La norma, aprobada por 110 votos favorables contra 19 negativos y dos abstenciones, establece, a grandes rasgos, la propiedad de los yacimientos del territorio y hasta las 12 millas marítimas para las Provincias y a partir de allí, los de la plataforma marítima, quedan bajo jurisdicción de la Nación.
No obstante lo asombroso de la votación, las voces críticas fueron claras. El diputado de ARI, Adrián Pérez, afirmó que “esto no es un triunfo del federalismo”, como argumentaron quienes lo respaldan, sino que “significa una derrota para que la Argentina tenga de una vez por todas una política energética”.
Y dijo que con estas modificaciones se “fragmenta el control” de la actividad.
En un sentido similar, fue el legislador Claudio Lozano, hombre de la CTA, sostuvo que “estamos frente a un retroceso importante que coloca al país en la misma situación que en la época de Julio Roca y de Nicolás Avella-neda”.
“Parece mentira que, en nombre de un supuesto federalismo, se produzca la paradoja de que riqueza de la Nación no puede ser objeto de la Nación misma”,agregó, y apuntó que la iniciativa significa “la retirada del Estado Nacional de su tarea de control sobre un recurso estratégico, como son los hidrocarburos”.
Sin lugar a dudas la aprobación de esta ley, sumada a los contratos firmados por ENARSA con Repsol, Petro-brás y Silpetrol y el proyecto del Ejecutivo de Regímenes Promocionales para la Exploración y Explotación Petrolera de hidrocarburos (convertido en ley), dejan de ser señales para convertirse en confirmaciones de que las políticas de los 90 jamás se fueron de la Argentina.
