{Texto leído por la Dra. Marta Scali.}
Me resulta bastante más difícil escribir que hablar, así que voy a intentar ordenar algunas ideas:
A partir de la reapertura de los juicios, desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre hemos bregado por el reconocimiento jurídico de lo que el campo popular afirmó durante 30 años: que lo sucedido en nuestro país fue un genocidio. Esto implica que no estamos solamente frente a delitos de lesa humanidad, sino que esos delitos tuvieron un por qué y un para qué: había que implantar en el país un nuevo orden social, político, económico y cultural y para eso había que eliminar no a cualquiera, sino a los sectores sociales organizados que podían pelear contra ese sistema. Entonces la represión se dirigió especialmente al movimiento obrero y al movimiento estudiantil organizado.
Por eso no es casual que las víctimas de la Noche de las Corbatas fueran abogados laboralistas, militantes y comprometidos.
No es casual tampoco, que luego Mar del Plata, en el auge del neoliberalismo menemista, fuera la cuna de diversas formas de fraude laboral, entre ellos, el nefasto invento de las «cooperativas de trabajo» eufemismo para esconder el trabajo en negro de los trabajadores del pescado, vigente al día de hoy y extendido y generalizado en el país. Y tampoco que la militancia de muchos de nosotros haya empezado junto a esos trabajadores, en el puerto, en la pelea de Luz y Fuerza contra la privatización, en las rutas.
Y decimos esto, porque es necesario remarcar que la reapertura de los juicios contra los genocidas es sólo una pata de la lucha contra la impunidad, imprescindible pero no la única.
No sólo debemos lograr la condena de los asesinos, sino la de aquellos que propiciaron, avalaron y se enriquecieron con el plan de exterminio. Los que entregaron las listas de los militantes sindicales, los jueces y fiscales que cajonearon habeas corpus, los que al día de hoy siguen ocupando los espacios de poder que lograron con la desaparición de sus colegas.
Pero debemos decir que estamos preocupados. Este año, la presidente al iniciar las sesiones legislativas dijo que en cuatro años deben terminar los juicios. Esto podría verse con el optimismo de pensar en una firme decisión de Estado de lograr justicia, pero si vemos los años que han transcurrido desde la anulación de las leyes de impunidad, las escasas condenas logradas hasta ahora y la ineludible desaparición impune de Jorge Julio López, tal afirmación resulta más bien una idea clausurante.
Aunque reconocemos la enorme importancia simbólica de las condenas obtenidas hasta el presente (de lo contrario, estaríamos negando nuestros propios logros), y la existencia de un discurso que permitió que las demandas populares sostenidas durante treinta años encontraran un lugar relevante en la agenda pública, debemos recordar que la IMPUNIDAD GENERA MÁS IMPUNIDAD. López es una herida abierta que denuncia a la vez la vigencia de sectores de la derecha con convicción ideológica y capacidad operativa y que las fuerzas de seguridad y militares no han sido saneadas, que el aparato represivo mantiene prácticas y lealtades que los gobiernos de turno han dejado intactas, que el Poder Judicial esconde en su intencional morosidad su pertenencia ideológica.
Y vemos también con preocupación que paulatinamente se afianza una asimilación del concepto de derechos humanos a la memoria del exterminio de la dictadura. Concepción que tiene la importancia de actuar como condena moral, pero que cristaliza la lucha contra la impunidad en el pasado, negando de alguna manera una pelea que es presente no sólo por las consecuencias de ese exterminio, que aún hoy vivimos, sino también por las tareas pendientes para lograr la plena vigencia de los derechos y reivindicaciones populares.
Creemos en este sentido que, como decía Toto Zimerman, incansable militante popular, «derechos humanos es el derecho de los pueblos a luchar por la revolución».
Por eso, no sólo estamos para encarcelar genocidas, sino para, junto a todo el campo popular, recuperar cada una de las cosas que perdimos en la dictadura. Los derechos laborales, económicos y sociales, la soberanía sobre nuestros recursos naturales. En definitiva nuestro derecho como pueblo a determinar nuestra historia.
La memoria se construye mientras tanto, en ese andar.
Saludos fraternales.
{{Guadalupe Godoy}}. {Liga Argentina por los Derechos del Hombre.}
