Con la presencia de un importante número de trabajadores, se realizó el 21 de julio una asamblea en donde se reafirmó la confianza en la Comisión Directiva de nuestro gremio para profundizar las medidas de acción que le permitan a los compañeros acceder al derecho, ratificado por ley en el marco de la privatización del servicio de electricidad, del 10 por ciento en el paquete accionario de EDEA.
La asamblea que decidió acompañar una presentación penal fue presidida por la disertación de los abogados que asesoran al gremio en esta cuestión.
Los doctores Ismael Jalil y Juan Carlos Mac Donnell explicaron que la presentación penal le pedirá a la justicia que investigue si se violó la ley que le reconocía a los trabajadores el 10 por ciento de las acciones de EDEA y de constatarse en el campo de lo judicial esta acción, determinar quién o quiénes son los responsables.
Para los abogados, hay un derecho estipulado por ley que, además de determinar el porcentaje que les corresponde a los trabajadores del paquete accionario, reconoce al Banco Provincia como garante de esa porción del paquete. “Nos encontramos -aseguró Jalil- con varios actores implicados en esta situación irregular. No únicamente la justicia tendrá que determinar responsabilidades de la empresa, sino también del Banco Provincia y de representantes sindicales que permitieron que hoy el Programa de Propiedad Participada de Personal no esté en funcionamiento”.
A continuación, Mac Donnell afirmó que “en el 2002 se realizó una presentación en la justicia para que se nos reconozca como accionistas pero hoy nos damos cuenta de que estamos ante la posibilidad de que la ley se haya fraguado. Por eso consideramos necesaria la presentación penal”.
Luego de las consultas de los compañeros y de la paciente explicación de los profesionales, el Secretario General del gremio, José Rigane, solicitó a la asamblea el acompañamiento en la acción, destacando que “hoy es imposible solucionar problemas laborales con una empresa que ha estafado a los trabajadores”.
“EDEA es un Estado dentro de otro Estado”, resumió Rigane. “Y este funcionamiento -agregó- fue posible porque el otro Estado dejó hacer y porque la Federación también fue funcional”.
Con diferentes mociones y un cerrado aplauso, los compañeros decidieron acompañar el pedido, convencidos de que la acción, más allá de la nueva presentación judicial que se avecina, estará en la movilización.
{{{La definición se retrasa}}}
Aunque EDEA S.A. reconoce la deuda pendiente con los trabajadores, las acciones se hacen esperar. Luego del infructuoso envío de cartas documento a las autoridades de EDEA e IEBA, entre 1998 y 2001, y pedidos de informes sobre el estado contable de la empresa, los honorarios de los directores y distribución de dividendos, en septiembre de 2002 los empleados representados por el Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata interpusieron acciones judiciales solicitando la inmediata implementación del PPAP y la intervención del directorio.
El Juzgado a cargo del Dr. José Mendez Acosta concedió la designación de un veedor. De los informes que éste elaboró surgieron hechos que constituirían graves irregularidades en la contabilidad y gestión de EDEA SA. Se demostró allí que existieron movimientos de fondos que realiza la empresa para beneficiar a su controlante IEBA SA, y en perjuicio de su propio patrimonio.
