Para EDEA la impunidad es un valor

La empresa ha emprendido una cacería declarada contra los trabajadores. Ya ni siquiera es solapada. Les apunta directamente, y los persigue con la misma impunidad con la que hace y deshace en la prestación del servicio, a expensas de usuarios que no tienen escapatoria.

El reclamo por la reincorporación de un compañero despedido sin causa en Miramar se resuelve con una multa contra la empresa. Y sin embargo, la patronal vuelve a cargar y enseguida suspende con argucias irrisorias a otro trabajador. Y éste es sólo un emergente de una situación generalizada e insoportable. Que con lentitud y mucho sacrificio logra instancias favorables, merced de la justicia de nuestros reclamos, pero que siempre trae un contraataque feroz, como si en vez de tratarse de trabajadores, si en vez de ser los que sostenemos y hacemos crecer a la empresa, fuéramos obstáculos. En todo caso, sí está claro que no dejaremos pasar pasivamente ningún hecho de esos que entran en la política de aberraciones asquerosas de la dirigencia empresaria.

{{{Una multa por acá.}}}

En 17 de noviembre de 2006, EDEA S.A. despidió sin causa a un trabajador de la sucursal Miramar con el claro objetivo de demostrar a los trabajadores que el grupo Camuzzi tiene poder y que el trabajador que saca los pies fuera del plato o, lo que es igual, que reclama sus derechos legales y convencionales, podrá quedarse sin trabajo.

Luego de la lucha llevada adelante por esta organización en aquel momento y en forma inmediata, el 14 de diciembre de ese año el Ministerio de Trabajo ordenó a la empresa «reincorporar al trabajador a su puesto de trabajo».
Con esa muestra permanente de impunidad a la que venimos refiriendo, EDEA S.A. impidió al compañero ingresar a trabajar y hasta la fecha sigue cesante.

El 31 de octubre del corriente año, mediante la Resolución 11.772/07, el Ministerio impuso a EDEA S.A. una sanción monetaria por este incumplimiento, por lo que la conminó a abonar 38 mil pesos de multa por incumplir la orden de reincorporación.

Como expresamos en un comunicado en esos días, “esto no soluciona el problema de devolver al compañero y su familia la fuente de trabajo, ni tampoco le significa a EDEA S.A. un grave desembolso, pero esta Resolución sirve para mostrar públicamente la actitud dictatorial de una empresa que hace lo que considera y no lo que debe hacer respetando las leyes vigentes”.

{{{La impunidad debe tener límites.}}}

En el mismo documento difundido por este tema, desde nuestra organización hicimos saber que “queda claro que EDEA S.A. prefiere pagar multas, a reconocer el derecho de los trabajadores. Lo que también queda claro es que la justicia tiene sus tiempos y la impunidad tiene límites. Esta es una multa más que se suma a una serie de sanciones anteriores (y que no fue la última, ver: Se viene otra multa, en esta misma nota) por violar las leyes vigentes en lo que respecta a Seguridad e Higiene en ámbitos laborales o deficiencias en el servicio que presta a los usuarios.
Llegará el tiempo en que la acumulación de infracciones pese sobre esta multinacional y su contrato de concesión”.

{{{Más ganancia y menos servicio.}}}

La empresa está cerrando su décimo año de cumplir esta meta en forma exitosa. Exitosa para ellos. Esta parte del año permite ver sin medias tintas cómo se caen algunos discursos narcotizantes y cómo regresan algunas fórmulas recaudatorias. Llega el verano y más allá de las palabras del gobierno, y de los dibujos y falacias de la empresa, la prestación del servicio se juega al límite del colapso. Y para quienes siguen planteando que decir esto es instalar el terror, va la innecesaria aclaración de que el servicio está funcionado al tope todo el año; que los cortes preventivos, las actividades que se nos presentan como tareas de mantenimiento y los cableados de emergencia que vemos en muchas veredas céntricas, dan cuenta de la precariedad de la prestación. Con el consumo habitual y sin verdaderas inversiones en recurso humano, tecnología e infraestructura. Si sumamos a eso el aumento lógico de la demanda de la temporada estival, la ecuación no cierra. O sólo cierra en los discursos de los gerentes de la empresa que nunca van a admitir que en los paneles de control se corten barrios enteros en forma alternada para evitar la falta de flujo en zonas céntricas de nuestra ciudad.
Por otro lado, EDEA continúa cobrando la Tarifa Estacional, otra trampa argüida legalmente que continuamos en lucha por desarticularla, para evitar que, como siempre, haya que dejar aparatos encendidos para evitar que el consumo cero sea penado con facturas irracionales que permiten aumentar la recaudación, por una energía que nunca se distribuyó, y muchos menos fue consumida por los usuarios.

{{{Persecución y amedrentamiento.}}}

Este es un capítulo de los más dramáticos en la historia que nos tiene desde hace diez años, explicando por qué no se debió haber privatizado el servicio. Si los trabajadores ejercemos nuestro derecho a huelga, habrá que remar mucho para que nos paguen esa jornada de legítimo reclamo. Si participamos de los espacios y acciones de organización gremial, deberemos soportar la presión verbal en los lugares de trabajo, intentos de descalificaciones personales e institucionales. Si la empresa quiere sacarse a alguien de encima, o demostrar su poder ilimitado, podrá despedir a cualquier trabajador sin causa, y sólo deberá pagar una multa.

Y desde ahora, la portación de apellido puede ser pasible de sanciones muy fuertes que profundizan esa línea de atacar a esos obstáculos que se interponen entre ellos y la ganancia fácil y descomunal que pretenden lograr sin impedimentos.

Un día cualquiera, y así como de la nada, o seguramente como consecuencia de estar nosotros en medio de un planteo de actualización salarial, le cayó al compañero Omar Rigane una suspensión por 20 días. La empresa dijo que las cámaras de seguridad, que aparentemente están para monitorear la tarea de los compañeros, como si fueran ellos los causantes de situaciones de inseguridad en sus puestos de trabajo, habrían detectado panfletos en su bolso, lo cual es técnicamente imposible, ya que esos equipos no cuentan con tecnología que permita ver a través de la materia. (A las compañeras no les alcanza, aunque no lleven tanga debajo de la ropa.)

Nuestra organización reaccionó de varias formas. Se convocó a reuniones de delegados y asambleas de trabajadores, al tiempo que se notificó de la sanción al Ministerio de Trabajo de la Provincia. Después de una inspección del Ministerio, se comprobó que la empresa no está dispuesta a revertir la suspensión al compañero Omar Rigane. La sanción se suma a otras situaciones discrimina-torias contra los miembros de la Comisión Directiva, a muchos de los cuales no se les permite el ingreso a los lugares de trabajo, además de otras varias instancias de persecución a los delegados y de sanciones sin motivos a afiliados de esta organización.

En un comunicado del gremio expusimos que “como respuesta a la necesidad que planteamos los trabajadores, de una recomposición salarial justa y necesaria, la empresa optó por el hostigamiento a los trabajadores, con sanciones que tienen por único objetivo mantener a los compañeros cautivos del miedo y la incertidumbre. El amedrentamiento de compañeros que ejercemos los derechos que la ley nos otorga es una práctica que hizo costumbre esta empresa que respeta sólo sus propias leyes, que nada tienen que ver con la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales con Jerarquía Constitucional y el Convenio Colectivo de Trabajo 36/75”.

{{{La empresa tiene su propio marco legal.}}}

La frase suena repetida. Nosotros la hemos reiterado hasta el cansancio. En realidad, no nos cansamos de reiterarla. Decimos que EDEA S.A. se maneja según sus propias leyes y lo decimos tantas veces como esta empresa privatizada actúa de esta forma.

La última convocatoria de la delegación regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia termina siendo una nueva demostración. Y no fue una invitación a conversar, sino que la empresa había sido citada oficialmente para acordar la conciliación obligatoria en el marco de la actual instancia del conflicto. “El jueves 13 de diciembre citamos a las nueve de la mañana, con habilitación de día y hora a la empresa y a los trabajadores, en este caso al gremio, para que nos sentáramos en la mesa”, expresó José San Martín, titular de la delegación, en referencia a la determinación tomada. Y vaya esta declaración como respuesta y argumento para toda la comunidad, para los usuarios, a quienes se les quiere hacer creer que somos los trabajadores los que buscamos el conflicto. Lejos de eso, nosotros concurrimos. La empresa, como tantas veces, no.

“Nosotros citamos a la empresa y a los trabajadores y dictaminamos, junto al Dr. Federico Martín Vela, que se encarga de todos los temas legales en el Ministerio, la conciliación obligatoria. Esta medida implica un plazo de quince días hábiles, donde se retrae la situación que era justamente por este compañero que había sido suspendido por veinte días, y para evitar que se resienta el servicio pero, bueno, desgraciadamente, en el acta que se firmó, la empresa dejó en claro de que no iba a acatar absolutamente lo que resolviera el Ministerio. Por eso quiero dejar muy en claro que acá no tiene nada que ver ni los trabajadores, ni el gremio, ni menos que menos el Ministerio de Trabajo. Lo que hizo el Ministerio es tratar de descomprimir, tratar de que se sienten las partes, se hable como corresponde, pero desgraciadamente esta empresa, y personalmente a este Ministerio ya lo tiene acostumbrado, porque cada vez que acá hay una audiencia con motivo de un trabajador, o declina la instancia o hace oídos sordos a lo que platea el ministerio. El Ministerio no es Pepe san Martín, yo estoy para impartir lo que marcan las leyes y lamentablemente esta empresa no cumple con lo que marcan las leyes”.

No lo decimos nosotros. La autoridad máxima del Ministerio de Trabajo en la región admite que la empresa se maneja al margen de la ley, que se maneja según su gusto y placer, o lo que es peor, con su propio marco regulatorio.

{{{Se viene otra multa.}}}

Tal desplante a la autoridades debería ser motivo de alguna sanción. Cuestión que fue asumida por José San Martín, al ser consultado sobre el tema durante una conferencia de prensa a la que convocaron en forma conjunta con nuestra organización, el sábado 15 de diciembre. “Le cabe todo, lo que queremos hacer es dejar muy en claro que se van a aplicar porque no se ha cumplido, pero queremos definir esta cuestión de fondo porque si no, es como dice el compañero Rigane, que parece que ellos tienen la ley de EDEA S.A., y no existe la ley de EDEA S.A., existe la Ley de Contrato de Trabajo en la provincia y el país, y hay que cumplirla, eso es lo que yo tengo que exigirle a los empresarios. A los que vienen de otros países y a los taxistas, entonces, díganme porque no cumple EDEA S.A.”, dijo.

{{{Convocados por el gobierno.}}}

El Ministerio de Trabajo ya no discute la razón de los trabajadores. Y no es la única área oficial que interviene. Mientras la empresa decidía por enésima vez hacer oídos sordos a la conciliación obligatoria, las nuevas autoridades del Ministerio de Infraestructura llamaron a nuestro Secretario General para interiorizarse acerca del conflicto. En La Plata, durante la tarde del viernes 14, y según detalló el mismo José Rigane, “tuvimos una larga charla sobre la situación con la empresa, en particular la situación del sistema energético de la provincia y esta zona. En realidad, conoce (la ministra) bastante bien este tema y los antecedentes. Ha tenido una buena transmisión respecto de lo que ha venido aconteciendo con la empresa y se ha mostrado predispuesta a ser parte de las soluciones. Entiende, comprende y tiene absolutamente fundadas y fundamentadas las actitudes de empresa EDEA S. A. y el grupo Camuzzi porque también los problemas que hay en la provincia con el tema gas vienen de la mano del grupo Camuzzi. Así que ella también va a interceder. Y se iba a poner en contacto con el Ministro de Trabajo para, en los próximos días, estar haciendo una reunión de carácter colectiva con los ministerios para ver este problema en particular; en la medida que la empresa no se supedite a las determinaciones que establecen los hábitos institucionales”.

{{{La insistencia en buenos términos.}}}

Pese a que, como queda claro, para el Ministerio de Trabajo la empresa está en falta, una de las disposiciones del expediente firmado por el delegado José San Martín exige “retrotraer la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto que data del 11 de diciembre de 2007 e intimar a las partes a abstenerse de adoptar cualquier medida que pudiere implicar una modificación directa o indirecta de las condiciones laborales” al tiempo que volvió a citar a las partes a una nueva audiencia.
Con la misma predisposición por parte de la empresa, ésta se realizó el 19 en la delegación del Ministerio de Trabajo. La empresa se mantuvo en la misma posición: la de no permitir el ingreso del compañero y no acatar la conciliación obligatoria.