Mar del Plata 28 de marzo de 2008.
En el marco del Congreso, se ratifican resoluciones anteriores, y se afirman los objetivos de la reestructuración alternativa del sector energético argentino.
1. Nacionalizar las fuentes energéticas sobre la base que su dirección y control deben estar en manos del pueblo.
2. Proceder a la reversión de todas las privatizacio-nes realizadas.
3. También nos oponemos a los proyectos de privatización de las empresas del área de energía en algunas provincias que quieren repetir la fracasada política energética nacional.
4. Anular la «libre disponibilidad de crudos y gas».
5. Prohibir la remisión de las ganancias de las empresas energéticas al exterior.
6. Restablecer una política de exploración y explotación petrolera, asumiendo el Estado Nacional una acción directa.
7. La Nación Argentina debe declarar que los bienes energéticos son estratégicos y esenciales, y que las actividades petroleras, gasíferas y de la energía eléctrica son servicios públicos.
8. Detener toda venta de empresas petroleras y de acciones de empresas públicas que aún queden en propiedad pública con la intención de recuperar los recursos petroleros para la Nación. Se debe mantener, como hasta ahora, la defensa de las centrales hidroeléctricas binacionales Yacyretá y Salto Grande, como las centrales nucleares Atucha I y Embalse. En Salto Grande deberá asegurarse la propiedad y gestión de carácter binacional, más allá de la participación provincial en la renta. Se debe restaurar la CNEA en su antiguo nivel de excelencia en ciencias básicas y aplicadas, en una entidad única e indivisible, y garantizar la finalización de Atucha II. En función del bajo costo y de la gran reserva de agua turbinable disponible en el país, se debe promover el estudio y la construcción de centrales hidroeléctricas, apoyados en estudios que minimicen los impactos ecológicos. Respecto a la energía nuclear, se debe dar impulso a su desarrollo y crecimiento, y enfatizar que el tratamiento y la disposición final de los desechos radiactivos se efectúe de acuerdo a los máximos estándares de seguridad establecidos. De esta forma se estarán preservando el medio ambiente y los derechos de las nuevas generaciones. Repudiamos todo intento de engañar al pueblo con el falaz argumento de la compra de acciones petroleras por un grupo denominado falsamente nacional, aseverando que de esta manera el petróleo se nacionaliza cuando en realidad se continúa extranjerizando.
9. Terminar con la dilapidación del gas natural a través de las exportaciones al exterior sin planificación alguna.
10. Establecer una recomposición salarial para las trabajadoras y los trabajadores activos y pasivos (implementación inmediata del 82% móvil), que les permita acceder a una canasta alimentaria y de bienes y servicios dignos y adecuados para la época actual. Reafirmar los convenios colectivos de trabajo aprobados democráticamente en asamblea por los trabajadores, en cada rama de la energía, para su aplicación efectiva en defensa de los derechos adquiridos por los trabajadores.
11. Desarrollar una política de aprovechamiento de los recursos carboníferos en función de las nuevas tecnologías.
12. La política sectorial, y particularmente la prestación de los servicios públicos energéticos, entendida en el concepto más amplio, debe asegurar que todos los habitantes puedan acceder al consumo de los bienes energéticos en el presente y en el futuro, en igualdad de oportunidades.
13. Prohibición del corte de los servicios públicos por falta de pago de los usuarios, debiéndose establecer la tarifa de interés social.
14. Declaramos que la recuperación de Aguas Argentinas, constituiría una iniciativa superadora de la situación de privatización.
