{{La instalación del gobierno que lidera Néstor Kirchner, ha generado inmensas expectativas de cambio, basadas en el supuesto de que la inmensa crisis originada por la aplicación de las recetas neoliberales, tiene su limite en un cambio de política, que tienda a asegurar relaciones sociales y económicas más justas.
Este supuesto sostiene el respaldo a su gestión de gobierno; y le da crédito a la esperanza.}}
Para los trabajadores de la energía, para los que mantienen la relación de dependencia y para los cientos de miles que la perdieron durante el proceso privatizador; la esperanza de un cambio tiene relación directa con la posibilidad de transformar dramáticamente los puntos de vista que guiaron la política energética desde 1990 a la fecha.
Ha quedado demostrado que la privatización del sector energético no ha sido beneficiosa para los trabajadores del sector, ni para el Estado, ni para el resto de la sociedad, en cuanto usuarios. Sólo ha beneficiado a los grupos accionistas, controlantes de las empresas.
El criterio de privatización debe ser reconsiderado, entonces, como primer paso de una politica de cambio.
La renta energética anual, es de aproximadamente 6.000 millones de dólares.
Prácticamente nada de esta renta queda en el país.
El criterio de libertad para exportar la renta tambien debe ser reconsiderado.
El valor que pagan los usuarios de gas, electricidad y combustibles, esta inflado por la aplicación del criterio de los valores internacionales. A precios locales, estos valores serian inferiores.
El criterio de fijación de precios, según las variaciones internacionales, también debe ser reconsiderado.
La exportación de petróleo y gas, rompió con el criterio de mantenimiento de reservas para asegurar el autoabastecimiento y la posibilidad de un gradual cambio de matriz energética ante el agotamiento de los recursos no renovables.
La libre disponibilidad de crudos para la exportación, es un criterio también a reconsiderar.
La falta de inversiones en el sector de transporte de energía eléctrica, nos lleva a una situación de colapso que puede generar desde cortes programados hasta apagones imprevistos. Las empresas, de acuerdo a los contratos de concesión, no tienen obligación de hacer inversiones.
Esta falta de obligación, es también un criterio que debe ser reconsiderado.
La tercerización y la flexibilización de los oficios, en las empresas de energía, provocan accidentes, muertes y reducen la calidad del servicio.
Estos criterios, que además dieron lugar a los despidos en masa, directos o encubiertos, también deben ser reconsiderados.
La falta de control que gozan hoy las empresas de servicios, les permite extraer petróleo y gas a simple declaración jurada; utilizar agua potable en la extracción de petróleo, contaminando recursos escasos y valiosos; utilizar PCB, sin proteger a la población ni a los trabajadores; provocar fatales variaciones de tensión eléctrica, destruyendo electrodomésticos y provocando mil inconvenientes; recurrir a los cortes rotativos no comunicados con antelación, para evitar la distribución de toda la energía requerida; endeudarse con su mismo grupo de empresas, provocando un vaciamiento que nadie castiga; y miles de ejemplos de acciones no controladas ni penadas que convierten a estas empresas en actores económicos impunes.
Los criterios de control que hasta hoy se utilizaron también deben ser, en virtud de lo expuesto, necesariamente reconsiderados.
Podríamos seguir enumerando una larga lista de situaciones a tener en cuenta a la hora de llevar adelante una política energética diferente. No es la cantidad de situaciones la que determina una decisión, sino algo mucho más importante: para qué queremos cambiar.
Los ejemplos señalados, son sólo los síntomas que se pueden inventariar a partir de la implementación de las políticas de fondo.
En este punto, es en donde la esperanza de un cambio, comienza a vislumbrar las dificultades que se avecinan.
¿Para qué queremos cambiar los trabajadores?
Fundamentalmente para recuperar los recursos energéticos, renacionalizando las empresas. Y asegurar el derecho universal e igualitario a su disfrute.
{{Controlar las áreas petroleras y gasiferas, volver a integrar las empresas desmembradas; recuperar los puestos de trabajo; mantener la renta en el país para su reinversión; ayudar a la recreación del mercado interno; terminar con la exportación de combustibles que necesitamos para asegurar un autoabastecimiento sostenido en el tiempo y un progresivo cambio hacia fuentes energéticas alternativas. Asegurar una justa distribución del ingreso; recuperar el derecho a la energía y la soberanía perdida en el proceso privatizador.
¿Cuán profunda es la idea de cambio que transmite el gobierno de Kirchner?
La verdad es que ninguno de los funcionarios que asumieron en este gobierno, ha pronunciado la palabra renacionalizar. Es más, en el razonamiento oficial, parece transmitirse que no fracasó el modelo, sino los empresarios. La reprivatización de peajes y la próxima reprivatización del correo parecen corroborar esta apreciación.
La recuperación de la renta energética, no aparece a primera vista como un objetivo prioritario. La discusión política con Aguas Argentinas, por ejemplo, sólo habla de comprometer a la empresa a realizar inversiones, no de radicar ganancias. Por otro lado, la visita del Rey de España a la Argentina, no dio lugar ni a una discusión sobre control en la extracción, fijación de costos locales, eliminación de la libre disponibilidad de crudos o reducción de la exportación de renta.
¿El sostenimiento de las tarifas dan un marco de imposición de parte del gobierno? Esto es relativo. Puede argumentarse que las empresas intentaron varias veces concretar un aumento de tarifas que no prosperó. Pero también se puede decir que las tarifas siguen siendo altas, a partir de la utilización de valores de referencia internacionales que benefician a los combustibles fósiles ( gas y petróleo) y a las tarifas eléctricas, que tienen a estos como costos.
Una decisión encaminada a dar señales de cambio, sería por ejemplo, incorporar a Salto Grande y Yaciretá, como actores con igualdad de derecho en el mercado eléctrico mayorista.
En cuanto a los sistemas de control, el gobierno ha lanzado la idea de un super ente controlador, con presencia de organizaciones de usuarios y los partidos políticos. El rechazo inicial de los primeros parece llevar al fracaso a esta idea, que además no nos contempla a los trabajadores.
{{La aprobación de una iniciativa sobre tarifa social, podría inducir un cambio en la cuestión relativa al derecho a disfrutar de los servicios básicos. Pero si se tratara de un subsidio y no de una reducción de las ganancias de las empresas, el Estado estaría asegurando la reducción del riesgo empresario.}}
En cuanto a las inversiones en el sector de transmisión eléctrica. La decisión del Estado de aprobar el gasto para el Plan Federal de Energía, no hace otra cosa que salvar la falta de inversión, de un sector que continúa desarrollándose a pura ganancia. Como este plan comprende el interconectado de Santa Cruz, nos preguntamos qué pasó con el recaudado por el impuesto que todo el país paga en la tarifa eléctrica, justamente para eso.
Resulta evidente que la idea de cambio que transmite el gobierno, está alejada de las pretensiones que los trabajadores discutido y elaborado en nuestros congresos y plenarios.
¿Cómo mantener, entonces, la esperanza de un cambio importante en la política energética del país?
Manteniendo la confianza en nuestras organizaciones y en la capacidad de desarrollo de la construcción política que nos anima.
Los que imaginamos los cambios, somos los que podemos producirlos.
Debemos tener en cuenta que, aún entre los trabajadores, tenemos diferencias y perspectivas distintas de la realidad; reafirmar la confianza en nuestras construcciones, significa trabajar para desarrollar las propuestas, no romper porque no se hace lo que nos gustaría. Es momento de unirse, de crecer aún en las diferencias; no será un gobierno el que transforme al modelo, será la acción conjunta de la clase, en la búsqueda de su propia síntesis.
