El repudio por los hechos de violencia sucedidos en Santa Cruz en las últimas horas, no debe dejar de lado un reclamo que miles de trabajadores y sus familias realizan, no únicamente en la localidad de Las Heras, sino en todo el país. Se trata de la necesidad de aumentar el Mínimo No Imponible del impuesto a las Ganancias, situación que ha minado el bolsillo del trabajador, golpeado desde hace décadas por cuanta medida económica se ha aplicado.
Pero la no modificación del Mínimo No Imponible encierra una cuestión paradigmática de fondo. Mientras el Gobierno nacional decide cancelar toda la deuda con el FMI, y dice que se inicia así una instancia de “manos libres” para implementar las políticas de distribución de la riqueza, la no modificación del mínimo pasa a constituirse en un freno de esas políticas, tantas veces anunciadas en el discurso.
¿Qué oculta esta contradicción?
El mínimo no imponible del impuesto a las ganancias es de 22.020 pesos anuales o 1.835 mensuales para personas físicas solteras de la cuarta categoría, en su mayoría personal en relación de dependencia, y 26.820 anuales o 2.235 mensuales para trabajador con familia tipo. Esos valores no fueron adecuados después de la devaluación.
Números tentadores que parecen justificar el silencio del gobierno, desvelado por las exigencias de caja para mantener el superávit primario. Pero, cuando de esto se habla, pareciera no importar que esos valores agudizan la carga tributaria sobre salarios que otrora se podían considerar medios, pero que ahora ya están entrando en niveles medianamente bajos.
Otra pregunta que se impone, luego de los repetidos anuncios al respecto y con un saldo favorable en caja record de casi 20 mil millones de pesos, es si no sería más justo y equitativo que, en este contexto de superabundancia, se tomen medidas más audaces. La suba del mínimo no imponible en el impuesto a las Ganancias, la rebaja del IVA, al menos en los rubros más sensibles para la economía de los hogares, y la mejora de las jubilaciones, parecen no ser las medidas que contemple un gobierno que sigue coqueteando con las políticas económicas de los ‘90.
Para este año, las pautas son similares a las fijadas para 2005: se proyectó un superávit primario de 19.350 millones de pesos, equivalente a 13,5 puntos del PBI. Sin embargo, un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, dirigido por Claudio Lozano, puso bajo tela de juicio esa proyección. En el trabajo se concluyó que, al 2006, dejará un excedente de nada menos que 11.000 millones de pesos, por sobre la pauta de superávit fiscal.
La conclusión toma como base que la economía crecerá un poco más que lo presupuestado: 5,6 por ciento y no 4,0. El informe afirma que ésa es la expansión que figura en documentos internos del Ministerio de Economía. Si a este mayor crecimiento, que dejaría en las arcas un adicional de 2.919 millones de pesos, se le agregan otros dos puntos: lo que ya no habrá que pagarle al FMI (1.196 millones de pesos en intereses y otros 4.829 millones en concepto de capital) y una corrección en la elasticidad de la recaudación, Lozano concluyó que existe una subvaloración de recursos por un total de 11.066,5 millones de pesos.
De acuerdo con sus estimaciones, esa masa de dinero serviría para:
-Una asignación de 70 pesos para los 13,8 millones de menores de 18 años.
– Una ayuda escolar anual de 130 pesos para los 9,4 millones de chicos de entre 6 y18 años.
Estas iniciativas tendrían un impacto favorable sobre los niveles de pobreza e indigencia: mientras la tasa de pobreza caería de 38,5 a 32 por ciento, la de indigencia caería a menos de la mitad: de 13,6 a 6 por ciento. La distribución de la riqueza duerme un sueño que los trabajadores no esperamos que sea eterno. Por más discurso retrógrado que quiera atar nuestro bienestar al de la inflación.
