Del plenario participaron nuestro Secretario General, Secretario General de la FeTERA y miembro del Concejo de Administración de “Derecho a la Energía – S.O.S. FUTUR”, José Rigane; el Secretario de Organización de la FeTERA, Gabriel Martínez; Ana Sacchi, del Movimiento Nacional Oro Negro y Secretaria de Previsión de la FeTERA; Daniel Martínez, Secretario Adjunto de APJ Gas; Oscar Lagos, de ATE y Secretario Gremial de la FeTERA; Dante Córdoba, Secretario General de la CTA de Pichanal (Salta); Miguel Galván, de FeTERA Río Turbio; Gabriel Clark, de los Electricistas de La Matanza; Isaac Gurovich, integrante del Centro de Estudios Energéticos y Ambientales de la FeTERA, y Guillermo López y Aurora Tumanischwili, de la CTA Flores en FeTERA.
Rigane informó que se han creado las condiciones para fundación de una Federación Latinoamericana y Caribeña de Sindicatos de la Energía. Esta instancia se concretará en Quito (Ecuador) entre el 2 y el 4 de mayo de 2008. En el Congreso Nacional de la FeTERA, que se realizará a fines de marzo, se discutirá la conformación de la delegación de FeTERA que concurrirá a dicha fundación.
En el marco de dicho encuentro, entre la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y la FeTERA, se firmó un Convenio de Cooperación que incluye la creación de un Centro de Estudios sobre el Derecho Social a la Energía, actividades de formación en política energética, gremial y áreas tales como Nociones de Economía, Historia, Filosofía, etc. Éste tendrá una vigencia de cuatro años e incluye la impresión de libros y folletos en forma conjunta, lo cual tiene una importancia radical, no sólo por lo fructífero del trabajo conjunto de trabajadores y estudiantes, sino que es fundamental en esta etapa de expansión del pensamiento de la Federación.
Durante el corriente mes se convocará a un nuevo plenario a fin de actualizar los Proyectos de Ley sobre Tarifa Social y Garrafa Social, y La Energía: Bien Social y Derecho Humano, con la presencia de compañeros de la Mesa Directiva de FeTERA, militantes de las distintas organizaciones y provincias y legisladores, para dar un nuevo impulso a los proyectos de Ley.
{{{GARRAFA SOCIAL}}}
Sobre un anteproyecto elaborado por la Mesa Directiva de la FeTERA, junto al Diputado Nacional Alberto Piccinini (ARI-Santa Fe) se redactó un proyecto de Ley de Declaración de Servicio Público Nacional del Gas Licuado Envasado. Este será presentado en la Cámara de Diputados de la Nación.
Según este proyecto, los Ministerios de Economía y Servicios Públicos, de Planificación y de Desarrollo Social de la Nación, asegurarán el abastecimiento y distribución de las garrafas, cuyo precio máximo uniforme deberá ser establecido en 5 pesos por cada 10 kilogramos de gas licuado.
El proyecto se funda en la falta de un sistema de distribución de gas natural por redes que satisfagan las necesidades de consumo de la población. Esta falencia se subsana actualmente recurriendo al consumo de gas licuado en envases de diez o más kilos, teniéndose en cuenta, asimismo, que este tipo de combustible ha sido denominado “gas de los pobres”, ya que los hogares de menores recursos son los que recurren al mismo.
Aún así, el gas licuado tiene un precio final que en mucho supera al Gas Natural, en el equivalente de calorías proporcionadas, lo que suma una injusticia adicional a los sectores empobrecidos.
La explotación comercial del GL se encuentra en situación de virtual monopolio, ya que una sola empresa concentra el 55,3 % de la producción total del país, el 64,2 por ciento de la capacidad de transporte, y el 78,2 por ciento de la capacidad de almacenamiento. Basta con recordar que, desde enero de 2002, la garrafa de 10 kilos acumuló una suba del 140 por ciento.
{{{TARIFA SOCIAL}}}
Durante el 2002, desde Luz y Fuerza Mar del Plata, hemos presentado el Proyecto de Ley de la Tarifa de Interés Social, que establece el precio que el usuario residencial, en estado de vulnerabilidad socioeconó-mica, abona como contrapres-tación por los servicios públicos de agua potable, cloacas, energía eléctrica y gas natural, considerados bienes sociales fundamentales. Desde entonces, esta tarifa es Ley en la Provincia de Buenos Aires y algunas otras provincias, aunque todavía no hemos conseguido su aplicación a nivel nacional.
De acuerdo al régimen dispuesto por esta Ley, los prestadores de estos servicios públicos perciben un valor no superior al 50 por ciento de los conceptos propios del servicio que corresponden a la facturación regular. Asimismo, queda prohibida la suspensión del suministro de agua, energía eléctrica, gas y el servicio cloacal, en caso de que el usuario no pueda pagar la factura.
La determinación de la vulnerabilidad económica debe realizarse mediante una encuesta respondida por los usuarios que soliciten la T.I.S. Criterios como el nivel de ingreso, la composición del grupo familiar, la situación ocupacional, las características de la vivienda y cobertura de salud, entre otros, deben ser relevados en esta encuesta. A estos efectos, se promovió la creación de Comisiones Multisectoriales de nivel municipal, integradas por representantes del gobierno, comunitarios y sectoriales, que son las encargadas de seleccionar a los beneficiarios. Aquí juegan un rol esencial los entes reguladores de los respectivos servicios.
En ningún caso, esta determinación debe conllevar el espionaje que lleva a cabo el Grupo Camuzzi, a través de la empresa EDEA S.A., que cuenta con una base de datos y fotos tomadas de los domicilios de los beneficiarios, cuya intimidad intervienen sin pedir permiso.
La incorporación ordenada de la población más vulnerable al usufructo de los servicios públicos esenciales es un compromiso de la sociedad y del Estado, para lograr la integración plena como ciudadanos en democracia. Como sostuvimos desde un comienzo, con la T.I.S. ganamos todos: los usuarios en respeto al derecho legítimo; los trabajadores, por evitar la confrontación con los usuarios enganchados (superando el postulado del sistema, que pretende la lucha de pobres contra pobres); la empresa, porque factura donde no podía y evita el “enganche»; y el Estado, al recuperar un rol garantista.
