El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que confirma la condena en la causa conocida como “vialidad” contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner configura un hecho de suma gravedad institucional, no solo por sus implicancias jurídicas, sino por su impacto directo sobre los principios democráticos y republicanos que rigen nuestra convivencia.
Reafirmamos nuestra independencia y autonomía respecto a los partidos políticos, pero también nuestra histórica responsabilidad en defender los valores democráticos, la participación popular y la soberanía política frente a cualquier intento de proscripción, persecución o disciplinamiento judicial.
Este fallo se produce en un momento político delicado, inmediatamente posterior al anuncio de una candidatura electoral y en medio de una intensa presión mediática y política sobre el Poder Judicial. No puede leerse más que como una señal de alineamiento con sectores de poder que buscan condicionar el escenario democrático, utilizando a la Justicia como herramienta de control político.
La proscripción ha sido una práctica nefasta en la historia argentina, con consecuencias durísimas para el pueblo trabajador. No podemos permitir su reedición en el presente bajo nuevas formas. Todo ciudadano o ciudadana tiene derecho a ejercer la representación política sin ser perseguido judicialmente por el contenido de sus ideas o por su posicionamiento frente a los intereses concentrados.
La jurisprudencia de este fallo sienta un precedente preocupante: se acelera la condena en una causa con fuerte contenido político, mientras se postergan decisiones urgentes que afectan directamente a la clase trabajadora. Entre ellas, se encuentra el cuestionamiento a la constitucionalidad del capítulo laboral del DNU 70/2023, que vulnera derechos laborales conquistados con años de lucha sindical, y que hasta el día de hoy no ha recibido respuesta alguna del máximo tribunal.
Del mismo modo, la Corte no ha tenido la misma celeridad ni compromiso institucional para investigar el endeudamiento externo sin control parlamentario en el mandato de Mauricio Macri y el de Javier Milei generando consecuencias sociales y económicas que serán muy difíciles de subsanar y revertir en el futuro. Ambas gestiones comprometieron el futuro del país, afectaron la soberanía nacional y deterioraron gravemente las condiciones de vida de millones de trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, en estos casos, la Justicia ha optado por el silencio, con una clara tendencia al castigo de los líderes populares y a mirar hacia otro lado cuando los intereses del establishment están sobre la mesa.
La defensa del sistema democrático no es negociable. No hay democracia plena si hay candidatos proscriptos, ni República posible cuando se vulnera la división de poderes o se usa al Poder Judicial como instrumento de persecución. Este accionar atraviesa transversalmente a cualquier agrupación y/o partido político, socava los cimientos de nuestra democracia y eso nos debe unir en este momento histórico.
Como Organización del movimiento obrero y en concordancia con las tres centrales obreras reafirmamos nuestra convicción democrática y nuestro compromiso con una Argentina con justicia social, soberanía política e independencia económica. Seguiremos alzando la voz ante cualquier intento de quebrantar los derechos de nuestro pueblo y de poner en riesgo los principios fundamentales de la democracia.
