Con todo esto el nuevo año comenzó con algunos cambios favorables: la cooperativa retomó el diálogo, admitió la deuda y la correspondencia del pago, y se pudo avanzar en la discusión de fondo y en todos los aspectos que aparecieron durante el conflicto: las sanciones, la calificación de ilegal de las medidas de fuerza, el reconocimiento de la correspondencia del pago de bonificaciones, entre otros.
El Sindicato Luz y Fuerza La Pampa -afiliado a FeTERA y CTA- y la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa fueron convocados el 20 de diciembre por el Ministerio de Trabajo, primero a una conciliación obligatoria y luego a una audiencia que se llevó a cabo el 5 de enero.
Con esto, se echa por tierra varias de las falacias que la entidad intentó sostener, como es el desconocimiento a la legitimidad del Sindicato Luz y Fuerza La Pampa, y la validez del reclamo por el pago del decreto. Y a la vez permitió exponer ante la opinión pública, los verdaderos intereses de la patronal, que escondidos en el carácter social de una cooperativa, se dedica a suspender trabajadores, descontarles el sueldo, y negarles el derecho a organizarse y reclamar.
Por eso, el mismo día en que fue convocada la audiencia, a través de un comunicado, el sindicato pampeano le exigió al Presidente del Consejo de Administración, la devolución de los haberes descontados, y el armado de una mesa de discusión sobre sueldos y deudas con los trabajadores para resolver plazos y montos.
Y por eso la Resolución del Acta de la Asamblea celebrada ese día, incluyó una primera propuesta de la cooperativa (que ya consistió en un primer avance), los planteos y demandas de los trabajadores, el anuncio de una asamblea de trabajadores para el 6 de enero y una nueva audiencia de partes el 10 de enero.
De más está decir que no está en el ánimo de los trabajadores, en ningún momento el tener que enfrentarse con la entidad, que de hecho, somos justamente los trabajadores quienes más y peor hemos pagado las consecuencias de la devaluación del 2001, de la que surgió este decreto y su posterior blanqueo. Pero también que, como corresponde, y esto incluye las movilizaciones, paros, y marchas por las calles de Santa Rosa que se registraron en este tiempo; sin dudas se defenderán los derechos adquiridos que la patronal niega, como el pago en tiempos y formas de este decreto presidencial.
Durante los primeros días de este 2006, el gobierno otorgó un subsidio a las cooperativas eléctricas de la zona, que decidieron destinar a parte del pago adeudado, lo cual significó otro paso adelante, destacado por la representación gremial: por un lado, volvió a reconocerse la deuda, su retroactividad, y la legitimidad del reclamo, y además, se avanzó en la búsqueda de una solución concreta al problema. Como cuestión observable, la Cooperativa de Santa Rosa, La Pampa, no reconoce una serie de bonificaciones de pago obligatorio, y sostiene la intención de determinar como opcional la realización de tareas que impongan su pago a los trabajadores, quienes -también en éste- tienen un derecho adquirido.
En medio de este conflicto, comerciantes y vecinos del centro de la capital provincial fueron víctimas de un corte del servicio que incluyó el incendio de instalaciones de tendido eléctrico. Esa situación, que fue descripta por la gerencia ante los medios de prensa locales como de “desidia personal de algún trabajador”, y que fueron “causa de nuevos perjuicios para la comunidad”, volvieron a demostrar la situación de precariedad del servicio y descalificación que los trabajadores sufren y que también tiene como víctimas a los usuarios. Quienes, a esta altura, reconocen quién es quién en este conflicto, y apoyan a los trabajadores de Luz y Fuerza, en un reclamo, que no es sólo gremial, sino en defensa del acceso de todos a un servicio como la energía, que debería ser considerado un derecho.
{{{Asamblea de socios con presencia de trabajadores.}}}
La conducción de la cooperativa reunió a un grupo mayoritario de socios en una asamblea en la que estuvieron los trabajadores de Luz y Fuerza La Pampa. En esa oportunidad, los socios presentaron un documento muy crítico contra la conducción responsable de manejar la cooperativa y mostraron claramente su apoyo a los trabajadores y a que terminen de una vez los conflictos entre la entidad y el gremio. “Nosotros -expresó Nahuel Lino, Secretario Gremial del sindicato- ya habíamos llegado a un preacuerdo con la empresa y en ese sentido logramos los objetivos propuestos: que se levantaran las sanciones a los compañeros que estaban en esa circunstancia y que nos pagaran los salarios caídos. Hablo de la 392 -aquel aumento que dio el gobierno de Kirchner en 2003. Y después de años de lucha hemos llegado a un buen acuerdo: ningún compañero ha sido sancionado y nos pagarán los salarios caídos y el retroactivo. No nos podemos quejar. Con nuestro secretario General, Julio Acosta, que ahora está postrado por un accidente automovilístico, hemos venido levantando esta bandera, el derecho de los trabajadores, a su dignidad, al salario digno. Y estamos en la FeTERA, la CTA y nuestra lucha es contra este sistema de opresión, de hambre para el pueblo. Nuestra lucha, nuestra pequeña lucha ha sido parte de este sueño más amplio y por una sociedad sin hambre”.
