Por falta de campañas de promoción e información y por la incertidumbre que genera la falta de trabajo hoy, ningún joven se pregunta “qué pasará en el futuro”. “Estoy en negro, así que nunca me voy a jubilar”, asegura Pablo que trabaja en una verdulería. “No me puse a pensar en la jubilación, pero de todas formas, acá siempre te cagan”, cuenta Valeria, que se administra y hace sus aportes a una AFJP aunque nunca dio el consentimiento.
Lo cierto es que en un país donde se desestructuró a la clase trabajadora, donde miles de jóvenes fueron obligados a trabajar 12 o 14 horas por 300 pesos por mes, donde la mitad del país vive por debajo de la línea de pobreza y el 20 por ciento está sumergido en la indigencia, el futuro está muy lejos. Hablar de jubilación es anecdótico. Sin embargo, informarse es ser cada día más concientes de nuestra realidad. Acá van algunos apuntes y opiniones para entender un poco más.
{{{El silencio otorga}}}
Laura, de 25 años, es monotributista y nunca se puso a pensar en la jubilación hasta que se dio de alta y empezó a pagar su contribución y aportes. Nadie le informó en AFIP que tenía noventa días para optar por el sistema de reparto, que es el sistema público del Estado, o pasaría directamente al régimen de capitalización instaurado por la ley 24.241, impulsada por el ex ministro de economía Domingo Cavallo. Esta ley, en su artículo 30, establece que si uno no opta por el régimen de reparto, va al sistema privado. Es paradójico que una ley argentina privilegie los intereses privados, una situación cotidiana de la década de los 90. Esta misma ley, también establecía que el que estuviera ya aportando en el sistema de reparto, debía ratificar su opción, de no ser así, pasaría directamente a una AFJP.
Las campañas para promocionar el régimen del Estado estuvieron ausentes. En cambio, la TV se inundó de ancianos vitales que promocionaban a las AFJP.
Mariano, de 31 años, estaba más informado pero de todas formas, pasó al sistema privado aunque no lo deseara. En 1994 se dio de alta como empleado. En aquel momento sólo tenía un mes para optar por el régimen de Reparto. Intentó hacerlo pero le fijaron una cita pasados los treinta días. Protestó porque no quería que sus aportes fueran a un banco privado, pero los trámites para pasar al Estado eran tantos que desistió. Hoy trabaja en negro y lo único que sabe es que los años trabajados en blanco están en una caja de ahorro de una AFJP.
{{{¿Qué es una AFJP?}}}
Es un sistema donde un banco privado es dueño también de una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Estas aseguradoras manejan los ahorros de 9,3 millones de trabajadores aunque sólo aportan 3,1 de ellos.
La AFJP tiene la libertad de invertir los ahorros en títulos, en bonos públicos y en la Bolsa.
Además, descuenta el 3 por ciento en gastos administrativos mensuales. De esta manera, una AFJP toma cada año el 36 por ciento de tus aportes. Entre julio de 1995 y julio del 2001, antes de la devaluación, los dueños de las AFJP, obtuvieron en promedio, resultados operativos de 323 millones de dólares por año. Este monto se deduce de las “comisiones como gastos administrativos”, cobradas a los afiliados, menos los “costos de gestión”.
“La capitalización ha sido un verso. Es un ahorro que está bien en la medida que sea voluntario y uno elija las condiciones en las que ahorra, cómo ahorra y a quién le confía depositar sus ahorros. Lo que no puede ser es que la capitalización sea un sistema obligatorio, regulado en el marco de la ley de jubilación que va en detrimento del sistema estatal. En todos los países desarrollados, la jubilación está garantizada por el Estado y no depende de la Bolsa de Tokio, por ejemplo. Algunos tienen sistema de capitalización, pero es optativo para quien quiera asegurarse otra jubilación”, explica Rubén Garrido, delegado de ATE, en la ANSES.
En total, existen 12 AFJP, trabajando en el país, de las cuales 11 están asociadas a holdings extranjeros y sólo la banca cooperativa, que está asociada con el Banco Credicoop, es nacional.
Ejecutivos de la AFJP Siembra (la administradora del Citibank) están siendo investigados por defraudación a sus afiliados y la AFJP Orígenes (controladas por los bancos Santander, Río y Provincia) fue denunciada por la Superintendencia de AFJP también por presunta estafa en perjuicio de sus afiliados.
{{{Arrugas de resistencia}}}
La reforma previsional menemista de 1993 es anticonstitucional ya que va en detrimento del derecho garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución nacional: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles”.
La intención de Cavallo era instaurar un régimen único y privado de seguridad social repitiendo la experiencia de Chile. Los jubilados nucleados en la CTA y otras organizaciones frenaron la intención del ex ministro de Economía y del FMI de eliminar el sistema estatal de seguridad social. Presentaron el millón de firmas contra la reforma previsional y terminó sancionándose una ley que establecía un sistema mixto. “Estuvimos en la calle durante dos meses de intenso calor, juntando un millón de firmas que fueron presentados el 10 de marzo de 1993. Venimos reclamando hace 12 años un verdadero sistema de jubilación: solidario e integral”, afirma Elías Moure, de la Federación de Trabajadores Jubilados de la CTA. Moure es protagonista, junto a cientos de abuelos, de las marchas de los miércoles exigiendo un haber mínimo de 450 pesos. “Esta sigue siendo una demanda. No podemos delegar para que decidan otros por nuestros derechos. Somos los trabajadores jubilados los que reclamamos por los beneficios para los trabajadores activos. Todos deberían acompañar nuestro reclamo porque son ellos los que en un futuro no se podrán jubilar”, agregó Moure.
El traspaso del sistema de reparto al sistema de capitalización generó un vacío de recaudación, consecuencias que perjudican a los actuales jubilados.
Los 3,5 millones de trabajadores aportaron, a las AFJP, 29.400 millones de dólares a agosto del 2004. De esta cifra, 9.200 millones de dólares se adjudicaron como gastos operativos y seguros.
Sin los seguros, se calcula que unos 5,6 millones de dólares son los que las AFJP ganaron como gastos administrativos. Entonces, de los 29.400 millones, los trabajadores tienen 16.200 millones. Hubo una pérdida del 45 por ciento de los aportes. De estos 16.200 millones, el 70 por ciento está en bonos de deuda pública como inversión.
“El sistema previsional hace agua y el gobierno, con el acuerdo realizado en octubre, salva a las AFJP”, remarca Elías Moure. Hablamos de 29.400 millones de dólares que podrían estar en el Estado, que mantendrían el sistema de reparto ya que este sistema tampoco funciona porque hay pocos aportantes”.
El Estado ha perdido aproximadamente unos 3.900 millones de dólares anuales en promedio en el período 1994-2001, que son los aportes de los trabajadores activos que antes financiaba el régimen público y que fueron captados por las administradoras privadas. El Estado, es decir, el régimen previsional, dejó de recaudar a valores del 2001, desde 1994 en adelante, por falta de ingresos de aportes y contribuciones, 75.353 millones de pesos.
{{{Jubilación para todos}}}
Los requisitos para jubilarse hoy son que el hombre alcance los 65 años, que la mujer cumpla los 60 y que “acrediten 30 años de servicio con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad”. El desempleo y la pobreza inundan el país y los excluidos alcanzan dimensiones impensadas. En este marco, legisladores nacionales junto a organizaciones como la Federación de Trabajadores Jubilados de la CTA y otras organizaciones de jubilados, vienen trabajando en un proyecto de ley ya presentado en Diputados para crear la Jubilación Ordinaria Universal e incrementar el haber mínimo sobre la base de disolver el régimen privado de fondos de pensión y restituir las contribuciones patronales a los niveles vigentes en 1993.
De implementarse, esta sería otorgada a toda persona física, argentina o naturalizada con más de 10 años de residencia en el país, que cuente con 65 años de edad y no cumpliera los requisitos necesarios para acceder a los beneficios previstos en la Ley 24.241, cualquiera fuera la causa del incumplimiento. Hoy son casi 1.500.000 los trabajadores en edad de jubilarse que no pueden acceder a este derecho.
Varios proyectos dan vuelta en Diputados. Incluso, uno tiene media sanción para derogar el artículo que establece la afiliación directa al régimen de capitalización ante el silencio del nuevo aportante. Mientras no se aprueben, los jóvenes deben {{informarse para cuidar sus ahorros: tienen 90 días para optar.}}
