También es conocido que, en época de verano, la situación se agrava en virtud de una mayor demanda que se produce en la zona, pero sobre todo por la falta de inversiones de fondo y coyuntura.
“Estos problemas no han sido solucionados en base a una política de inversiones por parte de la empresa o el Estado”, aseguró en una entrevista nuestro secretario general, José Rigane, “sino sobre un programa de cortes rotativos en la periferia de Mar del Plata que salvaguarda a la empresa de un apagón generalizado”.
La situación es más dramática si remarcamos que, a pesar de las denuncias del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata y organismos oficiales, EDEA no cumple con la obligación que figura en el pliego licitatorio, de hacer inversiones y los organismos contralores provinciales no ejercen su función de hacer respetar lo pactado.
Para Rigane “si el gobierno no tiene la intención de cambiar el actual modelo energético, signado por el fracaso, comprobable en la actual crisis energética, la política de extorsión por parte de las empresas privadas y los oligopolios seguirá marcando la atmósfera de situación”.
El Estado debe establecer pautas claras que defiendan los intereses de la gente y los usuarios no deben dejarse engañar con el doble discurso. A las empresas no les interesa invertir, sino ganar con el menor riesgo posible. Y cuando se las mostró invirtiendo, lo hicieron detrás de una cortina de humo. Un claro ejemplo fue la realización de la línea Barker / Olavarría, obra que se la presentó como una inversión de EDEA pero que en realidad fue producto de los fondos fiduciarios, que son, ni más ni menos, fondos que salen del bolsillo de los usuarios.
“No hay ninguna garantía de que el 9 por ciento de aumento en las tarifas eléctricas que piden las empresas se reproduzcan en inversión” alertó Rigane y concluyó “sencillamente porque cuando las tarifas estuvieron a valor dólar, la inversión tampoco existía”.
Es necesario un Estado comprometido en diseñar una política energética que defienda los intereses de los argentinos, dueños legítimos del patrimonio nacional. En ese marco, desde el Sindicato no sólo se han aportado denuncias, sino también propuestas. Para el caso del abastecimiento energético de la provincia fue entregado al ministro De Vido el proyecto de Repotenciación de la Central “9 de Julio”, que no es sólo una herramienta para salir de la crisis actual. Pero se necesita un estado que supere el “quietismo” y se dé cuenta que, a veces, gobernar significa también, afectar intereses, que no precisamente tienen que ser los de los argentinos.
{{{Los números del apagón.}}}
En una conferencia de prensa realizada el martes 26 de octubre pasado, nuestro Secretario General, José Rigane, denunció la pasividad del gobierno provincial para dar una respuesta a la crisis electroener-gética en la provincia y reveló que los organismos de contralor les recomendaron a las empresas que realicen recortes de emergencia en la periferia, durante la temporada, para evitar un colapso.
Los cortes periféricos son la metodología utilizada por las empresas luego de los apagones que hubo en el país, especialmente en la Capital Federal. Pero con los cortes el problema no se soluciona. El sistema está en su máxima capacidad y como lo aseguró Rigane en la conferencia de prensa “se está al borde de un apagón generalizado”.
Desde 1999 no se hacen inversiones en el sistema energético. Nadie pone plata, nadie controla y la crisis se profundiza. ¿La plata no está? Se recaudan 250 millones de pesos de los impuestos de luz y gas en la provincia y el fondo fiduciario recauda 25 millones. Dinero del usuario que no se destina a realizar obras de infraestructura.
La respuesta sería que el gobierno provincial no tiene pensado diseñar una política en el sector, acorde a las necesidades del bonaerense, y brilla por su ausencia. Y EDEA no invierte y no respeta lo convenido en los contratos de la concesión por que sólo quiere ganar plata y nadie la controla.
Hay un dato aún más revelador en esta crisis. Desde 1997 EDEA echó 683 empleados. En la primera tanda fueron 570 de los 1.253 que conformaban la planta básica. La segunda limpieza alcanzó a 113 trabajadores. Hoy son 570 los que se desempeñan en la empresa, bajo Convenio Colectivo de Trabajo.
En 1997, EDEA tenía 270 mil usuarios, a razón de un trabajador cada 215. Hoy, con los despidos y 21 mil usuarios más, la brecha se estira a un trabajador para 510 usuarios.
A ese dato hay que sumarle que EDEA tiene 350 trabajadores tercerizados en el ámbito de la energía, encuadrados por la UOCRA, como si fueran trabajadores de la construcción.
Esto explica por qué nuestro Sindicato asegura que estamos al borde de un apagón generalizado.
