La renacionalización del petróleo y gas bolivianos, adoptada por el Gobierno de Evo Morales, interpretando una de las reivindicaciones más sentidas de su pueblo, ha conmovido a nuestro Continente y al mundo.
La Comisión por la Conmemoración del Centenario del Descubrimiento del Petróleo Argentino (CoCePA) saluda al Pueblo y Gobierno hermanos por tal decisión. Y compromete nuestra solidaridad frente a las presiones que descargan los monopolios petroleros y diversos gobiernos afines.
El ejemplo boliviano ilumina nuestra escena nacional. Las mismas multinacionales que operan en Bolivia saquean nuestras riquezas hidrocarburíferas. Con el agravante de que nuestra Argentina no es un país petrolífero. Y cada metro cúbico que hoy se llevan es a costa del agotamiento de nuestras reservas.
Desde su constitución la CoCePA lucha por la recuperación de patrimonio y renta para usufructo de nuestra Nación y nuestro Pueblo. La Soberanía sobre nuestros recursos reviste importancia estratégica. Y sin modificar el rumbo actual será imposible realizar nuestro destino como Nación. Nuestras determinaciones se han guiado por estos objetivos.
{{Por ello nos hemos pronunciado:}}
{{Por la potestad soberana de la Nación sobre nuestro subsuelo}}. El mismo es “propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”. La provincialización de los recursos adoptada por la reforma constitucional de 1994 es el subterfugio a través del cual canalizan los negociados petroleras y Gobiernos.
{{Por la restatización de YPF y Gas del Estado}}. Únicos instrumentos que posibilitarán una política genuinamente nacional en la gestión del Recurso. Solamente así será posible revertir el actual curso descendente en la exploración y explotación de hidrocarburos. Por el contrario, restringir nuestras aspiraciones a una “asociación” con las petroleras, sea pública o privada, llevará al fracaso. El General Mosconi advertía sobre la naturaleza incompatible de la explotación de los monopolios privados y el interés nacional. REPSOL, Pan American (Bulgheroni + British Petroleum), PETROBRAS, TOTAL, CHEVRON succionan nuestras riquezas, las envían al exterior y nos dejan pobreza, pueblos convertidos en parajes y contaminación. Y son las responsables de innumerables dolos por lo que deberían sufrir las correspondientes penalizaciones.
{{Por la derogación de los recientes Convenios entre ENARSA y algunas de estas empresas petroleras}}. Los mismos, suficientemente analizados en un anterior Documento, representan una prolongación a la exploración y explotación en la plataforma marina de las concesiones de áreas decididas durante la década anterior en el subsuelo continental. Constituyen una gravísima abdicación de nuestra soberanía, comparable con la privatización de YPF y Gas Del Estado.
{{Contra la prórroga de contratos}} y por la anulación de los llamados a licitación de áreas convocados por algunos estados provinciales al amparo de la Provincialización.
{Contra la exportación de nuestro gas y petróleo por parte de las multinacionales}}. La permisividad oficial en la materia es una de las causas de la pérdida del autoabastecimiento. Resulta ridículo e injusto que nuestro país sufra escasez de energía, cuando exporta gas y petróleo. La Argentina “exportadora” marcha en camino a transformarse en una importadora neta de combustibles.
{{Contra el proyecto de Ley presentada por el Poder Ejecutivo}}, con avanzado estado parlamentario, que otorga a la explotación hidrocarburífera similares beneficios que los lesivos vigentes para la minería. Generosas desgravaciones en IVA, Ganancia y en importaciones de Bienes de Capital determinarán que los monopolios incrementen, real o ficticiamente, sus inversiones solventadas por todos los argentinos.
{{Contra el empleo de la Gendarmería y otras fuerzas en la represión}} de las justas luchas de los obreros petroleros (cualquiera fuese su encuadramiento sindical). Maximizar sus utilidades a costa del sudor de sus operarios. Esta es la lógica de las empresas petroleras, aún en la era del barril a 70 dólares. A diferencia de los 70 años de YPF estatal, el desarrollo del tejido social, la infraestructura, la ocupación territorial, son ajenos al interés de las multinacionales petroleras.
El ejemplo boliviano convoca en nuestro país altos niveles de adhesión y ha reactualizado ante la opinión pública nacional la impostergable necesidad de recuperar nuestro petróleo y gas. Y una renovada preocupación ante la magnitud de la crisis energética que sus responsables han procurado minimizar.
Frente a esto se despliegan operaciones que procuran cambiar solo la apariencia para que permanezca la esencia de la política hidrocarburífera vigente.
REPSOL, que declara utilidades crecientes (más de la mitad de ellas en su “filial” argentina) ha definido un plan de exploraciones para los próximos 4 años de tan sólo U$S 700 millones. Existen fuertes presunciones de que con la renta sustraída de nuestro país exploran en destinos más rentables. Nuestros recursos no renovables financian la expansión y crecimiento de la empresa, a costa del agotamiento de las reservas.
No compartimos la exhortación oficial a que REPSOL encare mayor exploración en nuestro país. Ello subsidiado por las generosas exenciones comprometidas en el mencionado proyecto de Ley con trámite parlamentario. ¿Semejante gasto para apurar la depredación de recursos tal cual ha sido la esencia de la política de REPSOL desde la liquidación de YPF?
Los voceros de las petroleras arguyen que ya es mayúscula la renta que obtiene el estado argentino de la actividad petrolera. Se refieren a las retenciones a las exportaciones, diversos impuestos y las regalías. En primer término los valores reales que representan estos gravámenes se determinan por la información viciada provista por las propias compañías petroleras. Afirmamos categóricamente que la porción de la renta que se apropian los monopolios petroleros es mayoritaria. Es la que emprende el camino de los mares como decía Mosconi y es la que imperiosamente debemos recuperar.
Pero, además, reclamamos a los Poderes Públicos que la Renta petrolera y gasífera, presente y futura, se destine, a atender la enorme deuda social, (que constituyen los millones de excluidos, desocupados y hambrientos, necesitados de empleo salud, educación y bienestar); a reparar los atrasos infraestructurales, y a reestructurar nuestra matriz energética para que nuestro país pueda desarrollar y sostener un crecimiento soberano. Que ni un solo peso de dicha Renta sea desviado a atender ningún otro tipo de compromisos.
