La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires se presentó en el Juzgado Federal Nº 2 de Mar del Plata, como querellante en la causa que se investiga la masacre de abogados en esa ciudad entre el 6 y el 13 de julio de 1977, hecho que se conoció como “La Noche de las Corbatas”.
La segunda titular de dicha secretaría, Sara Derotier de Cobacho, declaró que “es política del Gobierno de la Provincia que el Estado democrático querelle al Estado terrorista y acompañar durante todo el proceso a todos los familiares que quieran reabrir sus causas”. Y puntualizó “en el caso de la Noche de las Corbatas nos presentamos como querellantes, las pruebas son diversos testimonios. Pedimos que se investigue el hecho y que se determine las responsabilidades de todos los intervinientes, civiles y militares”.
En julio de 1977 fueron víctimas de desaparición forzada los abogados Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Camilo Ricci, Carlos Bozzi, José Verde y su esposa; Tomás Fresneda y su esposa María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda (embarazada de 4 meses), y María Esther Vázquez de García y su esposo Néstor Enrique García Mantica. A ellos se suman el doctor Jorge Candeloro, quien fuera secuestrado en Neuquén el 13 de junio de 1977 junto a su esposa Marta García de Candeloro. Los doctores Ricci, Verde y su esposa, el Dr. Bozzi y la Sra. García de Candeloro, salvaron sus vidas. Aparecieron los cadáveres de Centeno y Candelero, mientras que el resto de las personas continúan desaparecidas, así como aún se desconoce el paradero del hijo nacido en cautiverio del matrimonio Fresneda.
{{{Se sumaron los organismos.}}}
Los organismos de Derechos Humanos de la ciudad concurrieron al juzgado del doctor Castellanos a pedir que se amplíe la denuncia inicial y se los acepte como parte querellante en la causa presentada por Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación y a la presentada en igual sentido por la Secretaría de DD.HH bonaerense.
Hooft deberá ser juzgado “por un lado como autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, denegación de justicia y supresión de objetos destinados a servir como prueba reiterada. Por otro, como partícipe necesario de la asociación ilícita criminal, integrada por las fuerzas represivas”, reza el pedido que firmaron las Abuelas de Plaza de Mayo y Madres línea fundadora, HIJOS y Asociación de Detenidos Aparecidos en Mar del Plata. Desde HIJOS, además, informaron que pedirán a los directivos de la Universidad Nacional de Mar del Plata que no siga dictando clases en la Facultad de Derecho y se aparte de su presidencia en Bioética. “Consideramos que una persona que fue vista en los centros clandestinos de detención y que tuvo la responsabilidad civil de no haber investigado sobre lo que fue la desaparición de nuestros padres, es responsable de haber cumplido con las Fuerzas Armadas un plan sistemático de desaparición con la entera convicción de lo que estaba haciendo, aunque hoy quiera demostrar lo contrario aprobando operaciones de cambio de sexo y prestándose a cuestiones en las que pareciera que brega por los derechos humanos”.
