La Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, FeTERA, sostiene que las medidas para restringir el consumo de energía eléctrica y gas, sólo sirven para mantener el modelo energético inaugurado en la década de los 90 y no resuelve el problema de fondo: la inexistencia de una política energética que responda a los intereses y necesidades de la sociedad argentina, basada en la propiedad estatal de los recursos y la administración social de los mismos.
El Programa para la Reducción del consumo de Energía, PURE, que establece los premios y castigos a los consumidores de energía eléctrica, busca reducir los efectos de la escasez de energía haciendo hincapié en el consumo y manteniendo inalterables las causas de la crisis, que si no se atienden urgentemente, derivarán en un colapso energético de consecuencias lamentables para la vida cotidiana de los argentinos.
La privatización de los recursos energéticos (gas, petróleo, electricidad), delegó, hace ya muchos años, la política energética en los intereses y conveniencia de las empresas multinacionales, que hacen sus negocios sin atender las necesidades de nuestra sociedad.
No sólo la renta del sector parte hacia sus países de origen, sin aportar riqueza para nuestro desarrollo, sino que además, han orientado su actividad a la exportación de recursos no renovables, desconociendo las necesidades del consumo interno.
En este marco, la Argentina no sufre una crisis de falta de energía, ya que hay exportación, sino que sufre una crisis de modelo energético, lo que la convierte en una crisis estructural, con pocas o ninguna oportunidad de ser resuelta con medidas de premios y castigos a los consumidores.
Al mismo tiempo, resultan contradictorias las iniciativas que nuestro gobierno toma para incentivar la explotación petrolera a través de reducciones impositivas a las empresas, la creación de fondos especiales aportados por los consumidores, para la construcción de líneas de transmisión eléctrica y gasoductos; los subsidios, la transferencia de la propiedad de las garrafas de GLP a los monopolios del gas; y el aumento de tarifas a eléctricas y gasíferas cuando las empresas beneficiadas han incumplido leyes, contratos de concesión y no han demostrado ningún interés en invertir en infraestructura nueva.
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