La propuesta del sindicalismo tradicional y el sector empresarial, que contó con el guiño del gobierno, intentó centrar la discusión, en exclusividad, en torno a la reformulación del salario mínimo, vital y móvil. Como si el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores en nuestro país se redujeran a un número. Pero de un número se trataba, que a pesar de las discusiones e idas y vueltas reflejadas desde los distintos medios de comunicación, ya estaba acordado y escrito por las partes mencionadas.
El nuevo salario mínimo será 760 pesos a partir del 1° de agosto, 780 pesos el 1° de septiembre y quedará en 800 pesos para el 1° de noviembre de este año. Esta propuesta fue aprobada por 23 de los 28 consejeros que integran este ámbito.
Para los representantes de la CTA en el Consejo del Salario (Pedro Wasiejko, Pablo Micheli, José Rigane, Hugo Yasky, Víctor De Gennaro y el asesor técnico Horacio Meguira) el espacio no debe ser ni un número, ni una foto. Debe convertirse en una herramienta que permita construir un proceso en el que reconstruya las condiciones y derechos de los trabajadores. De esta manera la Central incorporó una propuesta alternativa (que votaron sus representantes) fundamentada en cuatro puntos: 1) La implementación del salario mínimo, vital y móvil de manera “inmediata y provisional, y a partir del mes de julio de 2006” y cuyo importe debería ser de 857 pesos. Además, dejaron claro que “la línea de pobreza no es la pauta para fijar el salario mínimo, vital y móvil”. 2) “La fijación de una agenda que tenga como objetivo primordial la determinación de la canasta básica, las asignaciones familiares por hijo, los esfuerzos para establecer un verdadero seguro de empleo y formación acorde con las necesidades del crecimiento productivo”. 3) La “mejora y universalización del sistema de asignaciones familiares” que sea de “70 pesos y que pueda ser percibido por cualquier trabajador cualquiera sea su condición”. 4) La puesta en marcha de un “verdadero Seguro de Empleo y Formación de 720 pesos para todos los jefes y jefas de hogar desempleados, la Asignación Universal por Hijo, de 70 pesos” y la “generalización de la Ayuda Anual Escolar de 130 pesos”. Por último, exigieron una Asignación Universal “para todos los mayores de la seguridad social, equivalente a un nuevo valor del haber mínimo de 520 pesos e incremento del 10% en el resto de las prestaciones previsionales.
Además CTA reclamó el funcionamiento “regular” de las comisiones del Consejo para poder tratar estos temas que considera “prioritarios”. En ese sentido, Víctor De Gennaro, secretario general de la Central, sostuvo que Tomada “incumplió el compromiso asumido el 29 de noviembre de 2004” cuando la Comisión de Productividad del Consejo propuso aplicar la cifra de 1.580 pesos como valor de bolsillo y referencial de la canasta básica para una familia argentina tipo. Y agregó que “actualizado a junio de este año, el monto sería de 1.877,30 pesos. Por eso, cualquier otro monto que no se sustente en esas pautas es contrario a la finalidad del Consejo del Salario”.
{{{Para los trabajadores no alcanza.}}}
Es indudable que el Consejo del Salario es un instrumento imprescindible para discutir y acordar políticas que garanticen la distribución justa de la riqueza y un proceso que ponga como objetivo la reindustrialización del país, terminando con la concentración y centralización de la riqueza y sepultando las políticas de la reprimerización de la economía, que se vienen aplicando desde hace décadas. Es por eso que, luego de 20 meses sin funcionar, el Consejo no puede agotarse en un número. Aunque ese número hoy sea indispensable para nuestro bolsillo.
En diálogo con diferentes medios, José Rigane, consejero en representación de la CTA, aseguró que “el Consejo del Salario debe convertirse, de una vez por todas, en una herramienta para superar la pobreza y devolverle el horizonte de una vida digna a los trabajadores”.
“Debe asegurarnos la vivienda digna, la alimentación adecuada, la educación de nuestros hijos, la asistencia sanitaria, la vestimenta, el transporte y el esparcimiento. Esto figura en la Ley de Contrato de Trabajo y no se logra con un número, sino con políticas decididas que distribuyan la riqueza”, remarcó Rigane.
Es importante señalar que para el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la canasta familiar se ubica en 2.207,70 pesos a diciembre de 2005 lo que debería ser el punto de partida para fijar el salario mínimo.
En un documento titulado “El Consejo no respondió a las expectativas de los trabajadores” la FeTERA asegura que “esta nueva puja por la distribución de la riqueza a partir de la discusión del salario mínimo vital y móvil deja, entre otras, dos enseñanzas:
Por primera vez, en el plenario del Consejo hubo dos propuestas, que se consideraron. La CTA planteó una agenda, que incluía a los desocupados, jubilados, la universalización del salario familiar y de la ayuda escolar y la discusión de cuál es la canasta básica para una familia tipo. A esta iniciativa, el plenario del Consejo del Salario le dijo ¡¡no!!, pero los trabajadores hace rato le han dicho ¡¡si!!!
Para la próxima convocatoria del Consejo del Salario, los trabajadores, los jubilados, los desocupados, etc, debemos ser protagonistas, ganar la calle con movilizaciones, actos, encuentros, plenarios, etc, para exigir lo que se necesita para vivir con dignidad, que es mucho mas que un número final para un salario mínimo.”
