La empresa hizo una presentación aludiendo a que un incendio en una cámara subterránea habría sido consecuencia de un supuesto atentado. Las áreas judiciales también instaron a la compañía a dirimir conflictos en otros ámbitos de resolución.
El secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Playa, José Rigane, expresó su satisfacción frente a la resolución de la Justicia Penal que desestimó una denuncia presentada por la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA).
Según explicó el abogado penalista Ernesto De la Plaza, el incendio de una cámara subterránea de Moreno y Buenos Aires -que podría haberse perpetrado de manera espontánea por falta de mantenimiento u otras causas-, habría sido utilizado como vía de los empresarios para «criminalizar una protesta de reclamos laborales».
«EDEA lo que hizo es presentar una denuncia como si fuera un atentado. Incluso salió publicado en un medio, al lado de un conflicto sindical, como si una cosa tuviera que ver con la otra. Lo más probable es que haya pasado por el mal estado de esos cables, que llevan más de cincuenta años sin reparaciones», precisó el letrado.
En este contexto explicó que el sindicato a su vez también efectuó una denuncia para investigar si eventualmente hubo algún responsable o si fue por las condiciones que presentaban esas instalaciones.
Así las cosas, según aclaró, la Justicia habría resuelto, en principio, teniendo como prueba los listados de los afiliados al sindicato, desestimar esta cuestión ya que las listas «estarían emparentadas peligrosamente con persecuciones impropias en estado democrático de derecho y en tácita confrontación con los derechos de libre asociación», según se desprende del fallo.
Por otro lado, la Fiscalía determinó también que no sería en el sistema Penal el lugar indicado para la resolución de todos los conflictos, más aún este tipo de cuestiones que tienen otros canales de resolución que pueden ser, entre otros, el Ministerio de Trabajo.
«El Derecho Penal se ocupa en realidad de si existió o no delito, si hay un autor y condenarlo, pero no de resolver el conflicto de los salarios, si EDEA ha tercerizado trabajos y si con eso hay mayores ganancias. Lo que sucede es que la empresa quiere criminalizar la protesta, es decir, cuando alguien protesta, pasa a ser un criminal automáticamente. Pero afortunadamente el fiscal no compró.
Es más, dijo que si hay delito se investigará. Pero no se acreditó todavía su existencia, ni que el autor del hecho, en caso de existir, sea necesariamente algún trabajador», sentenció De la Plaza.
Se sabe que existen varios frentes judiciales y que históricamente recurren a la vía legal y a la judicialización de los casos.
El doctor agregó además que en la actualidad, hay otra presentación judicial que formuló el sindicato donde se denuncia que personal no capacitado de empresas terceri-zadas estarían realizando tareas en líneas de media y alta tensión, con un «alto riesgo de trabajo y sin previa capacitación».
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Rigane se mostró conforme con la resolución judicial y destacó que, más allá de cualquier posible apelación, «pone en caja de que no se puede utilizar la Justicia Penal para dirimir conflictos de carácter laboral».
Agregó que en los últimos años, «la Justicia está poniendo límites al alto grado de impunidad que se manifiesta a través de distintas decisiones emparentadas y que ha dejado claro que no respeta los derechos laborales vigente, manejándose incluso como si tuviera sus propias leyes».
A su turno, el abogado laboralista Horacio Godoy entendió que esta resolución sienta un precedente para los lucifuercistas y la cúpula sindical en general.
«Es una manera de terminar con el viejo fantasma de la dictadura en donde el que protestaba era sinónimo de criminal. Vivimos en una sociedad democrática en donde todos tenemos derechos y obligaciones. Y una de las cosas que es importante destacar es que a pesar de haber elegido el camino más difícil, que es los pasos de la legalidad, la organización siempre ha agotado las instancias legales para llegar a una última instancia que es la medida de fuerza. Sabemos que judicializar una protesta por parte de la empresa significa una impotencia y todas las denuncias que esta organización ha hecho en los últimos tiempos nunca fueron desmentidas… creo que por ahí pasa la cuestión», concluyó Godoy.
