Declaración Final

Los congresales reunidos en este VIII Congreso Nacional Extraordinario de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina reiteramos resoluciones anteriores, donde afirmamos que la reestructuración alternativa del sector energético argentino, debe contener los objetivos siguientes, y ratificamos:

-# Nacionalizar las fuentes energéticas sobre la base que su dirección y control deben estar en manos del pueblo, lo que significa establecer el control social del sector.
-# Proceder a la reversión de todas las privatizaciones realizadas, especialmente las que hayan sido ejecutadas mediante decretos inconstitucionales y/o leyes especiales sancionadas con manipulación de los quórum; tendiendo a la recuperación, por parte del Estado, de dichas empresas.
-# También nos oponemos a los proyectos de privatización de las empresas del área de energía en algunas provincias que quieren repetir la fracasada política energética nacional. Además rechazamos las nuevas concesiones petroleras, ahora impulsadas por los gobiernos provinciales y los acuerdos no debatidos que concesionan áreas marítimas, impulsados por el Estado Nacional con multinacionales del sector, mientras se mantienen vigentes los decretos de libre disponibilidad de los crudos, libre fijación de precios internos y libre disponibilidad de las divisas generadas por la exportación de hidrocarburos.
-# Anular la «libre disponibilidad de crudos y gas» impuesta por decretos por exigencias de los monopolios y oligopolios petroleros que operan en el país. Intervenir las empresas privatizadas energéticas para que la voluntad popular libremente manifestada establezca su condición futura. Detener las exportaciones de petróleo crudo y gas, excepto aquéllas que no ponen en crisis las reservas nacionales y la demanda interna a largo plazo, y siempre que se realicen con acuerdos previos de integración auténtica con países hermanos limítrofes. Anular el insólito beneficio otorgado en la década de los años noventa por el cual las compañías que exportan nuestro petróleo y gas natural dejan en los mercados financieros internacionales el 70 por ciento de las divisas de sus exportaciones.
-# Prohibir la remisión de las ganancias de las empresas energéticas al exterior estableciendo cuotas obligatorias de inversión para mantener los niveles de reservas. La decisión sobre las reservas, los volúmenes de producción y niveles de generación, como la formación de precios de comercialización corresponden al Estado Nacional.
-# Restablecer una política de exploración y explotación petrolera, asumiendo el Estado Nacional una acción directa, que rescate el acervo tecnológico nacional que lograra Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado, organizando a trabajadores y técnicos en una empresa federal moderna y controlada socialmente. Rechazamos la manera en que se implementa el funcionamiento de ENARSA, ya que no se constituye en una herramienta que defienda los recursos energéticos de la Nación, sino que es la continuación de la entrega del patrimonio de los argentinos.
-# La Nación Argentina debe declarar que los bienes energéticos son estratégicos y esenciales, y que las actividades petroleras, gasíferas y de la energía eléctrica son servicios públicos. La Ley de Hidrocarburos N° 17.319, en lugar de las modificaciones propuestas por empresas privadas y algunos funcionarios provinciales para blanquear los Decretos 1.055, 1.212 y 1.589 del año 1989 y por los cuales se definió al petróleo y al gas natural como simples mercancías, debe ser reemplazada por una nueva Ley que restablezca su carácter de bienes sociales y estratégicos para la Nación, anulando la libre disponibilidad de los hidrocarburos.
-# Detener toda venta de empresas petroleras y de acciones de empresas públicas que aún queden en propiedad pública con la intención de recuperar los recursos petroleros para la Nación. Se debe mantener, como hasta ahora, la defensa de las centrales hidroeléctricas binacionales Yacyretá y Salto Grande, como las centrales nucleares Atucha I y Embalse. En Salto Grande deberá asegurarse la propiedad y gestión de carácter binacional, más allá de la participación provincial en la renta. Se debe restaurar la CNEA en su antiguo nivel de excelencia en ciencias básicas y aplicadas, en una entidad única e indivisible, y garantizar la finalización de Atucha II. En función del bajo costo y de la gran reserva de agua turbinable disponible en el país, se debe promover el estudio y la construcción de centrales hidroeléctricas, apoyados en estudios que minimicen los impactos ecológicos. Respecto a la energía nuclear, se debe dar impulso a su desarrollo y crecimiento, y enfatizar la prevención acerca de los residuos nucleares y su tratamiento que aseguren los derechos de las nuevas generaciones.
-# Terminar con la dilapidación del gas natural a través de las exportaciones al exterior sin planificación alguna, al mismo tiempo que la falta de gas y electricidad, mantienen una permanente crisis de oferta energética. Esta falta de planificación y de ineficiencia también se manifiesta cuando se permite que se genere electricidad en base de turbinas de ciclo combinado, relegando el potencial de recursos renovables que tiene nuestro país. Debe establecerse una regulación de estos proyectos por el Estado y autorizar sólo aquéllos realmente justificados. Se debe crear un ente federal planificador e integrador de la energía nacional con participación activa de los sectores involucrados.
-# Establecer una recomposición salarial para las trabajadoras y los trabajadores activos y pasivos, que les permita acceder a una canasta alimentaria y de bienes y servicios dignos y adecuados para la época actual. Reafirmar los convenios colectivos de trabajo aprobados democráticamente en asamblea por los trabajadores, en cada rama de la energía, para su aplicación efectiva en defensa de los derechos adquiridos por los trabajadores. En ese contexto, rechazar la mano de obra contratista, que busca confirmar estructuras paralelas de servicios donde la variable es el trabajador contratado con sueldos depreciados y bajo regímenes de otra actividad ajena al servicio. Oponerse a la tercerización de la mano de obra calificada, formada, técnica y profesional-mente en el ejercicio de la función, para evitar la precarización de los servicios. Exigimos la derogación del mínimo no imponible en los salarios de los trabajadores en relación de dependencia y el correcto encuadramiento convencional de todos los trabajadores.
-# Desarrollar una política de aprovechamiento de los recursos carboníferos en función de las nuevas tecnologías. El Estado debe modernizar y repotenciar el sector y la empresa mineras, garantizando la producción carbonífera a fin de lograr el equilibrio armónico con las exportaciones y el consumo de los recursos energéticos.
-# La política sectorial, y particularmente la prestación de los servicios públicos energéticos, entendida en el concepto más amplio, debe asegurar que todos los habitantes puedan acceder al consumo de los bienes energéticos en el presente y en el futuro, en igualdad de oportunidades, sin distinciones fundadas en su nivel socioeconó-mico o lugar de residencia, en condiciones que garanticen la continuidad, calidad y economía del servicio, la racionalidad en el uso y la conveniencia para el medio ambiente.
-# Prohibición del corte de los servicios públicos por falta de pago de los usuarios, debiéndose establecer la tarifa de interés social. Si antes de 1989 éramos usuarios y nos convirtieron posteriormente en clientes cautivos, nuestro objetivo debe ser rescatar nuestra condición de usuarios y de trabajadores de empresas productivas y no de aventuras financieras que grupos privatistas las convirtieron al renegar del concepto social y estratégico de la energía.
-# Declaramos que la recuperación de Aguas Argentinas, constituiría una iniciativa superadora de la situación de privatización. Pese a ello, las luchas realizadas durante años, por distintos sectores gremiales, políticos y sociales, entre los que se encuentran la CTA y la FeTERA, no se ve plenamente satisfecha, por varios motivos, entre los que señalamos: a) Se llega a la reestatización luego de varios intentos fracasados de hallar empresas privadas para reemplazar a Suez. b) La presidencia de la nueva empresa AYSA, se pone en manos de los sectores sindicales que tuvieron que ver con la entrega de nuestro patrimonio, apoyando la privatización, en un inconcebible escenario de reciclaje político.

Además, aprobamos:

Declaramos que no vivimos una crisis de oferta energética, ya que desde nuestro país se exporta, diariamente, gas y petróleo en crudo.

La crisis es del propio modelo neoliberal que ha fracasado en toda línea y no ha sido útil ni para el Estado, ya que desde las privatizaciones se perdió toda iniciativa en materia de política energética; ni para los usuarios y consumidores, que desde las privatizaciones han sufrido aumentos de tarifas, deterioro del servicio y cortes de servicios con retiro de medidores; ni para los trabajadores del sector, que en gran medida perdieron sus trabajos, retrocedieron en sus derechos laborales y salarios y sufren la precarización y flexibilización laboral.

Nuestra decisión es trabajar en la construcción de un Modelo Energético distinto, donde se reconozca, defienda y ejerza la soberanía energética; Para FeTERA la energía es un derecho humano esencial, y como tal debe ser contemplado y concebido en el marco del conjunto de los derechos humanos esenciales. Los derechos del hombre definidos como las libertades primarias (el derecho a la vida, los derechos políticos) no se pueden asegurar mientras no se respeten los otros derechos irrenunciables como el derecho al trabajo, el acceso a la cultura, a la información, a la vivienda, al salario universal, al alimento, a la salud y a la educación. El ejercicio del derecho a la energía y al agua, como de todos los demás mencionados, necesita la formulación de un nuevo modelo de país, de una nueva estructuración social, de nuevas metas nacionales y regionales que implique un contrapoder a la hegemonía imperial del poder económico globalizante.

Hay que construir una nueva concepción de la unidad latinoamericana, refundar el Mercosur sobre las bases de atender las necesidades de sus pueblos, como paso hacia la integración bolivariana como forma de luchar por la plena independencia y el crecimiento de sus habitantes.

Este congreso exige: a) Rendición de cuentas pública sobre los planes de expansión, mantenimiento y renovación de las redes de agua y cloacas y construcción de plantas potabilizadoras y de tratamiento de efluentes. Control popular sobre los planes de obras para la construcción de redes de agua y cloacas al mismo tiempo y la utilización de los pozos para nivelar las napas, corrigiendo de esa manera el desbalance hídrico. Intervención de las organizaciones populares con derechos plenos a la información y a la participación en las diversas instancias institucionales propuestas: Agencia de Planificación encargada de los Planes de obras y del Ente Regulatorio de Agua y Saneamiento, así como de la Sindicatura de Usuarios. Incorporar las Audiencias Públicas vinculantes para que la sociedad pueda opinar y participar en todos los niveles de programación y control. Inclusión de Consejos populares por distrito para el diagnóstico de la situación hídrica y la elaboración de planes de inversión que prioricen la solución de las necesidades básicas de los usuarios. No a AYSA sociedad anónima, sí a una empresa pública de Estado con control social.

Además, denunciamos que la empresa SUEZ no cumplió con las inversiones a que estaba obligada por el contrato de concesión; al tiempo que el Estado Nacional no ha hecho reclamos judiciales por esta situación.

Este Congreso declara que el derecho al uso del agua, de vital importancia para la subsistencia humana, debe ser considerado un derecho humano, que otorgue derecho a todos a contar con agua suficiente, segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos; y que esto no será posible, mientras el agua sea considerada una mercancía que sólo dispone el que la puede pagar. Los acuíferos y reservas de agua dulce, deben ser considerados reservas estratégicas, controladas por el Estado y la comunidad, y protegidas de cualquier política de apropiación por parte de intereses privados.

Este congreso declara que sobre este tema se profundizarán estudios y opiniones, pero desde ya rechazamos las presiones que las corporaciones petroleras, las transnacionales que controlan el comercio agrícola y las semillas transgénicas y las empresas automovilísticas, realizan sobre los gobiernos latinoamericanos para que promuevan la producción a gran escala de biocombustibles para exportarlos al mercado norteamericano.

Apoyamos la producción de biocombustibles a partir de la utilización de elementos residuales de la producción agrícola, siempre y cuando no vaya en detrimento de la producción de alimentos y no reduzca la superficie de suelos fértiles.

SOBRE EL SECTOR ELÉCTRICO.
Este congreso reclama la reestatización inmediata del sector, en virtud del fracaso de la gestión privada, que ha llevado al servicio eléctrico al borde del colapso. Reafirmamos nuestra posición en defensa de la generación nucleoeléctrica, que debe mantenerse en el ámbito del Estado Nacional.

Defendemos una actividad minera no contaminante, al servicio de los intereses del pueblo.

Este Congreso reconoce al Carbón y al Uranio, como recursos esenciales y estratégicos. Demandamos su administración por parte del Estado Nacional. Exigimos el desarrollo de la industria carboquímica en la obtención de combustibles líquidos a partir del carbón.

Hoy el gobierno nacional importa Uranio a U$S 221 por cada kilo, mientras que si se extrajera del yacimiento de Sierra Pintada saldría U$S 60. Reclamamos el restablecimiento de la exploración y explotación de este recurso a cargo del Estado Nacional.

Siendo la energía un recurso esencial y soberano, exigimos una matriz energética compatible con los recursos naturales propios y con el desarrollo tecnológico necesario y creciente. No aceptamos una matriz energética al servicio de los capitales privados. Esta concepción estratégica es la que permite una planificación adecuada a un desarrollo independiente y racional.

Impulsaremos fundación y organización de nuevos sindicatos y agrupaciones de los trabajadores de la energía, tendiendo a una representación cada vez más importante de los trabajadores del sector.
Activaremos una fuerte articulación entre los sindicatos y agrupaciones de la energía y las CTA provinciales y regionales.

Este Congreso se propone reactivar el Centro de Estudios Energéticos y Ambientales de la FeTERA. También aprobamos instrumentar un programa de capacitación gremial, laboral y de política energética, articulando con el Observatorio social y Jurídico de la CTA, las Universidades y el MORENO.

Desarrollaremos el INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ENERGÉTICOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE (IEETALC) impulsado por las organizaciones de la energía de Latinoamérica y el Caribe.

Continuar la campaña por la nacionalización del petróleo y del gas en todo el país. Plantear la necesidad de unificar políticas a nivel nacional, sobre recursos naturales, medio ambiente, modelo productivo y distribución de la riqueza.

Denunciar permanentemente que las empresas concesio-narias de las áreas hidro-carburíferas, continúan extrayendo recursos a simple declaración jurada, sin que al día de hoy, el gobierno nacional ni los provinciales se hayan preocupado por controlar la veracidad de estas declaraciones.
Apoyamos y comprometemos nuestra difusión a la denuncia penal por evasión impositiva, contra las empresas Pecom Energía S.A., Repsol YPF, Shell Compañía Argentina de Petróleo y Esso Petrolera Argentina s.f. y que extienden sus alcances a los funcionarios del Banco Central de la República Argentina, de la Administración Federal de Ingresos Públicos y a los legisladores integrantes de la Comisión de Fuga de Capitales de la Cámara de Diputados de la Nación; y al recurso de amparo contra la Ley de Reforma del Estado y los decretos desreguladores de la actividad petrolera: 1055/89, que asegura la libre disponibilidad de los hidrocarburos para las empresas privadas; 1212/89, que libera los precios internos de los combustibles y los refiere a su cotización internacional; 1589/89, que garantiza la libre disponibilidad de las divisas obtenidas por la exportación petrolera. Ambas acciones llevadas adelante por el Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora, MORENO.

Saludamos la próxima realización del III Foro Latinoamericano y Caribeño de Trabajadoras y Trabajadores de la Energía; que discutirá la fundación de la Federación Latinoamericana Caribeña de Trabajadores y Trabajadoras de la Energía y del que formaremos parte, como en todas las oportunidades anteriores.

Reclamamos enérgicamente al Gobierno Nacional, la personería gremial de la FeTERA y de la CTA; que al día de hoy no cuentan con legalidad para representar colectivamente a los trabajadores, en abierta y reiterada violación de los Acuerdos 87 y 98 de la OIT.

Aprobamos iniciar una campaña en todo el país y en el exterior denunciando esta situación y reclamando el pronto reconocimiento de nuestras organizaciones.

Nos sumamos activamente a la campaña contra el despido sin causa y por la libre opción jubilatoria. Sobre este último tema, aprobamos la realización de encuentros y plenarios con compañeros activos, en el ámbito de la FeTERA, a fin de esclarecer sobre los contenidos de la nueva normativa legal.

Reclamamos, en apoyo de la organización de los trabajadores:

-* Inmunidad para los fundadores y delegados de las organizaciones simplemente inscrip-tas.
-* Reconocimiento de los representantes en el conflicto.
-* Ejercicio irrestricto del derecho a huelga.
-* Derecho al cobro de la cuota sindical por nómina por parte de las organizaciones simplemente inscriptas.
-* Participación de las organizaciones simplemente inscriptas en las paritarias salariales y convencionales.

Según la ley, el salario mínimo debe ser la menor retribución que un trabajador sin cargas de familia debe percibir por una jornada legal que le permite cubrir el valor de los alimentos, vestimenta, vivienda , cultura, entretenimiento y esparcimiento. Exigimos un salario mínimo garantizado para todos los trabajadores y la eliminación de los contratos de media jornada.

Proponemos reemplazar el actual Plan Jefes por un verdadero SEGURO DE EMPLEO Y FORMACIÓN. La calificación de «verdadero» remite tanto a los valores que el mismo debe tener (debe fijarse en función de que ningún hogar quede bajo la línea de pobreza), como a las estrategias de planificación pública que debiera transformar la disponibilidad de mano de obra financiada en un recurso que permita resolver las necesidades sociales postergadas y contribuir a una Área de Formación y Capacitación Laboral. Los beneficiarios de este plan deben contar con obra social, aportes jubilatorios, vacaciones pagas y salario familiar.

Sostenemos que no se debe seguir tolerando la inequidad que supone pagar un salario familiar por hijo sólo a los trabajadores registrados. Proponemos reemplazar el sistema actual por la vigencia de una ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO para todos los hijos de trabajadores.

Exigimos acompañar esta asignación con la Generalización de la Ayuda Escolar Anual que hoy sólo perciben los trabajadores registrados.

El Estado Nacional, y las provincias, mantienen miles de empleados no registrados. Mientras a los fines estadísticos, el INDEC tabula a estos trabajadores como ocupados, los mismos no tienen reconocimiento de derechos laborales y sociales. Exigimos el registro y reconocimiento laboral de todos los trabajadores no registrados por el Estado.

{{SOBRE LAS LUCHAS LLEVADAS ADELANTE POR NUESTRAS ORGANIZACIONES.}}

-* Apoyamos y acompañamos la lucha de los compañeros de Agrupación Enrique Mosconi, impulsando la causa penal 8.568/99 que denuncia defraudación en la venta de YPF.
-* Apoyamos y acompañamos las medidas de acción directa y administrativas llevadas adelante por el Sindicato Luz y Fuerza La Pampa.
-* Apoyamos y acompañamos la Lucha de Luz y Fuerza Mar del Plata, por la reincorporación de Gustavo Aranciaga, despedido sin causa; y por la creación de puestos de trabajo genuino, en la empresa EDEA SA.

Mar del Plata, 31 de marzo de 2007.