Por José Rigane
Sec. Adjunto de la CTA – Autónoma; Sec. Gral. de la FeTERA y Sec. Gral de Luz y Fuerza Mar del Plata.
Estamos viviendo una crisis capitalista profunda y de carácter internacional de la cual Argentina no está ajena y sufre sus consecuencias. Es una crisis del capital que busca salir de esa situación asegurándose su máxima ganancia y empujando a las grandes mayorías a ser el sostén de su planificada sangría.
Para obtener esa máxima ganancia el capital necesita ir sobre la organización del trabajo y los trabajadores, así se puede ver en el plano internacional con la brutal ofensiva sobre el derecho a huelga, tratando de limitarlo o anularlo.
No hay otra manera de resolver esta ecuación de manera favorable para el sistema capitalista que con más opresión y concentración de las riquezas. Hay quienes todavía hoy creen que el sistema tiene capacidad para resolver su propia crisis y al mismo tiempo resolver los problemas que genera en la humanidad: crisis ambiental y social extendida. Lo cierto es que el sistema capitalista demuestra a lo largo de la historia que no ha podido resolver ni el hambre, ni la indigencia, ni la desocupación y tantas otras situaciones frecuentes en nuestra sociedad.
En Argentina, vivimos un largo período de ofensiva del capital sobre el trabajo que ya lleva 40 años; desde 1975 a la fecha hemos asistido a una ofensiva que se ha manifestado de distintas maneras y durante distintas etapas, con las dictaduras en los 70, el neoliberalismo de los 90 y la posconvertibilidad extractivista en la última década.
Antes de la dictadura genocida, encabezada por Jorge Rafael Videla, se podía vislumbrar una valorización del trabajo y cierto desarrollo del mercado interno. Es en ese momento cuando se piensa al trabajo como una polea de trasmisión del desarrollo económico y con una importancia significativa para el mercado interno. El salario era visto como un motor de desarrollo y no como un gasto. Esto se modificó rotundamente con la dictadura militar que llega para poner fin a este proceso bajo la fórmula “Argentina está en crisis y que hay que sacarla de esa crisis”.
Lo primero que hace la última dictadura militar, junto con la desaparición de 30.000 compañeros militantes, en su mayoría trabajadores de comisiones internas, es producir transformaciones económicas de fondo que atacan los derechos de los propios trabajadores. Por este motivo es que se determina el fin de las convenciones colectivas de trabajo, se reducen las vacaciones, se flexibilizan las jornadas laborales de 8 horas y se ataca la estabilidad laboral (hasta el aguinaldo se intentó abolir).
Para los sectores de poder, la crisis en Argentina la estaban generando los trabajadores que tenían cada vez más derechos. El capital debía acabar con eso para lograr progreso y desarrollo. Los extendidos bolsones de pobreza y miseria en Argentina, de ayer y de hoy, demostraron que todo era una gran mentira.
Con el proceso de la llegada de la democracia en 1983, en donde el movimiento obrero ocupa un rol protagónico, la ofensiva patronal continúa con políticas económicas que tenían como objetivo supeditar a los trabajadores a la ganancia empresarial concentrada. Es ahí donde aparecen las ideas de flexibilización laboral y las prácticas de derogación y quita de derechos adquiridos por parte de los trabajadores.
En pleno proceso democrático esto siguió adelante, pero aparecen nuevos elementos de transformación del sistema capitalista que agreden a los trabajadores, que tienen que ver con la globalización, con la privatización y con la discusión de convenios colectivos a la baja gracias a la complicidad de cierta dirigencia sindical.
Allí, en 1991, frente a las evidencias de ese momento histórico, surge la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), autónoma de los gobiernos, partidos políticos y patrones. Una central de nuevo tipo que nace para confrontar a las políticas neoliberales que en su afán de recuperar la capacidad de ganancia del capital va contra el conjunto de los trabajadores, sus derechos y organizaciones. En esa época desde el poder se hablaba del fin de la historia, el fin de la ideología, el fin del trabajo.
Ahí aparece todo el proceso de la desocupación, la precarización laboral, el trabajo monotributista y la privatización de todo lo imaginable, hasta la propia ejecución del Documento Nacional de Identidad, todo un símbolo para el país.
Todo esto toca fondo en 2001, cuando los sectores populares dicen basta y empiezan a marcar límites. En esos años (previo y durante el 2001) comienzan a aparecer las primeras agrupaciones que organizan a los desocupados, nacen sindicatos de desocupados para enfrentar el debilitado desarrollo organizativo en las empresas y el alto nivel de sectorización. Organizaciones que debían contrarrestar efectos muy graves, con su dimensión económica pero también social, que afectaban de lleno en las propias familias. Pero los sindicatos de desocupados no prosperan porque obviamente lo primero que buscaba un desocupado era tener trabajo y eso hacía por lo tanto imposible sostener organizaciones de ese tipo.
Luego vinieron los movimientos sociales con construcciones de carácter territorial, y por eso se hablaba de la “paritaria social”, incluso se comenzó a hablar del “nuevo sujeto social” surgido del desarrollo de los movimientos sociales. Quimera académica que desdibuja el hecho de que siempre fueron los trabajadores organizados los que estuvieron en el centro de la escena del conflicto a lo largo y a lo ancho del país. Por su puesto que fue importante y muy valorable el proceso de desarrollo territorial en términos de organización social que se dio de forma creativa en nuestro país.
Luego del 2001-2002 los sectores populares y el movimiento obrero no tuvieron la capacidad para construir una alternativa que permitiera desarrollar un verdadero proceso de transformación. Eso dio comienzo a un nuevo paso de reconstrucción de hegemonía y de curso a la ofensiva capitalista.
El modelo de ahí surgido que perdura hasta nuestros días continuó afianzándose en el marco de la democracia formal, con el desarrollo de la megaminería, el monocultivo de la soja y la explotación de los hidrocarburos no convencionales (fracking entre ellos), poniendo en peligro nuestros recursos de agua y tierra. La exportación, la depredación y la contaminación son la base fundamental de este modelo económico que impera en Argentina, con el peligroso condicionante que no es un modelo económico definido o decidido por los argentinos, sino todo lo contrario, es un modelo impuesto en la región y a nivel mundial.
En nuestro país esencialmente se instaura el modelo extractivo a partir de la profundización del ataque a nuestra soberanía popular. El modelo extractivo no piensa en los intereses de las mayorías, es decir, es un modelo que no le importa el por qué tenemos que producir oro o por qué desarrollar el monocultivo de soja, porque solo le importa engordar la tasas de ganancias de las empresas multinacionales o privadas locales.
Para desarrollar un modelo que beneficia a los trabajadores, para que esté en nuestras manos como pueblo, se requiere recuperar nuestra soberanía. Se necesita poder establecer políticas que estén en función de lo que necesitamos los argentinos.
El modelo extractivo ha llevado a que la riqueza de nuestro país se la queden los grupos concentrados. Junto con la privatización se dio un proceso de extranjerización y esto se puede comprobar cuando se ven las estadísticas de las 500 grandes empresas que operan en nuestro país que se quedan con las grandes ganancias. Ese dinero va hacia el exterior, no queda en el país.
Por otro lado, venimos denunciando que hay una ofensiva a nivel mundial contra el derecho de huelga, que nace en la Organización Internacional del Trabajo a través del grupo de los empleadores. Hemos podido comprobar en las reuniones de la OIT (donde la CTA Autónoma participa) cómo se viene llevando adelante una estrategia contra el derecho de huelga de los trabajadores. Lamentablemente esto ya se está expresando en distintos lugares del planeta y la región. Tabaré Vázquez, Presidente de Uruguay, recientemente firmó un decreto estableciendo que “los docentes no tienen más el ejercicio del derecho de huelga”. La respuesta inmediata de los docentes uruguayos y el PIT-CNT (central de trabajadores de Uruguay) fue realizar un paro de carácter nacional.
Pero podemos ir a la provincia de Mendoza, en nuestro país, donde os empleados públicos no puedan ejercer el derecho de huelga, e inclusive manifestarse, porque si los trabajadores estatales quiere manifestar en la vía pública deben pagar multas, caso contrario no puede ejercer ese derecho. Pero esto sucede en países como El Salvador, en Inglaterra, etc. Es decir, hay una ofensiva clara y concreta, (donde muchas veces los trabajadores y los sectores populares no la tenemos lo suficientemente en cuenta), para limitar el ejercicio del derecho de huelga.
¿Para qué nos sirven las organizaciones sindicales y qué sentido tiene estar reconocido legalmente sino podemos ejercer el derecho fundamental de los trabajadores, que es el derecho a huelga?
El 14 de diciembre próximo se hace un encuentro de carácter nacional encabezado por la UIA (Unión Industrial Argentina), en donde va a estar presente Guy Rayder, que es la máxima autoridad de la OIT. Apuestan a que esa presencia habilite la posibilidad de poner límite a lo que establece la Ley 14.240, que son las Paritarias del Movimiento Obrero con las Empresas. Y vienen en búsqueda de un objetivo claro que se llama “pacto social”. Para algunos de nosotros, que tenemos unos cuantos años, no es algo novedoso porque lo hemos vivido muchas veces y se ha planteado de distintas maneras en el escenario nacional. Ese pacto social que preparan va en búsqueda de ponerle límites -una vez más- a los derechos de los trabajadores.
Esta crisis del sistema capitalista se manifiesta de distintas maneras y en términos generales estos “pactos sociales” han significado en el plano internacional un retroceso para el movimiento obrero. Europa es un claro ejemplo de esto, como ocurre en Grecia, Portugal, España, entre otros países. Todos los intentos sobre el “trabajo decente” y todas esas iniciativas de carácter posibilista (bajo el argumento de que es lo único que se puede hacer) respecto de la relación del trabajo con el capital, han terminado en la crisis de estos países europeos que todos conocemos. Pero que tiene como objetivo central hacer caer todo el peso de la crisis sobre los sectores populares y fundamentalmente sobre los trabajadores, con un altísimo nivel de desocupación como ocurre en Grecia o en Italia, España o Francia, entre otros países de Europa.
Esto nos exige como trabajadores la necesidad no solo del conocimiento sino de adquirir experiencia, porque los procesos de producción se desarrollan en este nuevo siglo XXI de manera vertiginosa por la incorporación de la tecnología, por la incorporación de métodos de producción en donde la productividad ya no es solamente sinónimo de mayor explotación, sino que son ritmos de trabajo donde aparecen permanentemente, -y ahora más que nunca-, formas de trabajo poco conocidas como es a través de la distancia, Internet, en la casa; etc. Es decir, una cantidad de nuevas formas de producción que ponen en tela de juicio para miles y miles de personas reconocerse como trabajadores.
Lo primero que sucede cuando alguien le pregunta ¿qué es?, dice que es técnico, dice que es maestro, dice que es panadero, lo que no va a decir que es trabajador; porque hay en esto una cultura precisamente del sistema a que no nos identifiquemos como clase, como la clase de los trabajadores, porque hay una idea de que eso puede desarrollar organización. También el sistema capitalista en su crisis, lo que intenta precisamente es que no haya desarrollo de la organización de los trabajadores; lo que necesita, es que el trabajador no ejerza el derecho si lo reconoce, y si no los conoce, mucho mejor.
Ya sabemos que el mejor sindicato para el capital es el que no existe. Es el mejor sindicato porque eso es lo que les permite avanzar en el desarrollo de sus políticas; además el capitalismo tiene iniciativa, tiene recreación, imagínense que son capaces de hablar de la “economía verde” haciéndonos creer que ellos tienen la capacidad de resolver las necesidades cuando en realidad lo que quieren es ocultar que no tienen salida.
Un ejemplo de ese ocultamiento e iniciativa, y de la capacidad de confundir, es la utilización de la palabra “sustentable” que tan bien han sabido instalar en nuestro lenguaje.
¿Qué es lo sustentable?, pocos lo saben, pero queda bien decir esa palabra y queda bien en cualquier lugar en que la pongan.
Esta es la capacidad que tiene el sistema capitalista: hacernos creer de que hay una “economía verde”, pero en realidad oculta una situación de explotación, quita de derechos y flexibilización. Contra ello, el desarrollo de la organización de los trabajadores resulta fundamental. Resulta muy importante entender que hay otra posibilidad y que va de la mano de los procesos populares logrando una democracia participativa y de mayor integración. También es muy importante el desarrollo de iniciativas políticas que nos permitan procesos que nos liberen de este sistema capitalista, que no es el único por el cual se puede transitar la vida.
Para eso se requiere tener compromiso y participación, no se puede mirar de costado, hay que comprometerse. No hay otra forma de resolver esto si no es creando poder propio, en el ámbito nacional, regional e internacional. Necesitamos ser partícipes y protagonistas porque no va a haber otro que lo haga mejor que lo que podamos hacer nosotros mismos.
*Artículo redactado a partir de la intervención del autor en el VI Encuentro Regional de Estudios del Trabajo «Crisis capitalista y situación del trabajo y los/as trabajadores/as» en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – UNICEN, 8 de septiembre de 2015, Tandil, Buenos Aires, Argentina.
