En la actualidad estas políticas se siguen manteniendo pese a que el discurso inicial que dio el gobierno fue el de recuperar los bienes energéticos a manos del Estado como recurso estratégico del mismo. Sin embargo la llamada “argentinización” que se está llevando a cabo consiste en ceder estos recursos a grupos económicos vinculados al poder.
En el ámbito nacional la privatización fracasó. Esto está demostrado claramente por las consecuencias producidas por estas políticas privatizadoras que generaron condiciones de precarización laboral, distribución no equitativa del crecimiento del producto bruto interno e incremento de la pobreza. Este mismo fracaso se ve reflejado actualmente en los países del mundo desarrollado.
Sostenemos que los sistemas energéticos deben ser operados, administrados y regulados por el Estado Nacional a través de una institución autárquica y con amplia participación popular (universidades, usuarios, trabajadores, parlamento, consumidores, etc) para garantizar el crecimiento y coadyuvar a una mejor distribución de la riqueza que permita además un desarrollo sustentable para las generaciones actuales y futuras. Debemos rescatar la capacidad de desarrollo que supimos tener.
Toda actividad vinculada con la generación energética debe llevarse a cabo con los máximos estándares de seguridad compatibles con la protección del trabajador, el público y el medio ambiente. Por otra parte, sostenemos que los recursos acuíferos deben ser considerados como un bien estratégico y por ello preservados.
La energía es un bien estratégico, es sinónimo de soberanía y por lo tanto debe ser siempre política de Estado, independientemente de los gobiernos que se sucedan. Un país es soberano cuando puede manejar sus propios recursos energéticos y es una forma de garantizar equidad social.
Respecto de los recursos naturales energéticos sabemos que Argentina es un país con petróleo, gas, uranio y carbón. No es un país uranífero, petrolífero, gasífero y carbonífero. Esto implica que no cuenta con recursos energéticos ilimitados. En consecuencia, debemos ser contundentes en reconocerlos como propios y recuperarlos para beneficio de nuestro pueblo. Esto requiere decisión, planificación y ejecución, que tengan como meta un modelo de país soberano.
La falta de planes estratégicos y programas lleva a implementar esquemas de emergencia que empeoran la calidad del servicio y tienen un impacto negativo en la economía, el desarrollo de la tecnología, el cuidado del medio ambiente y la calidad de vida de nuestra sociedad.
La demanda eléctrica crece, en promedio, a razón del 5% por año. Esto nos permite aseverar que en los próximos 20 años se deberá contar con más del doble de la potencia actual. Esto implica que es necesario concretar de manera urgente la instalación de un parque generador de 2.000 Mw(e) por año.
La matriz energética debe estar orientada a satisfacer las necesidades reales del pueblo y no de los intereses del mercado. La actual matriz energética es vulnerable y de dudosa sustentabilidad, debido a que el mayor porcentaje de ella está concentrado en los hidrocarburos. Una matriz es menos endeble a medida que cuenta con más diversidad de fuentes de generación, en un porcentaje adecuado a sus existencias presentes y futuras. Debemos tender a tener una matriz energética razonablemente balanceada en cuanto a la diversidad y porcentaje de las fuentes de generación, que abarque los hidrocarburos, la hidráulica, carbón, nuclear y otras fuentes complementarias de generación.
La FeTERA sostuvo, sostiene y sostendrá que la energía es un derecho humano, un bien social y que asegurar su abastecimiento es un problema de todos.
Toda actividad vinculada con la generación energética debe llevarse a cabo con los máximos estándares de seguridad compatibles con la protección del trabajador, el público y el medio ambiente.
{{Gabriel Portillo (AUTE – Uruguay).
_ El avance de la derecha no frenó el proyecto de la clase trabajadora.}}
(Agencia FeTERA 28.03.09). Gabriel Portillo, del Sindicato AUTE de Uruguay, resaltó la importancia del hecho de que “en Uruguay la dictadura no logró desmantelar el proyecto de la izquierda y en el 2005 la derecha, con todas las maniobras empleadas, no pudieron detener el avance constante, en materia electoral, de la adhesión del Frente Amplio, por lo tanto desde el 2005 se nos abrió un desafío muy grande como clase trabajadora, que tiene que ver con mantener la independencia y mantener la unidad como cuestión estratégica.” Los compañeros uruguayos plantearon al gobierno sus diferencias, “sabiendo que es imprescindible no volver atrás, no a cualquier precio sino con movilización y lucha. Podemos discutir, podemos discrepar, sin volver atrás”.
{{Bernard Rieu (Federación Nacional de Minas y Energía de Francia).
_ Somos constructores conscientes de nuestro futuro o seguimos siendo objetos de políticas que no nos representan.}}
Bernard Rieu afirmó que “Los cambios políticos producidos en América Latina estos últimos años nos parecen como tantas manifestaciones de un rechazo masivo, por los pueblos de América Latina, de las políticas neoliberales, este consenso de Washington cuyas consecuencias son trágicas para el mundo entero, y más concretamente para el continente latinoamericano, el continente con más desigualdad en el planeta.
Estos cambios políticos innegablemente modificaron la correlación de fuerzas en el continente americano, reforzando la voluntad de soberanía de los Estados.”
«Así, la energía no debe ser objeto del “juego” en el sector mercantil y debe transformarse en un derecho imprescriptible e inscrito en el patrimonio de la humanidad. Porque la energía no es republicana o demócrata, progresista o conservadora, religiosa o laica. Es un bien común de la tierra y el regreso a la administración pública es indispensable.»
