{{Mostrar las uñas puede ser siempre una señal de estado de alerta que deje conformes a muchos. Es lo que parecen intentar los gobiernos de Argentina y Chile, a partir de un conflicto que en realidad puede ser una atractiva forma de disimular incapacidades. Y ésta es sólo una arista de las muchas que muestra este momento en la región, desde que Hugo Chávez primero, y luego, y tan a fondo como él, Evo Morales, han encarado esta asignatura en sus gestiones.}}
Con iniciativas de envergadura regional impulsaron un ritmo que movilizó al resto de los gobiernos de esta parte del mundo y generaron repercusiones en el resto de los gobiernos y sectores que tienen intereses por aquí.
Hace pocos días, a través de Página 12, Marcelo Zlotogwiazda señaló claramente que “la medida (de aumentar los precios al combustible entregado a vehículos chilenos) apunta a evitar el aprovechamiento hormiga del diferencial de precios que existe entre los valores locales y los más caros que rigen en los países vecinos, que oscila según el caso entre 40 y 100 por ciento”. Siempre se tuvo claro que la decisión no afecta para nada al turismo ni a la producción de Chile. Tan claro como afirma el Movimiento por la Recuperación de la Energía Orientadora cuando expone en su portal que ida y vuelta de acusaciones y agravios entre los gobiernos “denota superficialidad o ignorancia”, mientras evita entrar en discusión contra las grandes empresas que siguen sacando provecho de su inacción.
Y, como venimos diciendo, ésta es sólo una porción de una torta explosiva mayor, en la que se puede enumerar la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y sus repercusiones sobre las relaciones regionales, sobre todo luego del casi simultáneo ingreso al Mercosur. Algún tiempo antes se habían registrado los primeros efectos de la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos y su impacto en la relación bilateral con Brasil, que no termina de normalizarse.
Otros sucesos importantes han pasado en el revuelto tablero regional y energético, tras el triunfo de Alan García y la crispación de las relaciones bilaterales con Venezuela, que llegaron a la retirada de embajadores. Después de ser elegido en la segunda vuelta, García visitó Brasil, Chile, Colombia y Ecuador buscando relanzar la CAN, y si bien el presidente electo remarcó que no quería estructurar ningún frente contra nadie, en alusión a Hugo Chávez, la forma en que comportan algunos actores no termina de satisfacer los intereses venezolanos, por más que se vean actuaciones contradictorias, como la de los Gobiernos chileno y brasileño apoyando la elección de Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU o la convergencia energética entre Chávez y Uribe. El atractivo de los recursos financieros y energéticos de Venezuela, y su determinación para utilizarlos una y otra vez en función de sus objetivos políticos, es de tal magnitud que muchos mandatarios de la región terminan respaldando sus puntos de vista, incluso ante compromisos con intereses diversos y hasta opuestos.
Como sea, es innegable que la energía se ha convertido en algo central en el proceso de integración latinoamericana, aunque ya surgen dudas sobre la forma en que se desarrolla la integración energética pese a que la región es, en términos generales, exportadora neta de combustible. El ex ministro de Economía argentino y actual Secretario General de la CEPAL, José Luis Machinea, dijo que América Latina no había podido “construir un sistema de integración energética”, como hizo Europa pese a sus problemas. Tampoco se pudo “generar una carta energética”, como en Europa y no hay regulaciones energéticas comunes entre los países. Según su juicio, “va a ser muy difícil avanzar en el proceso de integración energética en América Latina en el corto plazo, y en todo caso lo que cabe esperar son algunos acuerdos bilaterales y una profundiza-ción de los acuerdos entre Bolivia y Argentina y Bolivia y Brasil”. Según su interpretación, hay un gran riesgo de politización. Evidentemente los mandatarios de la región no lo han escuchado, o los intereses que el ex funcionario promueve no están tan cercanos a una realidad muy clara.
Un ejemplo más es el de Enarsa, que sumará a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como socio en la construcción del Gasoducto al Nordeste Argentino (GNEA), de más de 1.500 km de longitud, para abastecer de gas boliviano ocho provincias argentinas.
Las autoridades de ambos países decidieron vincular el proyecto al plan del Gasoducto del Sur, el proyecto que impulsa el presidente Chávez y que garantizará el abastecimiento a toda América del Sur, con un ramal principal de más de 8.000 km de longitud, de Venezuela al sur de Brasil y Argentina.
De todas formas también es necesario remarcar que la actitud de los gobiernos de la región no es la misma en todos los países. La evidente falta de inversión del sector energético argentino, no exigida por los organismos de control a las privatizadas, ha motivado a Chile a buscar recomponer su relación con Bolivia y regularizar su abastecimiento energético. Esto explica el trato dado por la presidenta Bachelet a su colega Morales y los esfuerzos chilenos por normalizar una relación conflictiva.
Otra vez tomando como fuente al MORENO, extractamos de una de sus últimas declaraciones que es posible una renacionalización del petróleo en nuestro país, justamente a partir de un traslado del modelo boliviano.
Puede ser que intereses externos se empeñen en ver y plantear conflictos que no son tal en nuestra región. Los líderes de varios de nuestros países, y sobre todo las organizaciones e instituciones que defendemos la recuperación del patrimonio, ya hemos expresado la importancia estratégica de este recurso. Y empezamos a ver la cuestión energética como una clave para nuestros países, que bien dirigida pueda transformarse en una plataforma posible para la integración, y para cambiar la relación de fuerzas que hasta ahora domina el escenario de la economía de la región. Como dice esa declaración: se puede estar del lado de la recuperación de los recursos, o se estará en contra de los derechos y los intereses de nuestros pueblos.
