La conducción nacional de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) le entregó al ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, una copia de su anteproyecto de Ley de Prevención de los Riesgos Laborales y Reparación de Daños e Incapacidades derivados de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Laborales que fuera presentada en el Congreso Nacional.
“El año pasado fuimos convocados por este Ministerio para dar nuestro aporte sobre la problemática”, recordó Víctor De Gennaro, titular de la Central a ACTA, y agregó que: “dimos nuestra opinión, no nos convocaron más y aquí tenemos un proyecto propio”.
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“Ya no alcanza con la discusión del trabajo, sino que hoy la discusión se centra en la calidad de empleo y la perspectiva de recuperar una organización de los trabajadores como para poder resolver desde lo salarial, el convenio y la seguridad social. Esta última, fue privatizada y terminamos delegando a instituciones Aseguradoras de Riesgo de Trabajo que terminaron por profundizar el riesgo y asegurar los intereses patronales y la rentabilidad de los grupos económicos pero no la salud de los trabajadores”, expresó De Gennaro.
La iniciativa legislativa, que fue recibida por varios diputados, hace centro en la prevención a diferencia de la ley vigente que privilegia el tema del riesgo. “En principio, lo que se plantea, es una ley que abarque todo el empleo donde la relación de trabajo se de. Así la ley se extendería al empleo cualquiera fuera su característica, ámbito público, cooperativas o monotributistas entre otras”, explicó Claudio Marín, director de Salud Laboral y Medio Ambiente de la CTA.
“Creamos la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral y la Oficina Nacional de Seguridad y Salud Laboral para formular y desarrollar políticas de prevención y salud en el ámbito del trabajo”, señaló Marín quien añadió: “La información y la capacitación de los trabajadores debe estar a cargo del empleador y con carácter obligatorio”.
La iniciativa postula que los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo y control de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. A los efectos de ser delegado de prevención no se exigirán afiliación sindical ni antigüedad mínima en el empleo. Estos serán designados por voto directo y secreto de los trabajadores de la empresa con arreglo a una escala que contempla 1 Delegado de Prevención cuando el establecimiento tenga entre 10 y 50 trabajadores, hasta 8 delegados en el caso de que estén registrados más de 4.000 trabajadores.
Marín destacó que la postura de la CTA “es coherente con nuestros principios fundacio-nales y por eso plantea la posibilidad de acceder a la justicia civil si el trabajador considera que su resarcimiento no es el que corresponde, y establece la responsabilidad penal para todos aquellos patrones, empresas, y administradoras de Asociaciones de Riesgos del Trabajo (ART) que no cumplan con los alcances del presente régimen”.
Por último enfatizó que “para recuperar la tutela del Estado en lo que hace a la Seguridad Social y puntualmente a las aseguradoras de riesgo, estipulamos que estas empresas con fines de lucro deberán constituirse como entidades de derecho público estatales”. En ese sentido se puntualiza que podrán constituir ART el Estado nacional, provincial o municipal (centralizado o descentralizado en todos sus niveles), las asociaciones mutuales y cooperativas y las obras sociales sindicales. “Las restantes personas de derecho privado podrán constituir ART exclusivamente con participación del Estado nacional o los estados provinciales en las condiciones que establezca la reglamentación de la presente ley”.
En la presentación del anteproyecto en diputados De Gennaro afirmó que es necesario que la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados “convoque a un debate entre empresarios, trabajadores, gobiernos que tienen personal en negro, tercerizados, monotributistas y legisladores”.
Sin dudas que el anteproyecto realizado por los compañeros de la CTA, de un modo participativo y democrático, intenta poner en discusión un capítulo importantísimo referido a la protección de la salud de los trabajadores. Las leyes de los 90 entregaron no sólo los salarios y los puestos de trabajo, sino también la salud y la vida de los trabajadores que eran considerados meros costos laborales.
