Estos serán los ejes temáticos y de discusión:
-Energía, Democracia y Paz.
-Estado, Soberanía e Integración Energética.
-Energía, Ambiente y Desarrollo Sustentable.
-Energía, Desarrollo Científico-Tecnológico e Industrialización.
-Energía, Derechos Laborales y Movimiento Sindical.
Como encuentros preparatorios en nuestro país, durante los meses previos, se realizaron actividades en Capital Federal, La Plata, Chaco, San Nicolás y Balcarce, en donde se planteó la necesidad de recuperar los recursos energéticos, hoy en manos de empresas multinacionales, para beneficio de los pueblos; se habló de Soberanía de los Estados y derecho de uso universal e igualitario de recursos que son un bien social y no una mercancía.
Sin dudas, los documentos y declaraciones producidos por FeTERA, y por el Foro Argentino y el de Caracas, pueden servir de puntos de partida y base hacia el Encuentro Nacional e Internacional del 3 de noviembre.
{{
PROGRAMA ENERGÉTICO ALTERNATIVO PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA}} (Elaborado por la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina.)
{{{I. Lo que fue:}}}
{{EL CATASTRÓFICO MODELO ENERGÉTICO NEOLIBERAL}}
Las circunstancias de la realidad social de los últimos años se caracterizan por la ineficacia, la incertidumbre, los desequi-librios y los fracasos colectivos, que son hechos condicionantes visibles del comportamiento de nuestro pueblo, generados a partir de la imposición del modelo neoliberal y de la ausencia de respuesta a un modelo que produjo el empeoramiento de América Latina.
Las alteraciones operadas en los últimos años con las privatizaciones, la caída constante de la demanda de bienes y de la tasa de ganancia de las empresas productivas por la parasitaria inversión financiera, se establecieron con ajustes permanentes hacia abajo, tanto en la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora, como en el grado de flexibilización de las condiciones laborales, eufemismo con que se designan las nuevas formas de explotación de los trabajadores que aún conservan el puesto de trabajo; mientras otros van ingresando primero al ejército de desocupados, luego, al de excluidos del tejido social, y finalmente, a ser parte de la marginación integral.
La mera descripción de los perniciosos efectos sociales y económicos del modelo neolibe-ral impuesto por las grandes potencias económicas y sus organismos financieros internacionales, permite señalar los puntos primarios reivindicativos más imperiosos de los trabajadores: salarios dignos, trabajo estable, modificación de las actuales relaciones sociales, desarrollo productivo, inclusión social, participación decisiva y democratización en la gestión de las empresas, solidaridad internacional, integración regional. Todos estos objetivos podrán materializarse desde dentro o a través del cambio de sistema, pero siempre con la intención de deshacer al modelo antisocial y antinacional que tuvimos que soportar.
Aceptar el modelo neoliberal implicó aceptar el neocolonialismo y la resignación de nuestro poder de decisión o soberanía. Con el ensayo neoliberal, la deuda externa se triplicó, la mayor parte del patrimonio público se ha vendido y desnacionalizado, las exportaciones son de productos primarios y de recursos naturales (petróleo y gas natural) sin valor agregado, pero tecnológicamente atrasadas. Las estructuras energética, educativa y sanitaria se han degradado profundamente. La clase política se deslegitimó y, por sobre todas las cosas, hay una profunda crisis de representación. Esto conforma una nueva colonización, no necesitando para ello intervenciones militares, ni ocupación territorial como en la época del imperio anglosajón, sino que se realizan por las acciones de los organismos internacionales de crédito, el capital financiero global, los grupos locales concentrados y las complicidades gubernamentales.
El proceso privatizador está relacionado fuertemente con la nula deuda externa impuesta al pueblo argentino. En la mayoría de las grandes privatizaciones se permitió que los compradores lo hicieran con papeles devaluados de la deuda externa, al valor de emisión. Los defensores del mercado siempre eligieron dar prioridad a los negociados, que al “mercado libre” que defendían.
{{{II. Lo que debe ser:}}}
{{LA ENERGÍA COMO BIEN SOCIAL Y FACTOR ESTRATÉGICO.}}
En documentos realizados por FeTERA hemos analizado el panorama energético argentino y su situación de coyuntura. El diagnóstico energético del país sigue siendo desalentador para la inmensa mayoría del pueblo, incluyendo a los trabajadores.
Para FeTERA, la energía es un derecho humano esencial, y como tal, debe ser contemplado y concebido en el marco del conjunto de los derechos humanos esenciales. Los derechos del hombre definidos como las libertades primarias (el derecho a la vida, los derechos políticos) no se pueden asegurar mientras no se respeten los otros derechos irrenunciables, como el derecho al trabajo, el acceso a la cultura, a la información, a la vivienda, al salario universal, al alimento, a la salud y a la educación. El ejercicio del derecho a la energía y al agua, como de todos los demás mencionados, necesita la formulación de un nuevo modelo de país, de una nueva estructuración social, de nuevas metas nacionales y regionales que implique un contrapoder a la hegemonía imperial del poder económico globalizante.
Hay que construir una nueva concepción de la unidad latinoamericana, refundar el Mercosur sobre las bases de atender las necesidades de sus pueblos, como paso hacia la integración bolivariana, como forma de luchar por la plena independencia y el crecimiento de sus habitantes.
Un programa alternativo para la energía en Argentina debe ser consecuencia de la formulación de un nuevo modelo de país, de nuevas metas nacionales, que desvinculen a nuestra patria de la voracidad del poder económico globalizante; en fin, una nueva política nacional, y una nueva concepción del Estado.
Ello sólo sería posible si, dentro del contexto de nuestra región, surgieran y se afirmaran posturas nacionales también favorables a la preservación y defensa de los intereses de nuestros pueblos. En mayor o menor grado se desarrollan ya, en la misma, procesos sociales y políticos que anuncian algo que puede llegar a parar el avance de esta crisis, cada vez más aguda y sofocante. Es una condición primordial preparar y conducir “masa crítica” para los grandes cambios, como el recientemente iniciado en Bolivia con su “revolución del Gas”, donde han rechazado a los responsables de la privatización del petróleo y del gas, y la venta de YPFB y de varias empresas públicas. Su respuesta, como en Venezuela, consiste en recuperar los hidrocarburos para el país, y la derogación de las leyes y decretos que privatizaron al sector energético, en forma muy similar como se hizo en nuestro país. Estos cambios que sobrevendrán en América Latina impedirán la repetición de las intervenciones armadas y golpes de Estado instrumentadas por los poderes centrales, que caracterizaron este siglo que agoniza, debiendo terminar también con las “democracias sumisas sin participación popular” que las sucedieron. Se pueden precisar algunos requisitos a los que el sector energía deberá responder, en el marco de una nueva situación nacional donde se privilegie un desarrollo de los intereses nacionales dentro de un contexto regional que beneficie a los países y no a los grupos económicos concentrados, que sea geográfi-camente equilibrado y socialmente equitativo. En primer lugar:
a) La renta que hoy produce el sector, especialmente el petrolero, resulta de puro beneficio para los grandes grupos económicos que la remesan a sus países de origen y a los grandes centros financieros internacionales. Esta renta, que económica y éticamente pertenece a los países donde se genera, debe volver al conjunto de la Nación para impulsar la inversión real y genuina, y no servir al lucro y especulación que la inversión financiera y accionaria ha puesto en riesgo el desarrollo de la energía y la seguridad jurídica de los usuarios y trabajadores. Debe darse prioridad a la inversión y producción de las actividades de más alta tecnología y valor agregado, priorizando aquéllas capaces de generar la recuperación del nivel de empleo en el país, lo que será imposible mientras el control de la renta y la planificación estratégica del sector no sean recuperadas para el país.
b) En el mismo sentido, se deben recuperar y reconstruir las empresas vendidas a precios de remate, como así los recursos naturales (como el petróleo crudo, el gas natural, la caída de las aguas, la minería energética, etc.) que administraban, en una especie de saqueo pocas veces visto en el mundo.
c) Las instituciones de investigación y desarrollo de ciencia básica y tecnología del país fueron arrasadas o ahogadas presupuestariamente durante la continuidad de administraciones que se insertaban en el modelo neoliberal que pretendían único y universal. Se deben rescatar los desarrollos tecnológicos, como los de CNEA, INCYTH, INTI, Laboratorios de YPF, etc. Rescatar esos organismos, elevar su grado de excelencia, crear nuevas entidades, por ejemplo en relación a la protección de la naturaleza, estudio del clima y del medio ambiente, la destinada a la investigación de fuentes alternativas o no convencionales de energía y, en general, la utilización racional de todas las fuentes disponibles en el país, etc. La educación y capacitación tecnológica y funcional, en todos los niveles, deberá impulsarse veloz y resueltamente para alcanzar la altura que corresponde a este gran desafío.
d) La situación que intentamos concebir, no sólo exige condiciones intrínsecas en el interior del sector, sino también la recuperación de las palancas fundamentales del progreso de la Nación y de cada una de sus regiones y provincias, sin provocar fragmentaciones falsas, tan alentadas por sectores multinacionales para debilitar la autoridad del país en su conjunto. La actuación recuperatoria debe alcanzar a la moneda, la banca oficial, las comunicaciones, el transporte terrestre, fluvial, marítimo y aéreo, etc. En pocas palabras, debe recuperarse al propio Estado del modelo neoliberal, debilitado cuando debe servir al interés general, pero activado a favor de los intereses económicos concentrados. Los recursos de la renta energética (que proveen los hidrocarburos, el carbón, la electricidad hídrica, térmica, nuclear, etc.), deben ser administrados por una única institución financiera de carácter federal, que solventará los proyectos, emprendimientos y el esfuerzo tecnológico del sector, y el cuidado del medio ambiente.
e) Es imprescindible reconstruir una estructura planificada del sistema energético nacional, que rechace la desregulación o una regulación favorable a los monopolios y oligopolios transnaciona-les. Planificar el sector exige la presencia de un Concejo concebido federalmente, en el que confluyan todos los sectores interesados e idóneos de la sociedad y del Estado: las universidades nacionales, las instituciones civiles (usuarios, trabajadores, comercio, industria, agro) etc. No se trata de establecer una élite de especialistas, ni una burguesía nacional con vocación de lobbysta de los grupos internacionales, sino crear un foro permanente, democrático y participativo de los sectores involucrados con el sistema energético nacional del pueblo argentino.
f) El descuartizamiento de actividades tales como la de la electricidad y el gas natural -entre otros- en “unidades de negocio”, separando producción, transporte y distribución, no responde a la naturaleza física de los sistemas, ni a los requisitos de asegurar plenamente la demanda de los usuarios, contar con las reservas, ni a la optimización social y económica en la gestión y operación de los mismos. Deberá restablecerse la racionalidad en el enfoque global de todo el sector, como también retornar a la indelegable función planificadora del Estado.
g) Superar el torpe concepto de “commodity” que el neoliberalismo pretende imponer a los recursos energéticos, incluso a los no renovables. La fracasada preferencia neoliberal de que las exportaciones están antes que la demanda interna, social y económica, responde a ese criterio de que los recursos naturales del país son commodities, al contrario de lo que hacen los países más poderosos del mundo. Urgentemente debe reimplan-tarse el uso conservativo de los mismos, reconociendo su carácter de bienes estratégicos. La explotación de los mismos excluirá los contratos de concesión, que habían perimido mundialmente hace más de veinte años, pero renacidos por imposición de las multinacionales en nuestro país y algunos pocos países de América Latina . Ello implica asimismo retornar a los recursos renovables como prioridad, no sólo mediante nuevos emprendimien-tos en el país, sino mediante las interconexiones y la integración de las empresas públicas entre los países vecinos.
h) Aparte de estos rasgos generales de una transformación del panorama energético de la Nación, con el retorno hacia una soberanía de todo el pueblo, hay una urgencia en lograr ciertos cambios fundamentales en algunos aspectos claves de la coyuntura en el sector. Ello podrá alcanzarse más pronto o más tarde, de acuerdo a la intensidad y unidad de la lucha que desarrollen los sectores nacionales y populares por lograrlo.
{{{III. Los objetivos de la lucha:}}}
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BASES DEL PROYECTO NACIONAL ENERGÉTICO.}}
Lo Estratégico:
Nacionalizar las fuentes energéticas sobre la base de que su dirección y control deben estar en manos del pueblo, lo que significa establecer el control social del sector.
La Coyuntura.
Proceder a la revisión de todas las privatizaciones realizadas, especialmente las que hayan sido ejecutadas mediante decretos inconstitucionales y/o leyes especiales sancionadas con manipulación de los quórum, violentando la soberanía, a precios de liquidación, comprometiendo la misma o limitando el ejercicio del poder de futuros gobiernos. Y anular todas las privatizaciones realizadas, que no hayan respetado las leyes y procedimientos vigentes; tendiendo a la recuperación, por parte del Estado, de dichas empresas.
También nos oponemos a los proyectos de privatización de las empresas del área de energía, en algunas provincias, que quieren repetir la fracasada política energética nacional o impulsar una reestatización sin futuro.
Anular la “libre disponibilidad de crudos y gas” impuesta por decretos, por exigencias de los monopolios y oligopolios petroleros que operan en el país. Intervenir las empresas energéticas privatizadas para que la voluntad popular, libremente manifestada, establezca su condición futura. Detener las exportaciones de petróleo crudo y gas, excepto aquéllas que no ponen en crisis las reservas nacionales y la demanda interna a largo plazo, y siempre que se realicen con acuerdos previos de integración auténtica con países hermanos limítrofes. Anular el insólito beneficio otorgado en la década de los años noventa, por el cual, las compañías que exportan nuestro petróleo y gas natural, dejan en los mercados financieros internacionales el 70 por ciento de las divisas de sus exportaciones.
Prohibir la remisión de las ganancias de las empresas energéticas al exterior estableciendo cuotas obligatorias de inversión para mantener los niveles de reservas. La decisión sobre las reservas, los volúmenes de producción y niveles de generación, como la formación de precios de comercialización corresponden al Estado Nacional.
Restablecer una política de exploración y explotación petrolera, asumiendo el Estado Nacional una acción directa que rescate el acervo tecnológico nacional que lograra Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado, organizando a sus trabajadores y técnicos en una empresa federal moderna y controlada socialmente. La gestión de las reservas, los volúmenes de producción y las formas y precios de comerciali-zación, deben ser determinados por el Estado Nacional. Las tarifas y los precios mayoristas del crudo y del gas natural deben basarse en los costos internos que responden al carácter social y económico del país, y no en los precios internacionales, que responden a motivos políticos y a la fijación de precios por los poderes económicos oligopólicos.
La Nación Argentina debe declarar que los bienes energéticos son estratégicos y esenciales, y que las actividades petroleras, gasíferas y de la energía eléctrica son servicios públicos. La Ley de Hidrocarburos N° 17.319, en lugar de las modificaciones propuestas por empresas privadas y algunos funcionarios provinciales para blanquear de los Decretos 1055, 1212 y 1589 del año 1989 y por los cuales se definió al petróleo y al gas natural como simples mercancías, debe ser reemplazada por una nueva Ley que restablezca su carácter de bienes sociales y estratégicos para la Nación, anulando la libre disponibilidad de los hidrocarburos.
Detener toda venta de empresas petroleras y de acciones de empresas públicas que aún queden en propiedad pública con la intención de recuperar los recursos petroleros para la Nación. Se debe mantener, como hasta ahora, la defensa de las centrales hidroeléctricas binacionales Yacyretá y Salto Grande, como las centrales nucleares Atucha I y Embalse. En Salto Grande deberá asegurarse la propiedad y gestión de carácter binacional, más allá de la participación provincial en la renta. Se debe restaurar la CNEA en su antiguo nivel de excelencia en ciencias básicas y aplicadas, en una entidad única e indivisible, y conseguir del gobierno el compromiso de reiniciar la construcción de Atucha II. En función del bajo costo y de la gran reserva de agua turbinable disponible en el país, se debe promover el estudio y la construcción de centrales hidroeléctricas, apoyados en estudios que minimicen los impactos ecológicos. Respecto a la energía nuclear, se debe enfatizar la prevención acerca de los residuos nucleares y su tratamiento, que aseguren los derechos de las nuevas generaciones.
Terminar con la dilapidación del gas natural a través de las exportaciones al exterior sin planificación alguna, como el caso de los gasoductos Norandino y Atacama que compiten con una línea de transmisión, mientras que, por falta de planificación estatal e ineficiencia privada, operan al 25 por ciento de su capacidad de transporte de gas natural. Esta ineficiencia y falta de planificación también se manifiesta cuando se permite que se genere electricidad en base de turbinas de ciclo combinado, relegando el potencial de recursos renovables que tiene nuestro país. Debe establecerse una regulación de estos proyectos por el Estado y autorizar sólo aquéllos realmente justificados. Se debe crear un ente federal planificador e integrador de la energía nacional, con participación activa de los sectores involucrados.
Establecer una recomposición salarial para los trabajadores activos y pasivos del sector, que les permita acceder a una canasta alimentaria y de bienes y servicios dignos y adecuados para la época actual. Reafirmar los convenios colectivos de trabajo homologados ante el Ministerio del área, en cada rama de la energía, para su aplicación efectiva en defensa de los derechos adquiridos por los trabajadores. En ese contexto, rechazar la mano de obra contratista, que busca confirmar estructuras paralelas de servicios donde la variable es el trabajador contratado con sueldos depreciados y bajo regímenes de otra actividad ajena al servicio. Oponerse a la tercerización de la mano de obra calificada, formada, técnica y profesionalmente en el ejercicio de la función, para evitar la prevaricación de los servicios.
Desarrollar una política de aprovechamiento de los recursos carboníferos en función de las nuevas tecnologías. El Estado recientemente debió retomar la conducción estratégica de esta actividad ante el fracaso y huida de los grupos privados, que tomaron la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales con el objeto de hacer negocios en base a los subsidios que recibe este material como fuente de energía eléctrica. Ahora, el Estado debe modernizar y repotenciar el sector y la empresa minera, garantizando la producción carbonífera a fin de lograr el equilibrio armónico con las exportaciones y el consumo de los recursos energéticos.
La política sectorial, y particularmente la prestación de los servicios públicos energéticos, entendida en el concepto más amplio, debe asegurar que todos los habitantes puedan acceder al consumo de los bienes energéticos en el presente y en el futuro, en igualdad de oportunidades, sin distinciones fundadas en su nivel socioeconómico o lugar de residencia, en condiciones que garanticen la continuidad, calidad y economía del servicio, la racionalidad en el uso y la conveniencia para el medio ambiente.
Prohibición del corte de los servicios públicos por falta de pago de los usuarios, debiéndose establecer la tarifa de interés social. Si antes de 1989 éramos usuarios y nos convirtieron posteriormente en clientes cautivos, nuestro objetivo debe ser rescatar nuestra condición de usuarios y de trabajadores de empresas productivas y no de aventuras financieras que grupos privatistas las convirtieron al renegar del concepto social y estratégico de la energía.
HACIA UNA ACCIÓN COMÚN.
La respuesta ligera de la reprivatización de los sectores de la infraestructura y los servicios públicos, que encaran algunos sectores del gobierno, de acuerdo con algunos con grupos empresariales conocidos, parece que intenta mantener al modelo neoliberal y no será positiva para la gran mayoría del pueblo argentino. Incluso, la renegociación de la deuda externa continúa cargando los sacrificios sobre las espaldas de los trabajadores, con el congelamiento del salario de los trabajadores del Estado y de las jubilaciones ínfimamente superiores a las mínimas.
Se debe cambiar el Modelo, no corregirlo para mejorarlo o empeorarlo. Se debe nacionalizar, no reprivatizar.
Se debe denunciar el acuerdo tácito entre privatizadores de ayer y reprivatizadores de hoy. Los grupos que proponen mantener o recrear estas políticas no pueden presentarse como opositores, ya que no se diferencian del oficialismo.
No se puede aceptar que se revivan los contratos de concesión o se adecuen en contratos nuevos donde el Estado no asuma la gestión de los recursos naturales de la energía. Los contratos se anulan o abrogan, pero no se los debe renegociar para mantener el espíritu básico con el que se los estableció.
Pero la potencia del trabajo es, en el mundo, aún mayor. No sólo por constituir el trabajo la condición esencial humana, sino porque el trabajo tiene por único destinatario al propio hombre y no simplemente al lucro, y la especulación. El camino a recorrer está lleno de amenazas y sufrimientos, pero la crisis actual, que pone a la vista el fracaso neoliberal, se resolverá finalmente dando lugar a una nueva era de Justicia y de Solidaridad.
Los trabajadores argentinos de la energía consideran que ha llegado la hora para que todos los sectores populares se auto convoquen, sin discriminación de orígenes, a todos los trabajadores, y a toda la población, para luchar por el Proyecto Nacional de cambio. Así como cuando el pueblo se une, ya sea a hechos que la Historia no puede desconocer (las jornadas del 19 y 20 de diciembre) o luchas sectoriales que se repiten todos los días (contra la suba de las tarifas, la denuncia de cortes de prestación de servicios, la provocada por abusos policiales y sexuales, así debe tomarse conciencia de la necesidad de transformar el modelo económico y social que el pueblo sufre. Este es el camino, para que no se continúen las acciones para manipular la opinión pública a favor de las fracasadas privatizaciones.
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Para tener en cuenta.
{{{Datos del FORO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ENERGÍA DE LOS PUEBLOS}}}
{{LUGAR DE REUNIÓN:}}
_ El lugar de reunión será el Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, ubicado en la calle 25 de Mayo 4115.
{{HORARIOS:}}
_ El Foro comenzará a sesionar a las 09:00 hs. del día jueves 3 de noviembre y concluirá a las 17:00 hs del mismo día.
{{PARTICIPANTES:}}
_ Participarán sólo personas y organizaciones inscriptas previamente.
Participarán organizaciones de trabajadores de las distintas ramas de la energía, de toda América, organizaciones sociales y políticas, de usuarios y consumidores, científicos y técnicos.
{{LÍMITES DE PARTICIPACIÓN:}}
_ La utilización del espacio asignado, obliga a proponer un máximo de trescientos (300) participantes.
{{LOS RECURSOS ENERGÉTICOS:}}
_ El Foro defenderá el carácter estratégico del Petróleo, el Gas, el Agua, la Energía Eléctrica, el Carbón, la Energía Nuclear, la Energía Eólica, la Energía Solar, el Hidrógeno y cualquier otra forma de recurso energético que resulte beneficioso para el desarrollo de los pueblos.
{{ORIENTACIÓN POLÍTICA DEL FORO:}}
_ El Foro propone desarrollar políticas y estrategias continentales, destinadas al reconocimiento de los recursos energéticos y naturales, como estratégicos y fundamentales para el desarrollo de los pueblos.
Desde este punto de vista, se exigirá la recuperación de los recursos concesio-nados y/o privatizados, reclamando la propiedad estatal de la gestión de los mismos y la administración social en manos del pueblo.
