Un grupo de dirigentes del Colectivo de Trabajadores en Revolución de la UNETE, convocaron una rueda de prensa para fijar posición sobre la nacionalización de la industria cementera, las 26 leyes habilitantes y la guarimba económica dirigida desde la oposición y los sectores de la oligarquía.
Estuvieron presentes entre otros, Jorge Coronado, José Rondón, Lilí Rincón, Alexander Santos, Leida Machis, Alberto Rodríguez, Edgar Jiménez, Eduardo Sánchez, Marcela Máspero, Jorge Ladera, representantes del Sindicato Bolivariano del Anauco Suites y de la Alcaldía de Paz Castillo.
Inició la exposición Marcela Máspero, quien ratificó la posición del CTR-UNETE de apoyar la nacionalización de la Industria cementera en manos de las transnacionales y sobre todo la decisión tomada con relación a las plantas de CEMEX en el país, que profundiza el camino del gobierno revolucionario hacia el socialismo, devuelve al pueblo y al Estado venezolano las industrias estratégicas privatizadas en los gobiernos neoliberales del pasado, garantiza el suministro del cemento para la construcción y libera a los trabajadores de esta industria, de flagelos como la tercerización impuesta por esta transnacional.
“Desde la clase obrera asumimos el reto de convertir a estas empresas en socialistas, erradicando la explotación y convirtiéndolas en palancas para el desarrollo endógeno de las zonas donde están ubicadas”.
“También queremos opinar sobre las 26 leyes habilitantes recién promulgadas, que están siendo utilizadas, por los sectores de la oposición, como instrumento para generar condiciones en el país, similares a las del 11 de Abril de 2002, sin encontrar argumentos sólidos, porque en su gran mayoría estas leyes apuntan a la justicia social, a la participación protagónica del pueblo y seguir avanzando hacia el socialismo, que es el programa que la clase obrera venezolana apoya contundentemente.
“Nuevamente se convierten en actores políticos CAVIDEA, FEDECAMARAS, CONINDUSTRIA y los sectores económicos que condenan estas leyes porque hace muchos años que no invierten un bolívar en el país y pretenden seguir lucrándose a costas del desabastecimiento y encarecimiento de los alimentos.”
“Estos sectores son los mismos que acusan al gobierno del fracaso económico, cuando los únicos responsables de la inflación son ellos mismos, ya que el elemento que ha incidido más para ésta es el aumento del costo de los alimentos.”
“Los trabajadores, además de ser consumidores, somos parte de la producción, y sabemos que el azúcar se sigue desviando en más del 70% para la industria alimenticia negándosela al pueblo, que se procesan sardina y atún en presentaciones diferentes a las reguladas, al igual que harina de maíz precocida, arroz y aceite para burlar el control de precios. Sabemos qué hacen con el afrechillo, que es materia prima para el aceite de maíz, las líneas de producción que están paralizando, y tengan por seguro estos sectores económicos, que de no aparecer nuevamente estos productos regulados estaremos planteando al Gobierno Nacional la declaración de utilidad pública de estas plantas.”
“La clase obrera asume el reto, rodilla en tierra, de seguir produciendo en estas industrias si pretenden continuar con la guarimba económica y tengan por seguro que somos conscientes de la explotación a que nos ha sometido el capitalismo y ahora más maduros políticamente para asumir el control de la producción y garantizar la soberanía alimentaria a nuestro pueblo”, finalizó Marcela Máspero.
Por su parte, Alexander Santos, directivo de SinTraCemento, explicó la conducta de las transnacionales del cemento, desde la reelección del Presidente Chávez, cuando diseñaron su plan para desabastecer al país, exportando no sólo cemento sino también klinker, que es materia prima para su elaboración. Señaló que el país donde se producía cemento al menor costo es Venezuela, por el suministro de energía y combustible y el gran negocio de las transnacionales que exportaban más del 70% de su producción.
Habló también sobre el cemento blanco, que sólo se produce en la planta de CEMEX en Lara, cuyo costo es de 20Bs y se vende a más de 100Bs. Ratificó que esta decisión del Gobierno apunta hacia la soberanía nacional, para garantizar la construcción de viviendas y grandes obras de infraestructura, para el desarrollo del país y del pueblo venezolano.
Informó sobre las propuestas que se vienen construyendo desde los trabajadores del sector cementero, para la distribución y comercialización del cemento y que harán llegar al Ministro de Energía y Petróleo.
Finalmente intervino Eduardo Sánchez, Presidente de SINATRAUCV, para denunciar a los grupos económicos que vienen conspirando abiertamente en contra del pueblo y del proceso revolucionario.
“Al sector financiero, ése que obtiene ganancias de más del 500%, los emplazamos a cumplir con lo pautado en la nueva ley que tiene que ver con la vivienda y que establece créditos del 100% para la adquisición de las mismas.”
Se refirió a la posición política expresada por el CTR en documento público hace cerca de dos meses, con relación a los acuerdos económicos suscritos entre el Gobierno y los empresarios, “estos mismos de CAVIDEA, FEDECAMARAS y CONINDUSTRIA, hoy más que nunca aseguramos que con estos sectores no puede haber ningún tipo de alianza. Se eliminó el ITF, se condonó la deuda a los productores, se agilizaron los trámites en CADIVI, se creó un fondo de un millardo (*) de dólares para otorgar créditos a estos sectores, y ellos son los que conspiran todos los días contra el pueblo y nuestro proceso”.
“Nuestro comunicado, en esa oportunidad generó reacciones de parte de representantes de los medios y del propio Gobierno Nacional, por eso le decimos hoy a Eleazar Díaz Rangel, al propio José Vicente y a los demás que opinen sobre la postura de estos “empresarios”, y exigimos al Gobierno Nacional mayor contundencia para sancionar a los responsables del desabastecimiento”, culminó Eduardo Sánchez.
