Al Sr. Presidente de la República
A los Sres. Legisladores Nacionales
A los integrantes del Ministerio Público y Organismos de Control
Es tiempo de decisiones históricas, las que afectarán sin duda nuestra continuidad como Nación soberana. O nos decidimos a favor de nuestro pueblo a recuperar lo que nos pertenece, o nos remitimos a ser meros ejecutores de los intereses de los que ostentan el poder económico. Ante la firma de convenios de exploración y explotación hidrocarburífera celebrados entre Enarsa y multinacionales petroleras, la Comisión Nacional para la Conmemoración del Centenario del Descubrimiento del Petróleo Argentino (CoCePA) formula la presente Carta Abierta.
-# El día 11 de enero del 2006, en conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, avalada por la presencia del Sr. Presidente de la Nación, se anunciaron sendos Contratos mediante la modalidad contractual conocida como “de participación” entre Enarsa y multinacionales petroleras. Con posterioridad se anunció un convenio de similares características con la firma chilena SIPETROL.
-# Dichos Acuerdos, hasta la fecha, se han sustraído al conocimiento público. En base a la información oficial disponible evaluamos que los documentos firmados terminan por ceder al capital externo petrolero, la parte del mar territorial argentino que no había sido todavía concesionada. Se completa así la política petrogasífera que entregó totalmente la explotación del subsuelo territorial que es la causa de la grave situación actual en materia de reservas y producción. Política que, además de depredar los recursos ha diezmado ciudades y poblaciones enteras construidas por la YPF estatal, provocando dramáticas situaciones sociales para los trabajadores y pobladores de todas las regiones petroleras, como se expresó en los recientes sucesos de la Provincia de Santa Cruz.
-# Se adjudica, sin licitación de ninguna especie y sin cumplir siquiera con las estipulaciones de la Ley de Hidrocarburos, gran parte del mar territorial argentino. Para ello se utiliza una tercerización que da a unos pocos funcionarios la decisión sobre potenciales miles de millones de dólares. Este camino que elude y evita las licitaciones se efectúa a través de dos pasos:
-* la entrega de la concesión de todo el mar a Enarsa, una empresa mixta cuyo capital es 65% estatal y 35% privado. Pudiendo incluso ser extranjero.
-* Enarsa, al asociarse con otras empresas, «cede» la concesión sin licitación alguna y también resigna la calidad de operador.
-# Surge claramente que el primer paso en esta dirección se dio con la creación de Enarsa, que en su momento suscitó la oposición de numerosas asociaciones, legisladores nacionales y personalidades de la política y la cultura nacionales vinculadas al tema. Presume de su condición de «concesionaria» del petróleo de todos los argentinos (a excepción hecha del ya concesionado o en proceso de provincialización). Y por su mixtura accionaria entrega beneficios propios de empresas estatales a socios cuya identidad y método de selección son desconocidos. En los convenios que estamos analizando, cualquiera de las multinacionales firmantes adquiere el carácter de concesionario con el simple procedimiento de la compra de una acción de Enarsa adquiriendo derechos de tal sobre el mar argentino.
-# Son tres los Contratos: • El denominado «contrato estratégico» firmado sólo con Repsol YPF. Cada una de las empresas aporta las áreas sometidas a su concesión. Enarsa las concedidas en la ley de creación de la misma y Repsol-YPF las obtenidas con el menemismo, y mediante la cual se entregaron a esta firma extranjera la mayor parte del litoral marítimo argentino.
-* Otro es el Acuerdo de Exploración y Explotación en la cuenca Colorado Marina, se hace con Repsol YPF (35%) que será el operador del convenio, Enarsa (35%), pero por ser mixta el Estado argentino solo asegura una participación muy minoritaria del 22,75%, Petrobrás (25%) y ANCAP (10%).
-* También, en fecha posterior se suscribe un convenio de exploración y explotación con la firma chilena SIPETROL, en la zona del mar austral y lindante con el estrecho de Magallanes.
-# Estos contratos no han sido dados a conocer a la opinión pública ni tampoco a los parlamentarios, a pesar de que compromete por más de una generación de argentinos la propiedad pública que sólo a ellos les pertenece. Las áreas motivo de las asociaciones tienen límites desconocidos y no es pública la delimitación que debería haber hecho la Secretaría de Energía; también se ignora si en ellas se han realizado actividades exploratorias y cual ha sido el resultado de las mismas. Debemos destacar que es absolutamente ilegal firmar contratos de explotación donde existen reservas probadas.
-# Se suscribe un convenio de asociación estratégica con una empresa petrolera como Repsol que es la principal responsable del proceso de caída de la producción y las reservas hidrocarburíferas que se viene produciendo desde 1998. Que admite pocas horas después de firmados los referidos convenios que ha falseado la certificación de reservas en nuestro país; que dio por descontadas la prorrogas de las concesiones hasta el 2027 y que reconoce el saqueo del yacimiento gasífero de Loma de la Lata, cuyas reservas estimadas disminuye en un 25 %, siendo éste el principal reservorio de gas descubierto por YPF en toda su historia.
-# No está aclarado cuál es el vínculo entre estos convenios y el proyecto del Poder Ejecutivo en trámite parlamentario, de eximir de impuestos a las actividades de exploración y explotación de gas y petróleo, que permitiría a las compañías petroleras gozar de exenciones impositivas, eliminando los riesgos minero y empresario. Si las multinacionales firmantes pudieran acogerse a estos beneficios promocionales, el Estado Nacional, sería en definitiva, el aportante real de las inversiones comprometidas por las mismas.
-# Ello desmentiría el argumento de que por el camino de los convenios firmados se inicia el proceso de recuperación de la renta petrolera. Una participación minoritaria del Estado en una exploración o explotación conjunta, operada por firmas extranjeras y en la cual el petróleo y el gas extraído pueden disponerlo libremente las asociadas mayoritarias, es lo opuesto a la recuperación de la renta petrolera. Esto solo será posible por la recuperación irrestricta de la posesión y disposición de estos recursos para la Nación, anulando todos los decretos y leyes por los cuales fueron enajenados los recursos, fundamentalmente a través de la privatización de YPF y Gas del Estado.
-# Se sostiene para justificar los contratos que ante la caída grave de reservas y producción de hidrocarburos, los mismos permitirán asegurar el consumo de los argentinos. La maduración del proceso de exploración y explotación requiere de años, y mientras tanto se continúan autorizando exportaciones, manifiestamente ilegales no solamente por las bajas reservas (que ya significan un autoabastecimiento limitado en el tiempo) sino que excluyen a compatriotas más pobres y regiones enteras como el NEA, que no tienen acceso a las redes de gas natural.
-# Además, a estar por la información disponible, en todos los contratos se afirma que gozarán de otro privilegio que consiste en declarar de «libre disponibilidad» al petróleo y gas que se llegara a descubrir. Por lo tanto, y dado el peso mayoritario de las compañías privadas prevalecerá el negocio mas rentable por encima de las necesidades de los argentinos, poniendo en evidencia que no se busca asegurar el consumo energético para toda la población.
-# Se sostuvo en el acto de anuncio de los convenios que la firma de los mismos transformaba a ese día en un día histórico para la historia petrolera nacional. Por las razones expuestas precedentemente sentimos la obligación de advertir que por el contrario puede ser otro día trágico para nuestro patrimonio petrolero y gasífero, como lo fue la privatización de YPF y G. del E.
Por todos los argumentos expuestos nos afirmamos en la voluntad de reclamar:
a) Que se haga conocer a la opinión pública los convenios para que la ciudadanía pueda opinar en una cuestión que compromete la vida y el bienestar de generaciones de argentinos y la existencia misma de la República Argentina como Nación soberana. b) Que el Poder Ejecutivo informe al Congreso Nacional y someta a la discusión legislativa los mencionados convenios, debiendo abstenerse desde ahora en continuar con la implementación de los mismos. c) Que, sin perjuicio de insistir en las medidas de fondo necesarias para recuperar el patrimonio nacional, es imperioso que el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Energía realice una urgente auditoria de todas las reservas, en especial las declaradas por Repsol-YPF y se inicien las acciones legales correspondientes en caso de comprobarse la manipulación fraudulenta de dichos datos. d) Que, dado el descenso de la producción y las reservas hidrocarburíferas, y estando comprometido el abastecimiento del consumo interno, se disponga la inmediata interrupción de la exportación de estos recursos.
El Pueblo argentino ya se ha expresado a favor de la recuperación del patrimonio nacional por ser este, el único camino para revertir la nefasta política de privatizaciones aplicada en el país desde hace décadas. Debemos retomar el camino trazado por Mosconi y Canessa.
La CoCePA convoca a la opinión publica, a las organizaciones y personalidades académicas, profesionales, centros de investigación, organizaciones empresariales, sindicales, cooperativas, culturales, sociales y demás, a sumarse en el reclamo de la anulación de los contratos firmados, reafirmando la vocación de celebrar el Centenario del Descubrimiento del Petróleo Argentino habiendo restituido los recursos hidrocarburíferos al dominio y disposición de sus auténticos y únicos propietarios, los Argentinos.
