{{Por Félix Herrero}}
Mientras discutimos la naturaleza de la crisis energética que nos acompaña desde las privatizaciones, en el Gobierno se toman medidas que vuelven a reiterar el neoliberalismo.
Como ejemplo, mientras sectores del Congreso Nacional lograron que se sancione una ley del gas licuado de petróleo que reconociera a los usuarios la propiedad de sus garrafas, el Poder Ejecutivo, siguiendo la posición de las petroleras contraria a las cooperativas y a los usuarios, en vez de promulgarla íntegramente la vetó en forma parcial para regalar a las distribuidoras esa propiedad.
El mismo Poder Ejecutivo, que convoca por medio de discursos (no con medidas que se concreten en resoluciones, decretos o leyes) a no comprar combustibles a determinadas compañías, sigue permitiendo que las petroleras se apoderen de las garrafas, facilitando aún más la acción monopólica que conlleva esa propiedad.
{{{¿QUÉ CRISIS SUFRIMOS?}}}
Un país que manifiesta regularmente apagones de luz y cortes de gas, como ocurrió durante los meses de abril a junio del año pasado (y todo hace prever que este año ocurrirá lo mismo), cuya provisión depende de la temperatura (ni muy fría en invierno ni muy calurosa en verano), y que se ha convertido en pluviodependiente , para que sus hidrocentrales puedan operar, no sufre una mera crisis coyuntural sino que enfrenta algo mucho más que una crisis de estructura: se trata de la crisis del modelo.
El modelo privatista de Argentina se caracteriza por la desnacionalización de la propiedad de la infraestructura energética, por la ausencia de gestión social en la producción de bienes energéticos y por la pérdida de la renta energética , principalmente la petrolera. Este modelo es la causa de las «crisis» , que no se reducen a faltantes de inversión en exploración e infraestructura. Es mucho más, porque es el modelo el que permite a las privatizadas que inviertan si les conviene y cuando les conviene, que exporten lo que les convenga, que exploren cuando por intereses globales les venga bien, etcétera.
Ante las nuevas y fuertes manifestaciones de la crisis no aparecen decisiones legales, más allá de las declaraciones, a favor de la sociedad en su conjunto. No hay medidas de recuperación de tipo legal favorables a los usuarios, y cuando se anuncian resultan en algunos casos incompletas y no continúan su avance en las direcciones proclamadas.
{{{SHELL Y ESSO SON CULPABLES, PERO NO LOS ÚNICOS INFRACTORES}}}
Para atacar los aumentos de precios y su presión inflacionaria hay que tomar el proceso económico en su integridad y no detenerse sólo en la consideración del precio final. El caso del petróleo es un ejemplo de la insuficiencia de las decisiones, aunque debe reconocerse la honestidad gubernamental cuando dice que el triunfo coyuntural frente a las multinacionales -británica y estadounidense- se debió a la decisión del pueblo y no a las indicaciones oficiales.
En la cadena de precios de los combustibles el desfase está en el precio de los crudos, ya que en Argentina se permite desde fines de 1989 vender petróleo a las refinerías al precio internacional y no al valor del costo de extracción más un porcentaje normal de utilidad. Nuestro propio crudo resulta para los argentinos como si fuera importado. Esta medida nació con un simple decreto de Menem, que De la Rúa, Duhalde y Kirchner mantuvieron y mantienen celosamente, a pesar de que los decretos se derogan, modifican o reemplazan simplemente con otro decreto. En el negocio de la venta de crudo a refinerías el gobierno sigue dejando que las empresas impongan los precios internacionales (con algunos descuentos pactados). Shell y Esso no participan en estas ventas porque no son compañías extractoras y en Argentina sólo importan o compran crudo, sobre todo a Repsol y a Petrobras. Entonces el gobierno ataca correctamente al sector de la venta final de combustibles por sus aumentos irracionales, pero se «olvida» de hacer lo mismo con las empresas extractoras, un sector donde continúan actuando oligopólicamente las privatizadas que capturaron nuestro subsuelo.
{{{LO QUE HOY NO SE HACE SE SUFRIRÁ EN EL FUTURO}}}
En un documento del MORENO dado a conocer en la primera quincena de abril, en ocasión del tercer aniversario de su fundación, se dice que hay dos políticas y dos modelos energéticos incompatibles, y se afirma que «sólo se requiere que el PEN adopte en la práctica las posturas políticas que sostiene verbalmente , haciendo uso de las normas vigentes en defensa de los consumidores y de los recursos estratégicos de pertenencia común. En el área energética no caben más las posiciones duales ni el doble discurso… … no nos permiten ser optimistas sobre la ruptura de las políticas implementadas por Carlos Menem y continuadas por sus sucesores» .
En esta política energética juzgada como confusa por algunos analistas, debe señalarse que, respecto a los ataques que sufre el sector nuclear argentino por motivos presuntamente ecológicos, falta una posición gubernamental firme que sirva para reiniciar un debate serio sobre esta actividad en nuestro país y para que se aclare a dónde se dirige la política oficial: a cuidar nuestro ambiente o a impedir nuestro desarrollo nuclear pacífico y de la industria en general.
