Hoy en día, aproximadamente mil millones de personas en el mundo no tienen agua potable y cerca de dos mil millones no tienen servicios de desagüe adecuados.
Los gobiernos de turno han abandonado sus mandatos de proveer agua potable a todos sus ciudadanos, y de esa manera mejorar la salud pública y el medio ambiente. Esta realidad ha sido aprovechada por el Banco Mundial y las transnacionales para propagandizar la idea de que el agua ya no es un bien público (el derecho de toda persona a consumir agua una vez producido) sino un bien privado o mercancía que quienes no puedan comprarlo no la deben consumir.
Esta perniciosa ideología del capitalismo decadente, aspira a generar un mercado gigante del agua. Pero en más de dos décadas de incesante presión, solo han logrado controlar el 6 por ciento del agua de la población mundial. Los privatizadores no han sido aceptados ni en el mismo vientre del imperio. En Estados Unidos solo el 15 por ciento del agua potable ha sido privatizada, pese a que esa superpotencia necesita mas de U$S 227 mil millones para reemplazar su infraestructura vieja. (www.epa.gov/safewater/needssurvey).
Nos dicen que los objetivos principales de la privatización del agua (en todas sus formas y modelos) son el mejoramiento de la eficiencia, la expansión del servicio y la ética.
Sin embargo, en todas las privatizaciones del agua en el mundo hasta el día de hoy, especialmente en los países vecinos al Perú (Chile, Bolivia, Argentina, Venezuela), esos objetivos están lejos de lograrse. La eficiencia predicada sólo consiste en maximizar ganancias a costa de una drástica reducción del personal, eliminando sindicatos e introduciendo practicas explotativas de producción (Rindeinelli and Kasarda, 1993).
La revista inglesa The Economist (16 de marzo de 1997) reportó que los costos de producción del agua potable (para la misma cantidad de personas) por una empresa privada comparada a una empresa pública en Francia, es 44 por ciento más cara. La misma revista reporta que una porción de las ganancias de la transnacional Suez, debido al aumento de las tarifas, fue pagada a los políticos locales, quienes apoyaron la privatización del agua. Las transnacionales francesas están tras de Sedapal. Entonces la predica de la mejor eficiencia y ética del sector privado es solo un humo.
Nos dicen que la privatización del agua será un éxito en Perú, porque estará acompañada por un estricto régimen regulatorio que protegerá a los consumidores contra las prácticas monopolistas y abusos de las transnacionales. Pero los hechos demuestran lo contrario.
La regulación de las empresas privatizadas por el Estado peruano es casi inexistente lo poco que tratan de regular lo hacen tímidamente, bajo una fuerte presión del poder político y económico dominado por las transnacionales y sus aliados de la gran burguesía peruana, en control del Estado (Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, partidos políticos y la prensa).
Al contrario, las llamadas SUNAT o SUNASS, por ejemplo, actúan como aparatos políticos del gobierno imponiendo fuertes presiones financieras contra las empresas nacionales, tratando de quebrarlos (y de esa manera facilitar su privatización).
Por otro lado, se hacen de la vista gorda con las empresas controladas por las transnacionales (Barrick, etc.) o corporaciones privadas (teléfonos, electricidad, minería, energía, etc.) donde existen más violaciones a las reglas, más corrupción y tráfico de influencias.
Nos dicen que con la privatización del agua en el Perú se reducirá la mortalidad infantil como lo hizo Cuba con la concesión de su agua potable en el 2000.
Esta afirmación es muy graciosa pero descabellada (graciosa porque el Diario El Correo de Lima me dedica su artículo del 6/13/05).
Cuba ha reducido la mortalidad infantil gracias a su revolución armada triunfante, que expulso a las transnacionales y sus aliados nativos hace mas de 45 años. Así lograron reducir la pobreza, al lograr construir un sistema de salud y educación que hoy en día supera a los de EEUU. La mortalidad infantil de EEUU es 7 por cada 1.000 nacimientos, comparado a 5 de los cubanos (CIA World Factbook 2004).
Esto con un bloqueo feroz de EEUU y el abandono de la ex URSS. La tasa de mortalidad infantil del Perú «democrático» varía de 40 a 49.9, una verdadera desgracia nacional y mundial (INEI, PNUD-Perú, UNICEF, 2003). El pueblo peruano no tiene porque seguir el camino de los yanquis, tampoco de los cubanos, chinos y rusos que desviaron el socialismo hacia el capitalismo de estado. Lo que tenemos que hacer, para resolver el problema del agua y los grandes problemas sociales que agobian al país, es retomar el camino del amauta José Carlos Mariategui.
Aquí presento las 12 razones porque debemos rechazar la privatización del agua:
1. Usurpa la responsabilidad y obligación del gobierno de proveer los servicios básicos al pueblo (agua, desagüe, energía). Las transnacionales o corporaciones nativas toman el control de esos servicios con el objetivo principal de obtener ganancias (Meter Gleick, The World’s Water, 2002-2003).
2. Agudiza la falta o escasez del servicio del agua y desagüe en las comunidades pobres y asentamientos humanos. Por ejemplo, la concesión a la Suez en El Alto, Bolivia, a pesar de contener una cláusula en el contrato para expandir el servicio y mejorar la calidad, aumentó el número de familias que no cuentan con este servicio y la calidad del agua se ha deteriorado.
En Buenos Aires cerca al 30 por ciento de la población urbana no tenía servicio de agua en 1991, esa cifra no ha variado mucho pese a que la transnacional (actuando bajo el nombre de Aguas Argentinas) instaló 40.000 metros adicionales, a los usuarios que les conectó instalaciones nuevas les trató de cobrar, y cuando no pudieron pagar les cortó el servicio. Así se convirtieron en un mito las ilusiones de los sin agua. Aquí un factor que se debe analizar es el rápido e incontrolable crecimiento periferial urbano que tira al tacho los limitados planes de expansión estipulados en las concesiones (Komives 2001, Shambaugh 1999).
El desarrollo tecnológico en el mundo ha posibilitado ampliar substancialmente la cobertura del servicio de teléfonos y electricidad después de haber sido privatizados (aunque con una gran cantidad de servicios desconectados por falta de pago), ello no ocurrirá con el servicio del agua y desagüe porque simplemente cuesta mucho más caro y toma más tiempo recuperar lo invertido.
3. El aumento excesivo y continuo de las tarifas del agua y desagüe. No existe un solo ejemplo de algún país en el cual las tarifas del agua privatizada o concesionada hayan sido mantenidas lo mismo o reducido.
Las movilizaciones masivas y protestas del pueblo por el aumento rápido de las tarifas en Cochabamba (Bolivia), Tucumán (Argentina), EEUU, Puerto Rico, Johannesburgo (África del Sur), Yakarta (Indonesia), Manila (Filipinas), Malasia, prueban lo contrario (The World’s Water, 2003). Estos aumentos de las tarifas han ocurrido a pesar de que los contratos de privatización (o concesión) indicaban que no habría aumento en un determinado periodo (como el caso de la Suez en El Alto).
4. La eliminación de los subsidios del Estado. La gente pobre de San Juan de Lurigancho, de Lima y otros pueblos jóvenes de las ciudades grandes, no pueden pagar las mismas tarifas que los beneficiarios de la inequidad en Perú (los barrios ricos de Miraflores, Camacho, etc.) El balance los cubre los subsidios del Estado tal como ocurre con la electricidad y el servicio telefónico en Lima.
Otro ejemplo relacionado al agua, el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad de Nueva York nunca ha cortado el servicio de agua a las familias pobres cuando no tienen dinero para pagar, jamás. Cerca a 231,000 familias pobres (25 por ciento de usuarios) deben mas de U$S 625 millones en pagos y moras (The New York Times, Julio 3, 2005, p. 1).
Eso lo absorben los subsidios. La eliminación de los subsidios del agua en los países pobres puede ser letal. Por ejemplo, luego de la privatización del agua en Sudáfrica el 2000, la multinacional del agua empezó a racionar o cortar los servicios a falto de pago en los barrios pobres de la región KwaZuklu-Natal. Esa acción obliga a las comunidades pobres a abandonar en masa los servicios del agua potable de alto costo para usar el agua de un rio cercano, gratis pero contaminado. El resultado fue la conocida epidemia del cólera (http://www.saep.org/forDB/ forDBOct00/HetalthcholeraBEELD001025.htm) En el Perú tuvimos una experiencia similar aunque en pequeña escala, en 1991 el régimen de Fujimori procede a un despido masivo de trabajadores, incrementa las tarifas del servicio del agua al mismo tiempo que recorta el presupuesto de Sedapal. El resultado: una epidemia del cólera (el cebiche de Fujimori).
5. La pérdida irreversible de la propiedad pública a los derechos del agua. El pueblo se desmoraliza al ver que sus aguas les han sido arrebatadas para convertirlas en simple mercancía de transnacionales extranjeras. Esto lleva al abandono de la protección de las fuentes de agua por las comunidades. Este importante factor cultural es descuidado por tecnócratas irresponsables que promueven la privatización del agua (Bruns & Meinzen, 2000).
6. Ausencia de la participación ciudadana en la gestión y el monitoreo de la calidad del agua. La experiencia de los países vecinos con servicios de agua privatizados nos demuestra que las transnacionales del agua son vehementemente antidemocráticas y discriminatorias. Con la complicidad de gobiernos sumisos (similar al de Toledo y su posible sucesor) que gobiernan arrodillados ante el imperio (Raúl Weiner ya les puso rodilleras), violan los controles de calidad y eficiencia (el llamado benchmarking). No reportan al público sobre los indicadores ambientales, de salud, y de calidad, manteniéndolos en la absoluta ignorancia.
7. Promueve la contaminación de los ríos/lagos y el ecosistema. A las transnacionales del agua no les interesa la impune contaminación de las fuentes de agua por las transnacionales mineras y petroleras. Por ejemplo, ¿qué tipo de control de calidad negociaría la Suez (potencial dueña de las aguas del Perú) con Doe Run (el peor contaminador de los ríos del país), Petroplus (transnacional criminal de las aguas del alto amazonas), Newmont (un equivalente a Momon en el crimen corporativo mundial), Billiton, Barrick, Volcan, etc.? Sólo este tipo de control: el de repartirse con calidad y eficiencia las utilidades obtenidas de la explotación de nuestros recursos naturales.
8. La falta de eficiencia y los principios de conservación del agua. Para una transnacional, vender el agua como mercancía es mucho más rentable que gastar recursos en educar al pueblo sobre los beneficios de la eficiencia y conservación del agua. El reciclaje, eficiencia y conservación de agua reduce las ventas. Cuanto más despilfarran el agua, mejor (con tal que me paguen). La educación ambiental (conservación y eficiencia del agua) son medidas necesarias para un país pobre como el nuestro que tiene escasez de agua potable. Esto incluye a las empresas públicas del agua (EPS) del interior del país que fácilmente pueden sostenerse y mejorar el servicio introduciendo técnicas simples y baratas, y así eliminar la posibilidad de su privatización y destrucción.
9. Empeora la calidad del agua. Las empresas privadas tienen pocos incentivos para solucionar los problemas de salud crónicos y de largo plazo asociados con la contaminación del agua, con concentraciones iguales o por encima de los niveles permisibles por la Organización Mundial de la Salud o la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU. El carácter inherentemente antidemocrático de las transnacionales del agua no permite la participación ciudadana en el monitoreo del servicio del agua, sumado al rol débil del gobierno en regular este servicio. Estos hechos garantizan el empeoramiento de la calidad del agua. Los privatizadores, con el Banco Mundial a la cabeza, sostienen que con un control estricto del gobierno y la comunidad, la calidad del agua mejorará. Eso es falso. No ocurrió ni en Inglaterra, donde las leyes son leyes. Orwin afirma que allí aumentaron las multas pero no mejoró la calidad del agua (www.environmentprobe.org/enviro-probe/pubs/ev542.html). En Chile, no ocurrió ni lo uno ni lo otro, a pesar de que crearon una agencia independiente para este propósito, llamada Superintendencia de Servicios Sanitarios.
10. Despido de trabajadores y personal técnico calificado. La pérdida del capital humano es irreversible. Las concesiones son a largo plazo (10-50 años). La experiencia ganada en servicios laborales, gestión, ingeniería, planes de desarrollo y expansión, relaciones con la comunidad, etc., se perderán para siempre. Las empresas privadas del agua buscan recuperar costos maximizando sus ganancias, y lo más fácil es eliminar empleos. En el periodo de transición, permiten a algunos trabajadores que continúen en sus puestos, pero esto es una conocida táctica para dividir al gremio. Luego que la nueva empresa se consolida, los ayayeros también son echados a la calle. En el mejor de los casos, la privatización permite reducir el personal a través de retiros voluntarios (como está haciendo ahora mismo Doe Run en La Oroya), ojo que a los que se quedan se les hacen nuevos contratos eliminando sus beneficios adquiridos (Byrne 1996).
11. Elimina la competición. Privatización no es lo mismo que competición. La competición puede ocurrir cuando el Estado ofrece en venta o concesión una empresa nacional, pero nuestra historia de privatizaciones demuestra que sólo existió corrupción y soborno. Es por eso que casi todas las privatizaciones de empresas públicas hechas en Perú desde los 90’s pueden considerarse ilegales. La privatización genera monopolios, no competición.
12. El deterioro del mantenimiento y la infraestructura del agua (fuentes de abastecimiento, reservorios, tratamiento, tuberías, etc.) Promoverá el fin de la cooperación internacional al servicio de agua de los municipios locales y provinciales (adiós a las donaciones de Alemania, Japón, etc.). Ese dinero será compensado por el aumento de tarifas.
En conclusión, la oposición a la privatización del agua potable por el pueblo peruano se justifica plenamente porque tendrá un impacto negativo en su vida diaria. Los potenciales impactos a la salud del pueblo, al medio ambiente, a la calidad del agua, al acceso de los sectores pobres al agua y desagüe, las desconexiones arbitrarias, la falta de participación pública, la estabilidad laboral, el deterioro de la infraestructura a largo plazo, el inevitable aumento de las tarifas, etc., justifica nuestro profundo rechazo. El agua es vida y la vida no tiene precio.
{{{Referencias:}}}
{{Bruns B.R. & Meinzen, Negotiating Water Rights, International Food Policy Institute, New Delhi, India.
Byrne, H.S. 1996. Precious Fluids. Barron’s, Chicopee (August 19, 1996)
Glieck P., The World’s Water: Biennial Report 2002-2003, Oakland CA.
Komives, K. Designing pro-poor water and sewer concessions: lessons from Bolivia, Water Policy, Vol. 3, No. 1, pp. 61-80, 2001.
Orwin, A. The Privatizacion of Water & Wastewater Utilities, Canada, 1999.
Rondinelli, D. & Kasarda J. Privatization of Urban Services in Developing Countries: An assessment of Experience, 1993.}}
