Puede decirse que éste es un nuevo paso, pero no un paso más. Se trata de una instancia fundamental y definitoria en la campaña «para evitar que se siga entregando nuestro petróleo y dilapidando las reservas hidrocarburíferas», según afirmaron Fernando «Pino» Solanas y José Rigane, presidente y vicepresidente respectivamente del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora, la organización que se presentó en tribunales «para terminar definitivamente con la impunidad con la que se han manejado los defraudadores del patrimonio público».
El objetivo del recurso de amparo es «evitar que se siga entregando nuestro petróleo y dilapidando las reservas hidrocarburíferas». Y la demanda consiste en un pedido de «inconstituciona-lidad de la Ley de Reforma del Estado, que fue el instrumento matriz de la entrega y la enajenación de nuestro patrimonio», según indicaron.
En el amparo, también se pide que se determine la inconstitucionalidad de los decretos que desregularon todo el sector petrolero, y posibilitaron a las empresas extranjeras decidir en forma absoluta sobre los bienes que pertenecían al pueblo argentino. Si bien hubo denuncias en la década del 90, nunca se hizo una presentación integral sobre la entrega del petróleo nacional.
Luego de la aprobación del Proyecto de Ley de Incentivo Fiscal a la Exploración y Explotación Petrolera en la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, los referentes en la lucha por la defensa del patrimonio energético argentino llevaron adelante la primera medida judicial para obstaculizar la puesta en práctica de esa ley. Por eso, esta acción explicitada hoy tiene como fin «terminar con las políticas entreguistas de los ’90”.
También se pidió «que se investiguen los ilícitos cometidos por las compañías Shell, Pecom, Repsol YPF y ESSO, bajo la figura de delito de evasión fiscal agravada».
José Rigane, también Secretario General de la FeTERA, explicó: «con esta iniciativa que arranca hoy, el Gobierno tiene una gran oportunidad. Siempre y cuando esté dispuesto a reivindicar una integración regional en serio, a poder pasar de una situación de absoluta privatización y entrega y a recuperar a manos del pueblo argentino el patrimonio nacional. Pero esta iniciativa la tenemos que apoyar todos los sectores, con denuncia y movilización».
También, y ante la evidencia de la posible comisión del delito de evasión fiscal agravada por parte de las compañías Esso, Pecom, Repsol y Shell, se ha decidido presentar una denuncia penal ante la Justicia Federal a los efectos de que se investigue la acción de las referidas compañías. Y extiende sus alcances a los funcionarios del Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos y los legisladores integrantes de la Comisión de Fuga de Capitales de la Cámara de Diputados de la Nación, que en 2002 debía trabajar para determinar las transferencias de divisas efectuadas al exterior y la posible relación existente entre aquéllas y el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Esta Comisión, concluyó, que:
a) En la economía argentina existe un problema estructural que consiste en la práctica, de muchos particulares y de sectores empresarios de alta concentración, de colocar sus excedentes financieros en el exterior.
b) Una parte muy importante de esos fondos son, presumiblemente, producto de la evasión y/o elusión impositiva, lo que a su vez explica, en parte, la vocación por la fuga.
c) Se conformó un aceitado mecanismo para favorecer y facilitar la fuga de divisas que incluye una participación directa de bancos en vinculación con entidades off shore en el exterior, lo que es de conocimiento abierto por los operadores y participantes del sector financiero.
d) Durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad la salida de capitales era legal y, en consecuencia, las críticas deben realizarse desde el punto de vista de la política económica o de la ética. Sin embargo, no era legal facilitar la salida de fondos como producto de delitos fiscales, del lavado y otros.
Éste fue todo el resultado de su trabajo. Nunca realizaron ninguna denuncia penal.
En la misma presentación, aparecen datos referidos a sumas que fueron transferidas al exterior por las petroleras en el año 2001:
-PECOM ENERGÍA S.A: US$ 1.890.697.730.-
-REPSOL YPF:
US$ 1.058.024.854.-
-SHELL COMP. ARGENTINA DE PETRÓLEO:
US$ 793.615.011.-
-ESSO PETROLERA ARGENTINA S.A.:
US$ 490.089.743.-
En un contenido inob-jetable y extenso, se detallan instancias que van desde el mismísimo momento en que el país se inicia como explorador y explotador del recurso. Pasando por las diferentes políticas gubernamentales a lo largo de la historia de cada gestión presidencial, hasta llegar al momento de las privatizaciones, y sus consecuencias hoy. La petición final del recurso solicita que:
-Se imprima a la presente acción de amparo el trámite sumarísimo que corresponde, de conformidad con lo que establecen los artículos 321 y 498 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación.
-Se decrete la inconstitucionalidad de la Ley 23.696, llamada de Reforma del Estado, y de los Decretos 1055/89, 1212/89 y 1589/89.
-Que sin perjuicio de las instancias legales a que tenemos derecho en caso de un eventual rechazo a la acción intentada, hacemos expresa reserva del caso federal, conforme las prescripciones del art. 14 de la ley 48, y su extensión pretoriana, llamada “doctrina de la arbitrariedad”, a plena convicción de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede decidir sobre nuestro planteo.
-Sin perjuicio de la reserva formulada en el punto 4 del principal, también hacemos reserva de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso de que la presente acción sea rechazada, y en un todo de acuerdo con lo prescripto por el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional.
-Se corra traslado de la presente acción al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Economía de la Nación, y a los integrantes de ambas Cámaras del Congreso Nacional.
-En su oportunidad pro-cesal, se haga lugar a la presente acción y se decrete la inconstitucionalidad pe-dida.
*Con datos de la agencia ACTA, FETERA Semanal,
y comunicados del Moreno.
