La noticia se regó por todos lados y las privatizadas jugaron a sorprenderse. El Gobierno provincial anunció la conformación de la Empresa GAS Bonaerense (BAGsa) para llevarle el combustible a aquellos que actualmente no tienen acceso a él. A los que el Estado entregando, primero, y las privatizadas después, se negaron sistemáticamente atender. No era negocio para la lógica neoliberal.
En la presentación de la empresa, el gobernador Felipe Solá dijo que fue “creada para llevar justicia, redistribuir el ingreso y prestar un servicio absolutamente esencial a aquellos pueblos que, por lejanía o por pobreza, o desatención de las empresas privadas, carecen de gas”. En su primera etapa, se invertirán cerca de 43 millones de pesos, para cubrir 58 localidades de 30 distritos, para proveer de gas a 85 mil usuarios.
Las previsiones finales calculan que unos 200.000 usuarios se verán beneficiados con la extensión de las redes de gas natural y sostuvo que “vamos a llevar el servicio a lugares donde la empresa Camuzzi se niega a hacerlo porque considera que no es rentable”. Las privatizadas entraron en el discurso de los funcionarios, no para conceder (como ocurrió y sigue ocurriendo), sino para marcar los vacíos que multiplicaron por décadas y que se niegan a solucionar porque no son negocio y porque el Estado jamás se lo exigió.
“Esto ocurre porque las concesiones se hicieron sin garantizar las inversiones necesarias para hacer más redes; fueron fallas ocurridas durante los procesos de privatización”, agregó el Gobernador.
“Si ellos (por la empresa Camuzzi) no se expanden, lo vamos a hacer nosotros porque calculamos que con un solo invierno de ahorro en garrafas se pueden costear las obras en cada localidad”, señaló Solá.
El mandatario bonaerense recordó que la provincia había invertido mas de 290 millones de pesos en la construcción de redes de gas “que por razones de concesión nacional son operados por los concesionarios privados que no tienen derecho a seguir utilizándolas en la medida en que no lleguen al consumidor, y si no lo hacen, nosotros tenemos derecho a hacerlo”.
Por su parte, el ministro de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, Eduardo Sícaro, dijo que Camuzzi “está obligada a crecer por una mayor demanda por crecimiento de usuarios en su red y si no realiza estas inversiones, va a tener que abandonar la concesión”.
Entre las localidades beneficiarias figuran Punta Indio, Magdalena, Naón en Nueve de Julio, Ugarte en Alberdi, Gorostiaga en Chivilcoy, Tres Sargentos en Carmen de Areco y Belloc en Carlos Casares.
La empresa estará integrada en un 51 por ciento por la Provincia; el 39 por ciento por cooperativas y en un 10 por ciento por los municipios. A través del plan denominado Legas, esta sociedad llevará gas por redes a comunidades que no cuentan con ese servicio. Legas es financiado por el Fondo Fiduciario Provincial y ejecutado por cada municipio, junto a las cooperativas del lugar.
Buenos Aires Gas, según lo señalado por el Gobernador podrá recibir capital privado y del Estado Nacional. Fuentes del ministerio de Obras y Servicios Públicos explicaron que la empresa, sin embargo, no funcionará como un ente autárquico sino “como gerenciadora” -que dependerá de esa cartera- y en ese marco podrá gestionar créditos a cooperativas regionales que se interesen en realizar las obras de extensión de las redes de gas.
{{{Las excusas de la impunidad}}}
Desde Camuzzi aseguran que “el problema no es de distribución sino de transporte”, y agregan que “le pedimos a Transportadora Gas del Sur (TGS) mayor capacidad de gas ante la demanda de la población y nos dijeron que no hay más fluido hasta nuevo aviso”.
Además, mientras se dicen sorprendidos por la decisión de la provincia que “jamás le anticipó nada del proyecto”, juegan fuerte: “el gas que llega a la región es de la Cuenca Neuquina y las dificultades, hoy por hoy, tienen que ver con el transporte, y a Camuzzi le dijeron que sólo pueden garantizar la actual demanda de gas. Sumar nuevas conexiones comprometería el servicio”.
Para nuestro compañero José Rigane “las privatizadas le escapan a una realidad, hay un amplio sector de la provincia que no recibe el servicio porque no es negocio para ellos. El Estado tiene que recuperar protagonismo recordándoles que en las prestaciones de algunos servicios, como los públicos, la formula no debe ser más ganancias. Y si las privatizadas no lo entienden, es el Estado el que debe aparecer haciendo cumplir la ley. El gas es un servicio vital y debe llegar a todos los bonaerenses, en este marco tiene sentido la creación de una empresa de gas en la provincia”.
Rigane resaltó que “BAGsa tiene que formar parte de la política de recuperación del patrimonio nacional. Se han invertido en 10 gasoductos que transportan el gas fuera del país, esa política tiene que ir a la par de obras que lleven el gas natural a los usuarios argentinos.”
