{{{El CIADI}}}
En las semanas anteriores el Arq. De Vido desconoció la jurisdicción del CIADI y a los pocos días fue desautorizado por Guglielmino, el Procurador del Tesoro de la Nación, quien sostuvo que se respetarán todos los laudos. Es obvio que el actual Gobierno no ha denunciado ninguno de los convenios bilaterales que aceptan la jurisdicción del citado tribunal internacional y tampoco lo hará por ahora.
{{{Aumentos de tarifas de gas natural}}}
También se cansó de asegurar que no habría aumentos de tarifas para los usuarios familiares y, dentro de una serie de concesiones a las empresas españolas que comenzó con Telefónica, aparece el acuerdo con Gas Natural BAN que incluye un incremento del 15 % a estos usuarios.
Como rige retroactivamente -violando claras disposiciones del Código Civil- ahora sacó de la galera la tarifa social, mediante la cual solamente quedarán sin aumentos aquellos clientes cuyo consumo no supere los 300 m3 bimestrales, que son muy pocos; la diferencia la pagarán los demás usuarios.
Como las resoluciones y el contenido de los anexos de los acuerdos son secretos y no participa ninguna organización representativa de los usuarios, quedan flotando varios interrogantes.
a) nadie sabe que pasa con la tarifa de transporte, que castiga sin justificación a los domésticos a causa de sus aumentos en los meses fríos. b) no se explica el por qué de mantener en el área metropolitana a dos empresas -Metrogas y Gas BAN- con el dislate operativo y los mayores costos que ello representa, que se trasladan a tarifas; y menos aún -y dentro de la ideología privatista del kirchnerismo- la negativa a reestructurar íntegramente el sector gasífero. Cabe recordar que Margaret Thacher privatizó BG en bloque, sin descuartizarla.
c) tampoco se sabe nada de la implantación de la contabilidad tarifaria y de los costos de las empresas en rubros que con solo leer los balances públicos surgen como muy abultados: honorarios de directivos y de consultoras, intereses, contratos de asesoramiento y de prestación de distintos servicios. d) el control de los usuarios vía entes reguladores, tal como lo determina la Constitución Nacional , es ignorado, así como las reglas para la designación de los directores del ENARGAS previa intervención del Congreso; e) también es un secreto el detalle de los préstamos que a través de distintos fideicomisos están recibiendo las transportistas y distribuidoras: ¿cuál es la tasa y el plazo?, ¿cómo se integran a las tarifas?, ¿por qué el Estado Nacional no capitaliza éstos préstamos y se convierte en socio, lo que le permitiría controlarlas desde adentro?
{{{GNC}}}
Otro tema conflictivo es el de los estacioneros PYMES de GNC. Los decretos 180 y 181 del 2004 redolarizaron, indexaron y finalmente liberaron el precio del gas, obligando a todos los usuarios industriales y comerciantes, salvo los domésticos, a comprar directamente al oligopolio productor-medida que no se animaron a tomar ni Menem ni Cavallo y que implica convertir las tarifas en precio de mercado.
Los estacioneros de GNC consiguieron congelar su precio hasta fin de año, pero deberán pagarle a las petroleras el aumento que debió haber entrado en vigencia en agosto del 2005 y que ellos trasladaron a los usuarios. El problema resurgirá en enero de 2007 cuando el precio se libere y el oligopolio productor pretenda incrementarlo sustancialmente. Una situación similar se da con el resto de los consumidores no domésticos, a los que ya se les está exigiendo valores que superan en mucho los U$S 3 por MM/BTU.
Desde un punto de vista sensato, no se entiende cómo el Gobierno viene permitiendo estos importantes aumentos en gas y electricidad que, seguramente, afectan más el costo de vida que los aumentos del precio de la carne.
{{{Exploración y reservas}}}
El ministro de Planificación está exigiendo a algunas empresas que inviertan en exploración, alegando que no han mantenido su nivel de reservas con lo cual no han cumplido sus contratos; entre éstas, están YPF SA y Petrobrás, las únicas integradas y las más fuertes del sector. Utiliza como argumento que otras empresas, como Panamerican Energy (BP y Bridas), Vintage Oil y Total, las han aumentado, al igual que su producción, circunstancia que fue públicamente difundida por uno de los máximos ejecutivos de Panamerican.
El ministro habló incluso de revertir las concesiones y de tomar todas las medidas necesarias para aumentar las reservas . Es obvio que en este último caso se está refiriendo al proyecto de ley de desgravaciones y beneficios para las inversiones en exploración que está actualmente en la Cámara de Diputados y que traslada a las ya privilegiadas empresas petroleras los beneficios establecidos por el Régimen de Promoción Minera creado por Menem y Mazza.
Este régimen es una verdadera carta magna del saqueo que, al contrario de lo que sucede en cualquier país minero desarrollado donde el monto de las regalías es significativo (no menos del 30 % y muy lejos del 3% nuestro que, además, les es reintegrado por el Estado Nacional) y es invertido en crear polos de desarrollo futuro para cuando se terminen los minerales y mejorar el ambiente, solamente deja una contaminación alarmante, funcionarios muy ricos, unos pocos profesionales y técnicos bien pagos, y a la población de la zona minera y a miles de trabajadores sumidos en condiciones inaceptables.
Es valido suponer que De Vido se está refiriendo a los contratos derivados de los decretos desreguladores de 1989 (nº 1.055, 1.212 y 1.589) llamados “De explotación y de exploración complementaria”; más específicamente, a esa exploración complementaria se estaría refiriendo el Ministro. Cabe recordar que en la Ley de Hidrocarburos, hay una clara separación entre los Permisos de Exploración y las Concesiones de Explotación; los primeros tienen una corta duración y una amplia superficie y los segundos al revés.
Los padres ideológicos de los decretos, Roberto Dromi y Julio Aráoz (Ministro de Obras Públicas y Secretario de Energía, respectivamente, los redactaron de tal forma que les dieron las superficies de la exploración y los plazos de la explotación. Son decretos reglamentarios de la Ley de Reforma del Estado y de la Ley de Hidrocarburos, manifiestamente inconstitucionales ya que, entre otras disposiciones, manifiestan favorecer la competencia, pero al permitir la acumulación ilimitada de áreas han favorecido la creación del oligopolio productor.
A estas amenazas de De Vido hay que darles el mismo valor que a las que Kirchner formulara en los EEUU, cuando en marzo de 2004 comenzó a faltar el gas natural: denunció a las petroleras y cuando llegó, en lugar de retirarles la concesión, les dolarizó y liberó el precio del fluido.
En el tema reservas, a raíz de la baja que se advierte en los datos oficiales y el cuestionamiento de los mismos por parte de los especialistas del sector, la Secretaría de Energía -que no las audita desde 1991- ha emitido la Resolución N º 324/06 la cual, con el argumento de incrementar los controles, sigue manteniendo el descontrol vigente: ahora, las empresas deben presentar anualmente la Declaración Jurada (antes era bianual) pero siguen eligiendo ellas a los auditores, aunque no pueden contratar los mismos más de dos ejercicios seguidos.
Por su parte ENARSA, que tiene la potestad de crear un banco de datos, ya anunciado en numerosas oportunidades por su Presidente, no ha hecho absolutamente nada sobre el tema; es como si la necesidad de contar con una auditoría de reservas confeccionada por técnicos independientes no importara.
{{{Compra de acciones de YPF}}}
Otro tema del que se ha hecho eco la prensa es la intención del Gobierno de copar YPF o, por lo menos, adquirir una parte importante de su capital accionario, parte que, de no ser superior al 50,01 no le otorgaría más poder del que tiene actualmente con 1.000 acciones y el poder de veto en cuestiones fundamentales a la vida societaria. No descarto que se analice una medida de este tipo, pero debemos analizarla con la experiencia del innecesario pago al FMI, donde ya nadie duda que fue a pedido del Fondo ante la delicada situación financiera que le significaba que cuatro países constituyeran el 70 %, aproximadamente, de sus créditos a cobrar.
En otras palabras, si a Repsol YPF SA le conviene que el Estado argentino “invierta” en la recuperación de acciones de YPF SA, Kirchner (el Cisneros del Siglo XXI) lo hará; de esta forma mejorará la situación financiera y económica de Repsol, se presentará como el recuperador de YPF y borrará su imagen de ser uno de los grandes responsables de su venta; de paso blanqueará el despojo iniciado con la primera venta a U$S 19 la acción y sin tasación oficial previa -como bien lo denunciara oportunamente el entonces Presidente la Convención Nacional de la UCR Osvaldo Alvarez Guerrero- y también el de la segunda venta o del ingreso de Repsol, que apoyó entusiastamente siendo Gobernador de Santa Cruz.
{{{Ventas de gas a Chile}}}
Al mismo tiempo que el ministro De Vido plantea dramáticamente el tema de las reservas, el gobierno ha prometido seguir vendiéndole gas a Chile. Estas ventas están basadas en contratos celebrados entre filiales de las mismas empresas que actúan a ambos lados de la frontera, a un precio irrisorio (prohibido por la Ley de Hidrocarburos) similar o menor al que Bolivia nos vende a nosotros y que está actualmente en discusión. Están redactados en forma tal que existen compromisos básicos de venta, excedentes ilimitados y penalidades por incumplimientos a cargo de las empresas firmantes. A la fecha, algunos de ellos ya estarían cumplidos volumétricamente.
Legalmente, Chile las fundamenta en un Protocolo, que es un convenio internacional sin valor mientras no lo apruebe el Congreso argentino. En nuestro país, la Constitución exige que los recursos naturales se exploten racionalmente y contemplando también las necesidades de las generaciones futuras, cosa que no sucede con el lastimoso nivel de reservas existentes. Consecuentemente, Kirchner, al permitir la continuidad e incluso autorizar nuevas exportaciones (caso Total en Tierra del Fuego donde no paga derechos de exportación), está favoreciendo a las empresas y a los chilenos en detrimento de nuestros hijos, nietos y tataranietos.
Sería interesante que el Ministro Multiministerios De Vido explicitara qué quiere decir la Presidente Bachelet, al igual que el presidente español Rodríguez Zapatero, cuando ambos hablan de acuerdos estratégicos entre sus países y la Argentina.
