorio para el mercado de las garrafas, dando el contexto normativo a la Secretaría de Energía de la Nación para que fije precios testigo de los diferentes envases.
Paralelamente, los legisladores, el Defensor del Pueblo, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y las asociaciones de defensa del consumidor realizaron estudios de costo para tener como referencia.
Todos pronosticaron que la garrafa de 10 kilos debía costar unos $ 17, tomando el IVA al 21 por ciento. Pero la cámara baja de la Nación agregó al marco regulatorio, una merma de la alícuota, que la dejó en el 10,5%, es decir que el precio final del producto debería ser menor aún.
Cuando la Secretaría de Energía dispuso un precio testigo de $ 22 para el NOA y de $ 23 para el NEA, todos estos estudios previos quedaron fuera de foco.
Por eso, desde el Congreso saldrán pedidos de informe a la cartera de Energía para que explique cómo llegó a un precio de referencia tan elevado, casi igualando al de mercado.
Pero las acciones desde el Poder Legislativo seguirán demoradas por la interna partidaria que enfrenta por estas horas a las distintas facciones justicialistas de Buenos Aires y que tiene a los diputados más ocupados en cuestiones políticas que en proyectos legislativos.
Entonces, esos pedidos de informe y las demás acciones que son posibles realizar desde el Congreso, deberán esperar la resolución de las disputas internas de Buenos Aires.
