«Estamos ante un paquete de medidas que significaría la recuperación en un 5 % de los derechos que se nos arrancaron a los trabajadores desde la dictadura militar», afirmó a 8 de Octubre José Rigane. «No se pone sobre la mesa de debate los contratos-basura, las pasantías, ni las tercerizaciones, la herramienta medular del modelo neoliberal de los 90», completó el secretario general del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata e integrante de la mesa nacional de la CTA. Para Rigane el proyecto es un acuerdo entre el gobierno nacional, los empleadores y la CGT. Las últimas declaraciones públicas de algunos representantes de ese tridente parecen confirmar al titular de la FeTERA.
Uno de los primeros en salir a hacer pesar su presión luego de conocido el proyecto de reforma laboral del oficialismo -que trabaja el diputado kirchnerista y hombre de la CGT, el abogado Héctor Recalde- fue el presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina), Héctor Méndez, quien lanzó una denuncia insostenible: «el proyecto crea la industria del juicio, y el único empleo que va a multiplicar es el empleo en negro».
Para Méndez, cualquier avance en las medidas que flexibilizaron y precarizaron el trabajo en la Argentina pone en peligro la estabilidad de la Argentina. En ese contexto la UIA también se lanzó a criticar la política de control de precios del gobierno, la niña mimada del presidente y de Economía. Y cuando todos esperaban una dura arremetida a las declaraciones de los industriales desde la Rosada, la respuesta anticipó el pacto que se estaba tejiendo.
El presidente se olvidó de la reforma en sus continuos actos previos al 25 de Mayo. La ministra Felisa Miceli aseguró que toda modificación en la reforma laboral sería marginal. Y el propio Recalde no escapó a esa línea: consultado por un medio de Mar del Plata aseguró que «el proceso de modificación de las políticas neoliberales en materia laboral será gradual».
Semanas después, a horas del acto oficial del 25 de Mayo, los empresarios publicaban una inusual declaración de apoyo a la política económica global. ¡Clink caja!, y todos contentos. El pacto se había sellado.
{{{«La reforma no significa cambios profundos».}}}
Para Battaglia, «una reforma laboral en serio, significa la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo de la dictadura, de la Ley de Quiebras, que solidariza a los trabajadores en las deudas y no en los créditos. Significa reformar la Ley de Accidentes de Trabajo, terminar con las ART que le dan seguridad al sistema y no a los trabajadores, y por sobre todas las cosas», resaltó el asesor legal de Luz y Fuerza Mar del Plata, «se debe terminar con las AFJP, que dejó sin el beneficio previsional a millones de trabajadores y se quedó con plata del Estado, que después utilizó para prestársela».
Battaglia afirmó que “cualquier reforma que se precie de devolverles los derechos arrancados a los trabajadores debe construirse en la decisión política de consultarles a todos los trabajadores”.
La eliminación del tope indemnizatorio para despidos sin causa, llamada “doble indemnización” por sus detractores del sector empresario; la aprobación de la modificación del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo cual ahora un empleado puede ir a la Justicia cuando sus condiciones de trabajo sean modificadas de manera unilateral por parte del empleador, y el proyecto que propone sacarles a las ART un fondo de 190 millones de pesos que se les asignó en 1997, aparecen sólo como medidas aisladas en la recuperación de un tesoro de derechos que terminaron de esconder en los 90.
{{[Ver también: La necesidad de cambiar para respetar a los trabajadores / Por Marcelo Bustos Fierro->article.php3?id_article=1055&id_mot=113]}}
