«Luego de regalar nuestra renta petrolera no nos ha ido bien en términos de la inversión concreta que se ha desarrollado en nuestro país», fundamentó el diputado Claudio Lozano en su negativa frente al proyecto de creación de nuevos cánones para financiar obras de infraestructura en materia energética. A continuación se reproduce un fragmento de la ponencia que realizara en el Congreso, el también dirigente de la Mesa Nacional de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
«Estamos analizando la posibilidad de fijar cargos específicos con el objeto de financiar la expansión de obras de infraestructura. En las diferentes intervenciones hemos escuchado cuestionamientos que objetan la vaguedad, la falta de control, la ausencia de transparencia, la indefinición sobre las obras o el hecho de que esta norma consumaría una nueva delegación de facultades por parte del Parlamento argentino. Todas estas cuestiones son absolutamente atendibles y legítimas, pero quisiera incorporar en este análisis otro elemento que, al menos en mi opinión, está en el centro de la discusión, aunque lamentablemente no se discute. Cuando uno examina las retenciones que hoy rigen para el sector petrolero en la Argentina, se encuentra con que la exportación de petróleo crudo está gravada con un 45%, la de butano con un 20%, la de gas licuado con otro 20% y otros productos derivados del petróleo con un 5%. Si tomamos en cuenta las exportaciones que realiza la Argentina en materia de hidrocarburos, observamos que la recaudación por retenciones no da 45% ni 20%, ya que del total exportado, el Estado se queda apenas con el 9%.
La primera razón de ese resultado es que el 52% de lo que se exporta o sea la mayor parte sale con retenciones del 5%.
En segundo término, por los mecanismos y normas del propio Código Aduanero, se deprime el precio en función del cual se calcula la retención.
Por último, nos encontramos con que rigen situaciones de excepción que permiten que las empresas eludan el pago. Con respecto a esto último voy a dar un solo ejemplo con nombre y apellido, aunque hay más de uno: el yacimiento Carina Area, controlado por la empresa Total, y que es un yacimiento importante cercano a la costa de Tierra del Fuego, por no ser considerado parte de esa provincia -se lo considera un yacimiento nacional no le paga al gobierno de la isla las regalías que correspondería pagarle. A su vez, como está en la zona de Tierra del Fuego -aunque no se considera parte de esa provincia sí se aviene al régimen de promoción que tiene la isla y, por lo tanto, tampoco le paga retenciones a la Nación. En base a estos argumentos no le paga regalías a la provincia y tampoco retenciones a la Nación.
Algunos se preguntarán por qué estoy hablando de las retenciones a las exportaciones de petróleo. Simplemente lo hago porque si en lugar de mantener este esquema unificáramos las retenciones a todo tipo de exportación de hidrocarburos en un 45% recaudaríamos 2.500 millones de pesos adicionales.
¿Qué pasaría si hiciéramos esto? Con apenas una sola medida recuperaríamos parte de la renta petrolera perdida.
En primer lugar, desalentaríamos las exportaciones, lo cual vendría bien porque nuestro país no debería exportar ya que no es petrolero sino que tiene petróleo. En segundo término, serviría como mecanismo antiinflacionario, porque lo cierto es que en el último año los derivados del petróleo han crecido demasiado; y en tercer lugar, nos permitiría contar con recursos disponibles para financiar las obras de infraestructura de las que hablamos.
¿Por qué digo esto? Si uno analiza la historia de la Argentina advertirá que el desarrollo de las obras de infraestructura, particularmente aquellas vinculadas con el gas, el petróleo y la energía, se realizó a partir de YPF y de la disponibilidad de la renta petrolera que tal empresa generaba.
En ese sentido, el hecho de que hoy tengamos problemas de recursos para financiar la expansión de infraestructura efectivamente obedece a que no hemos recuperado la renta petrolera. En realidad, cuando se dice que habrán de realizarse obras de generación, transporte y distribución de gas natural, de gas licuado de petróleo o de energía, cabría repasar qué empresas tienen que ver con esto. Una de ellas es Repsol. Otras a enumerar serían: Transportadora de Gas del Sur, Metrogas, Gas Natural BAN, Transportadora de Gas del Norte, Edenor, Edesur, es decir, empresas a las que les ha ido muy bien en los últimos años, han expandido su facturación, y en muchos casos, sus utilidades.
Entonces, no parece demasiado razonable que si mantenemos la gestión privada de la infraestructura que fue privatizada, socialicemos las inversiones por vía de una estrategia mediante la cual el Estado traslada a la comunidad (vía la fijación de estos cargos específicos) la responsabilidad de financiarlas.
Es necesario optar. Si mantenemos la gestión privada, debe haber inversión privada; pero hay que discutir con las empresas a efectos de que inviertan lo que deben invertir, porque luego de regalar nuestra renta petrolera no nos ha ido bien en términos de la inversión concreta que se ha desarrollado en nuestro país.
En consecuencia, nos parece poco conveniente este mecanismo de mantener la gestión privada, sostener la renta de las empresas, y al mismo tiempo, socializar las inversiones trasladando a la comunidad la responsabilidad del financiamiento.
Por lo menos, desde nuestro punto de vista, la recaptura de la renta petrolera, es decir, la ventaja de la que dispone este país -porque su barril de petróleo cuesta 4,5 U$S y en el mercado doméstico lo compramos a 33 U$S , es la clave para volver a pensar en el financiamiento de las obras de infraestructura.
Eso es lo que debería discutir el Parlamento. Además, la recuperación de la renta petrolera sobre biocombustibles también es la clave para cambiar la matriz energética, a la que alude el proyecto que luego discutiremos. Se trata de que seamos capaces de obtener la renta para el uso público y explotar racionalmente el recurso a efectos de reducir la dependencia de nuestra matriz energética en lo relativo a hidrocarburos.
No es posible discutir esta iniciativa sin poner ese tema sobre la mesa. Hay una forma muy sencilla, una sola medida para constituir un fondo de 2.500 millones de pesos anuales, que podría comenzar a resolver algunos de los problemas de infraestructura de los que hablamos.
Existe además un hecho objetivo. El presupuesto que se aprobó en este Parlamento nada tiene que ver con la realidad. Debemos recordar que sancionamos un presupuesto con una pauta de crecimiento del 4 por ciento que el propio Ministerio de Economía ya ha modificado. Dicho presupuesto preveía un superávit de 19 mil millones de pesos. En realidad, el superávit real esperado para este año está en el orden de los 35 mil millones de pesos, porque se esperan 12 mil millones más de recaudación y hay seis mil millones que no hay que pagar porque se le pagó por adelantado con reservas al Fondo Monetario Internacional.
Frente a la disponibilidad de la renta petrolera y a la existencia de recursos en el presupuesto, no hay ninguna razón para que nosotros aprobemos una propuesta como la que se expresa en el proyecto en discusión.
Me parece que lo que está por detrás de esta cuestión es debatir en serio cómo se recupera control público sobre la infraestructura privatizada de la Argentina para estar en capacidad de sostener un nuevo perfil de desarrollo para nuestro país.
Por estas razones, no vamos a acompañar este proyecto”.
