El Proyecto Alternativo prevé la derogación de los decretos desreguladores del año 1989, la recuperación de las áreas petroleras ilegalmente adjudicadas a las empresas privadas, la prohibición de las exportaciones de gas para la producción de metanol, la creación de una comisión investigadora de las privatizaciones petroleras; además de adjudicar un importante rol a ENARSA SA.
Las organizaciones confirmaron que, de impulsarse la ley, se promoverá una demanda judicial, que incluya todo el proceso de privatización y su actual continuidad, ante la clara violación a la Ley 17.319, de Hidrocarburos, y la Constitución Nacional.
Pino Solanas, presidente del MORENO, argumentó que el tema del petróleo y de los recursos naturales, divide las aguas en la política nacional, y también las opiniones dentro del oficialismo; “ya hay sectores que nos mandaron adhesiones como Tumini y D’ Elia y en buena hora, porque se está de este lado o enfrente”. “No hay posibilidad de reconstrucción de la Argentina sin recuperar el petróleo, la minería, las aguas”, manifestó el cineasta y ex diputado.
Es por eso que cada diputado recibió una nota firmada por las organizaciones, donde se lo invitó a que no apruebe el proyecto oficial, al tiempo que se le informó sobre la decisión de publicar los nombres de los que sí lo hagan, además de denunciarlos por el delito de traición a la patria.
{{{Política de engaños}}}
{{Minutos antes de la marcha de la CTA al Congreso en reclamo de la Nacionalización de los Hidrocarburos, pudimos cruzar algunas palabras con José Rigane y Gabriel Martínez.
Palabras que se multiplican en ideas y convicciones, que se ganan paso entre la multitud que está convencida de que el gas y el petróleo son recursos estratégicos que tienen que volver a manos del pueblo.}}
“El escenario que se impulsa desde el gobierno en materia de explotación petrolera profundiza las políticas de entrega de los años 90” afirmó José Rigane, secretario general de nuestro gremio y titular de la FeTERA. “Es por eso que no queda más que anteponerse en un proyecto alternativo que se fundamente en la Campaña por la recuperación del Petróleo y el Gas en la Argentina para que el recurso vuelva a la sociedad argentina y sean administrados por el Estado en conjunto con la sociedad” resumió el compañero que también integra la mesa nacional de la CTA.
“Se deben detener las políticas que siguen subsidiando la actividad exploratoria de las empresas. Desde la privatización de YPF y Gas del Estado en adelante, estas empresas lo que han hecho es depredar las reservas, destruyéndolas. Sólo hay que señalar que había reservas de gas y petróleo, para 30 y 20 años respectivamente, cuando se produce la privatización. Hoy hablamos de no más de 9 años de reservas, lo que quiere decir que se consumió la posibilidad extractiva que había en la época, se exportó sin racionalidad, como quien vende lo que es de otro, sin importar lo que puede llegar a quedar ni lo que significa el recurso”, remarcó Rigane.
Para Gabriel Martinez, secretario de Organización de FeTERA, y compañero de nuestro sindicato, “el Estado en este momento, a partir del proyecto de ley de exploración petrolera que busca impulsar, quiere facilitar la actividad exploratoria de las empresas, manteniendo los decretos desreguladores que permiten, por ejemplo, la libre disponibilidad del gas y el petróleo, eso quiere decir que nadie que encuentre petróleo en la Argentina está obligado a guardarlo en forma de reserva, es más, tiene decretos especiales que le permiten llevárselo todo, si quiere, fuera del país, y no solamente llevárselo fuera del país sino que también le permiten quedarse con el 70% de los recursos en dólares, producto del traslado de petróleo, sin necesidad de pagar impuestos, tener retenciones.”
Pero estas empresas, tan poderosas como en los 90, siguen fijando los precios internos y decidiendo qué cantidad de combustible va a haber en el país. “Deciden los precios finales de las naftas, del gasoil, del gas, como si se tratara de un Estado dentro del Estado”, argumenta Rigane y ejemplifica “en estos días no hay gasoil en las estaciones de servicio, ¿por qué? Porque las empresas no quieren refinar gasoil, es mas fácil vender petróleo crudo que refinar gasoil, si total el petróleo crudo está a más de setenta y cinco dólares el barril y en la Argentina los costos de extracción son de seis y las empresas pueden vender a precio interno lo que quieren y pueden venderla en la cantidad que quieren. ¿Esto, qué quiere decir? Que no puede haber política energética mientras se mantenga esa legislación, mientras se profundice la legislación no puede haber políticas de precios internos en materia de combustible, lo que quiere decir que no puede haber una política industrial. ¿Cuántas industrias nuevas se pueden abrir en la Argentina si no sabemos si va a haber gas, fuel oil, electricidad? La mayoría de los kilovatios producidos en el país se producen a partir de la quema de fuel oil y a partir de la quema de gas, en las usinas térmicas.”
“La única respuesta a esta situación es buscar posiciones soberanas y la nacionalización es una posición soberana muy fuerte. Argentina es un país que tiene su consumo energético basado en un 90% en petróleo y en gas, eso es como si alguien tuviera una dieta basada en carne de vaca y no pudiera tener acceso directo a la carne de vaca, esto es lo mismo, el 90% de la energía que gasta nuestro país por año es petróleo y gas. Ahora, si quiere tener una política para prever su consumo, para planificar, para distribuir, para bajar socialmente los precios internos, tenemos que tener soberanía sobre esos recursos. No queda otra que tener la posesión de esos recursos,” sintetizó Martínez, para luego remarcar que “Argentina tiene la ventaja que le dio la naturaleza, de tener recursos petroleros. En materia de gas, en cambio, estamos en desventaja, no hay gas, teniendo -por ello- que importar el 90% del gas que consumimos, eso nos vuelve más dependientes de los precios internacionales.“
“El derecho de la sociedad argentina de disponer libremente de sus recursos naturales se perdió en el 90, en forma ilegal. Es como haber vendido las joyas de la abuela, sin consultarle, y ahora le decimos que nos quedamos sin sus joyas. Acá se cometieron ilegalidades”, aporta más ejemplos Rigane. “La Ley de Hidrocarburos, en el artículo 34, dice que ninguna empresa privada puede tener más de 5 áreas en forma directa o indirecta para su explotación. Hoy, Repsol tiene, en forma directa, 41, pero en forma indirecta tiene otros 40, por citar un solo ejemplo. Petrobrás también anda por ahí, entonces… ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de ilegalidades. Se entregaron áreas que no tienen una base jurídica que permita esa acción” completa nuestro secretario general, para resaltar que el gobierno no da ninguna buena señal de querer ser ayudado ante este panorama “cuando expone un proyecto de ley que va a subvencionar a las empresas para que busquen petróleo, luego de haber ganado millonadas y sin iniciativas que indiquen que tenían el menor interés de beneficiar de alguna manera la sociedad argentina con el negocio que estaban haciendo”.
La Carta
a los Diputados
(…) organizaciones y ciudadanos…, nos oponemos a este proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, debido a que profundiza las políticas de entrega de los recursos nacionales estratégicos, realizados durante el período menemista y que sostuvieron el espectacular saqueo a que fue sometida nuestra Nación, por el proceso de desregulación y privatización iniciado en 1989 y que continua con el actual gobierno.
Este proyecto de Ley, no termina con la libre exportación de los hidrocarburos, que son escasos y necesarios para el desarrollo de nuestro pueblo. No retiene la fabulosa renta anual petrolera de U$S 12.000 millones, que todos los años se va del país y que nuestro pueblo necesita.
Este proyecto no contiene la crisis energética en desarrollo, ni ayuda a conformar las necesarias reservas de hidrocarburos.
Este proyecto beneficia a las empresas multinacionales que durante todo el período de privatización de la actividad hidrocarburífera sostuvieron una explotación depredatoria, exportaciones intensivas e inconstitucionales; mantuvieron una ausencia casi total de inversiones en exploración, al amparo de la falta de todo control estatal, llegando al colmo de extraer petróleo y gas a simple declaración jurada, consolidando así las condiciones para la evasión y el contrabando.
Por estos motivos es que solicitamos a los señores legisladores que no sumen su voto a la entrega. Rechacen el referido proyecto de ley y contribuyan con sus capacidades y disposiciones patrióticas a reformular la política energética nacional, en función de una actitud soberana que reconozca que el gas y el petróleo deben estar en manos y al servicio del pueblo argentino.
Los ciudadanos y organizaciones… asumimos el compromiso de hacer público ante el pueblo de la Nación, los nombres de los legisladores que aprueben este proyecto continuador del saqueo, además de iniciar las acciones legales que correspondan, en función del derecho que nos asiste el articulo 29 de la Constitución Nacional, que califica a aquéllos que otorguen sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna, de infames traidores a la Patria.
